El Gobierno apremia a intervenir residencias con un “incremento no esperado” de muertes

El Gobierno conmina a las comunidades autónomas a intervenir las residencias que se vean desbordadas por coronavirus, ante la falta de medios materiales o de personal, que experimenten un “incremento no esperado de fallecimientos” o que tengan problemas para gestionar la conservación y retirada de cadáveres. En una orden publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que las comunidades deberán designar a un funcionario para dirigir los centros que experimenten estos problemas “en un plazo no superior a las 24 horas” desde que las residencias comuniquen la situación. Además, obliga a las autonomías a remitir información específica dos veces por semana sobre el estado de los centros residenciales de servicios sociales, que además de las residencias de mayores también incluye las de personas con discapacidad.

Las residencias son uno de los grandes focos de esta pandemia. El sector lleva semanas clamando ante la falta de pruebas que permitan comprobar si los residentes y a los trabajadores, muchos de baja, están infectados. Este domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que el Gobierno repartirá entre este domingo y el lunes un millón de test rápidos a las comunidades que permitirán realizar una primera criba en hospitales y en centros de mayores, un diagnóstico que después deberá complementarse con las pruebas PCR.

En el BOE de este sábado se especifica que las comunidades deberán priorizar la realización de pruebas diagnósticas a los residentes y al personal, así como la disponibilidad de equipos de protección que impidan la propagación del virus, “al menos” cuando los centros tengan casos confirmados o con síntomas compatibles. Estas son dos de las grandes reivindicaciones de asociaciones profesionales, sindicatos y patronales, que critican que estos medios continúen sin llegar, pese a la gravedad de la situación en estos centros donde vive una población especialmente vulnerable ante el virus, debido a su edad avanzada (la mayoría supera los 80 años) y a que muchos presentan patologías previas.

En el BOE también se incide en que podrá darse uso sanitario a los centros intervenidos, algo que será “especialmente de aplicación” cuando haya casos confirmados. El sector reclama de forma insistente que la sanidad atienda adecuadamente a los residentes que enfermen. Múltiples voces recuerdan que las residencias son centros sociales, no sanitarios, y que no están preparadas para asistir médicamente a los mayores. Por ello, piden que el sistema público de salud atienda a los residentes. El BOE se limita a especificar que, en las residencias intervenidas, los funcionarios que dirijan los centros podrán disponer de “los recursos materiales y humanos” de la propia entidad, así como de los recursos sanitarios que se prestan de forma habitual a los usuarios, “tanto en el propio centro como en el sistema de salud”. Son las comunidades quienes deben decidir cómo reforzar la atención sanitaria.

Por el momento, el Gobierno sigue sin informar del número de fallecidos o afectados por coronavirus en las residencias de ancianos. Hay más de 5.400 en España, con cerca de 381.000 plazas, según datos del Imserso de 2018, los últimos disponibles. El Ministerio de Sanidad remite a las comunidades, competentes en la materia, quienes recaban los datos: cada una a su manera. Algunas de ellas informan solo sobre el número de afectados o fallecidos que dieron positivo en el test. Otras incluyen también a quienes presentaban síntomas compatibles. La cifra real es muy difícil de conocer, debido a la falta generalizada de pruebas de detección, que el sector lleva semanas reclamando. Pero, según una estimación de EL PAÍS con datos hasta el viernes, al menos unas 3.600 personas han muerto en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. La cifra excluye la información de Castilla y León, que no informa específicamente sobre centros de mayores, e incluye una aproximación para Madrid: 2.000 personas, el resultado de restar a los fallecidos de este mes (por cualquier causa) la media mensual de muertes.

Según datos oficiales adelantados por Europa Press, 3.383 ancianos murieron por cualquier causa, no solo coronavirus, en las residencias madrileñas desde el inicio de la crisis y hasta el pasado jueves, cuando la media de fallecimientos en un mes normal es de un millar, según explicó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora, la única información facilitada por la comunidad se remonta al 25 de marzo, cuando la Consejería de Políticas Sociales cifró en 1.065 las personas fallecidas en las residencias desde comienzos de mes por motivo. El día 28, la cifra se había elevado hasta 1.841. El día 31 había escalado hasta 3.055.

El Ejecutivo solicita información a las comunidades

Ante la disparidad de los datos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las comunidades información de las residencias para poder hacer “un seguimiento adecuado”. Sin embargo, en la orden ministerial de este sábado se solicita información detallada sobre centros de servicios sociales, sin señalar de manera específica a las residencias de mayores, por lo que las cifras incluirán también las de centros de personas con discapacidad. Es decir, que es probable que la información recabada permita hacer un diagnóstico de los centros de servicios sociales en su conjunto, no exclusivamente de las residencias de mayores.

En la orden se solicita a las autonomías que, antes del próximo miércoles y a partir de ahí dos veces por semana (martes y viernes), informen al ministerio sobre el número de fallecimientos por Covid-19 confirmados y con síntomas compatibles, así como contagiados confirmados y con síntomas compatibles. En la orden se hace hincapié también en las residencias que hayan sido intervenidas por las comunidades. Se pide información sobre número de centros de los que se ha tomado el control y el motivo por el que se ha tomado esta decisión (ante un incremento inesperado de fallecimientos, ausencia de medios, problemas con la gestión de cadáveres u otras razones análogas), sobre el número de residentes afectados o fallecidos y sobre el número de trabajadores en activo.

El pasado 23 de marzo, el Gobierno dispuso que todas las residencias debían informar en caso de que estuvieran desbordadas o no pudieran cumplir los protocolos y facultó a las comunidades a intervenir los centros que se vieran saturados, lo cual quiere decir que el Ejecutivo regional toma el control sanitario del mismo. En la orden publicada este sábado se especifica que en esos casos se podrá decidir sobre el “alta, la baja, reubicación y traslado” de los residentes a otros centros, independientemente de que sean públicos o privados, cuando existan problemas para cumplir los protocolos de aislamiento (en cuatro grupos: contagiados, con síntomas compatibles, sin síntomas pero con contacto estrecho con alguno de ellos, y libres de sospecha). También se señala que se podrán crear nuevos centros o modificar la capacidad de los que ya existen, y que en las residencias en que haya casos confirmados, con síntomas compatibles o con contacto estrecho con estos grupos se deberá designar a un empleado público para que dirija las residencias. Especialmente “cuando se produzca un incremento no esperado de los fallecimientos durante la epidemia” o se vean desbordadas por falta de recursos materiales y humanos.

Este es uno de los problemas que el sector lleva semanas denunciando: muchos trabajadores se encuentran de baja, en cuarentena, y existen serias dificultades para contratar personal. Por ello, el Gobierno reguló que se pueda emplear a trabajadores que no tengan aún el título, pero acrediten experiencia en cuidados. En la orden ministerial de este sábado se matiza además una disposición anterior en la que se llamaba a los liberados sindicales de servicios sociales a reincorporarse a su puesto de trabajo (sin que ello implique despedir a quien haya sido contratado como sustituto). Ahora se especifica que solo se movilizará a estos trabajadores si solicitan voluntariamente su reincorporación. También se establece que el Imserso puede poner a disposición de las comunidades las instalaciones y el personal de sus centros que estén disponibles, por no estar prestando ahora mismo servicios.

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