La Justicia argentina suspende las excarcelaciones por la covid-19 en la provincia de Buenos Aires
El Gobierno y los magistrados se culpan mutuamente de los arrestos domiciliarios concedidos para evitar contagios masivos en las prisiones
La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ha frenado las excarcelaciones motivadas por la pandemia de covid-19 que generaron un gran malestar social en las últimas semanas. En un fallo emitido este martes, el máximo tribunal provincial ha suspendido provisionalmente el hábeas corpus colectivo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que llevó a los jueces a morigerar las penas de cientos de presos, entre ellos, condenados por crímenes de lesa humanidad, homicidio y violación.
La corte bonaerense decidió aceptar el recurso presentado por la Fiscalía por la “gravedad institucional” del caso, pero no se expidió todavía sobre la concesión de arrestos domiciliarios a presos considerados de riesgo ante el coronavirus por su edad o por presentar patologías previas. Se espera que falle sobre esta cuestión de fondo en los próximos días.
En la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, cerca de 40.000 presos se hacinaban al inicio de la pandemia en prisiones con capacidad para acoger a 24.000 reclusos. Entre el 17 de marzo y el 17 de abril, 599 presos pasaron de la cárcel al arresto domiciliario por el riesgo de contagio de covid-19, según los últimos datos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Otros 1.601 quedaron libres “por cumplimiento de condena, libertad condicional o libertad asistida”. Desde entonces, la cifra de excarcelaciones no había dejado de aumentar.
En línea con las recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que piden tomar medidas contra el hacinamiento carcelario para evitar contagios masivos, el Tribunal de Casación bonaerense ordenó a los jueces que dieran “de forma inmediata” arresto domiciliario a unos 800 presos en riesgo que hubieran cometido delitos leves. Sin embargo, la ley argentina contempla que no debe tenerse en cuenta la gravedad de los delitos, sino las condiciones de los presos (edad, salud, comportamiento en la cárcel) y deja la decisión en manos de cada juez.
En un principio, el Gobierno provincial se mostró a favor de las excarcelaciones, pero se vio forzado a recular ante el escándalo y optó por culpar a la Justicia. “No nos gusta la liberación de presos acusados de delitos graves. No lo promovemos. Si el Poder Judicial cometió errores deberá revertirlos. Confío en que la Corte ordene esta cuestión. Va a resolverlo y va a dar tranquilidad”, dijo este martes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en rueda de prensa. La mayor asociación de magistrados, a su vez, contraatacó al asegurar que el problema es del Ejecutivo, por las deficiencias del sistema carcelario.
La sentencia de este martes reduce parcialmente la tensión tras las duras críticas formuladas por opositores y amplios sectores de la ciudadanía, que protestaron con un cacerolazo desde sus casas el pasado jueves. Aun así, se ha convocado un nuevo cacerolazo para este jueves a través de las redes sociales. Si el anterior repudiaba la liberación de presos, este se enfila ahora como un motivo para protestar contra el Gobierno de Alberto Fernández, alineado con Kicillof, ambos líderes del peronismo. La grieta que divide a la sociedad argentina, achicada durante las primeras semanas de gestión estatal de la pandemia, vuelve a agrandarse.
Casi sin sobrepoblación en las cárceles federales argentinas
La sobrepoblación en las cárceles federales de Argentina es muy inferior a la de las prisiones bonaerenses y ha mermado hasta casi cero por primera vez en una década. Desde la declaración de la emergencia sanitaria en marzo hasta mediados de abril, 688 personas salieron de los penales federales. Casi la mitad de ellos, unos 314, lo hicieron bajo arresto domiciliario, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Esas excarcelaciones, dictadas por la Justicia ante el riesgo de contagio de coronavirus, “y sobre todo el menor ingreso de nuevos detenidos como resultado de la disminución de los delitos y de las detenciones policiales han producido una reducción de la población privada de libertad en las cárceles federales”, señala la Procuración en un informe difundido este martes.
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