El sueño de Ramón García González era que sus hijos fueran profesionales. Por eso, hace más de 15 años dejó su estado natal, Oaxaca, rumbo a Ciudad Juárez para buscar suerte en la pujante industria maquiladora de la urbe fronteriza.

El plan parecía marchar bien. El hombre se empeñaba cada día en su trabajo como soldador en una empresa de muebles estadounidense y, aunque, tras separarse de su esposa, llevaba unos años sin vivir con sus hijos, todos los fines de semana se reunía con ellos para asegurarse de que avanzaban por el buen camino.

“Como él no tuvo estudios, quería que fuéramos todos personas con una carrera y su sueño era que pudiéramos estudiar”, explica el segundo de sus tres hijos, Rubén, de 23 años, en conversación telefónica. Pero García no podrá verlos graduarse ni a él ni a la que era la niña de sus ojos, su hija menor, de solo 12 años.

El pasado 30 de abril falleció a los 48 años en Hospital General Regional 66 del IMSS en Ciudad Juárez, donde permaneció una semana ingresado y conectado a un respirador. Su acta de defunción señala tres causas: insuficiencia respiratoria aguda, neumonía viral y covid-19, un diagnóstico que la familia solo conoció después de su muerte.

“A mediados de abril, mi papá me dijo que se sentía mal, que tenía mucha fiebre y que en su empresa lo llevaron a enfermería, le daban pastillas y lo regresaban a trabajar y así él trabajó dos o tres días con los síntomas de la enfermedad hasta que se puso malo y le dieron una incapacidad del seguro”, asegura su hijo Rubén.

La empresa, sin embargo, afirma que el trabajador no presentó síntomas en la fábrica y que solo se enteraron de sus problemas cuando el 16 de abril les mandaron la notificación de su baja por enfermedad. “Nosotros aquí tenemos un protocolo. Hay gente que tiene una gripita y le mandan a casa con una incapacidad. Realmente nosotros lo que queremos ahora es que ellos se protejan. Ellos y nosotros”, zanja Lizbeth Montoya, encargada de recursos humanos de la planta de Winston en Juárez.

Pero la familia García está preparando una demanda contra la compañía porque considera que no lo protegieron y que incumplieron las órdenes del Gobierno de Chihuahua de frenar las actividades no esenciales en medio de la pandemia.

Las autoridades de ese estado fronterizo han reconocido que cerca de una veintena de operarios de las maquiladoras de Ciudad Juárez han perdido la vida hasta ahora por coronavirus, pero organizaciones de defensa de los trabajadores creen que ese número es mucho mayor. Investigaciones periodísticas han revelado dos grandes focos de contagio: uno en una planta de la compañía de repuestos de automóviles estadounidense Lear, donde fallecieron al menos 18 trabajadores, y otro en la fábrica de motores Regal Planta Casa, donde murieron al menos nueve.

Y mientras algunas de esas compañías decidieron cerrar sus operaciones temporalmente a golpe de muertes y protestas de los empleados y otras se vieron obligadas a ello por el parón de actividades de empresas de las que dependían en Estados Unidos, muchas han permanecido activas.

“Las empresas están incurriendo en irresponsabilidad penal al haber violado el decreto de emergencia sanitaria. No les importa nada los que están muriendo”, denuncia enérgicamente la abogada que defiende a trabajadores de maquiladoras Susana Prieto Terrazas. “A la industria estadounidense no le importa, pero tampoco le importa a Electrolux, que es una empresa sueca, ni a Robert Bosch, que es una empresa alemana, ni le importa a Foxconn que son chinos. Ninguna empresa extranjera quiere que su cadena de suministros en el país de origen pare, entonces están priorizando el interés económico a los muertos de Juárez”.

Según el recuento que lleva Terrazas por información de familiares de trabajadores de maquiladoras, hasta principios de mayo eran al menos 70 los fallecidos por covid-19 en las plantas de esa ciudad fronteriza que, a su juicio, son focos de contagio exponencial. “Todos en Juárez necesariamente tenemos un pariente que trabaja en la industria maquiladora”, alega.

El coronavirus está poniendo en un dilema a los operarios de una industria que antes de esta crisis empleaba a unas 300.000 personas solo en Ciudad Juárez y que ha sido un ascensor social para miles de familias. Necesitan ir a trabajar para vivir pero, al hacerlo en medio de una pandemia, ponen en riesgo sus vidas como le sucedió a Ramón García. Ahora, sus hijos esperan a que se levante la emergencia por coronavirus para poder llevar sus cenizas de su padre de vuelta a Oaxaca.

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