El fallo en un primer lote de test rápidos retrasa los análisis masivos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que el Gobierno ha devuelto a su fabricante, la empresa china Bioeasy, el primer lote de test rápidos que compró para ampliar las pruebas de coronavirus a todo el personal sanitario y a los mayores que viven en residencias. Sanidad reconoció que los primeros 9.000 test son defectuosos, como publicó el miércoles en exclusiva EL PAÍS, porque tienen una sensibilidad muy baja que no permite detectar si una persona está contagiada. La compra fallida retrasa por tanto el uso masivo de estos test, que el Gobierno pretendía empezar a utilizar durante esta semana siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide detectar a la mayor cantidad posible de infectados para aislarlos y detener las cadenas de transmisión.

La baja calidad del material chino ha decepcionado a los responsables de los laboratorios de microbiología de los hospitales, que van a tener que seguir usando la prueba tradicional, una técnica molecular llamada PCR que requiere personal y equipamiento especializados y unas cuatro horas para dar el resultado. Los test rápidos, en cambio, funcionan como una prueba de embarazo que indica si la muestra es positiva, negativa o inválida en unos 15 minutos. Los de Bioeasy, según ha reconocido el Instituto de Salud Carlos III, tienen una sensibilidad del 30%, cuando debería superar el 80%. No son fiables porque dan como negativos a muchos pacientes que son positivos por PCR. Es lo que ocurrió en los cuatro hospitales madrileños que probaron los test enviados por el Gobierno.

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El Ministerio de Sanidad aseguró el jueves que no compró el material directamente en China, sino a través de un distribuidor español que no quiso identificar. Respondía así a la Embajada de China en España, que en su cuenta oficial de Twitter había publicado que la empresa Bioeasy carece de licencia para vender sus productos y que no está dentro de la “lista de recomendaciones de proveedores clasificados” que el Ministerio de Comercio ofreció al Gobierno español. Sanidad asegura que sí hizo comprobaciones sobre la fiabilidad del proveedor nacional y distribuyó a la prensa dos documentos de importación de productos. Horas más tarde, envió también una carta de Bioeasy en la que la compañía china asegura que cumple todos los requisitos para exportar a Europa. La empresa añade que es importante respetar el protocolo de uso de los kits y afirma que volverá a enviar el material “para asegurar la sensibilidad y especificidad y ayudar a España a luchar contra la Covid-19”.

El líder del PP, Pablo Casado, se sumó a la polémica desde su cuenta de Twitter: “Sánchez debe explicar por qué el Gobierno no ha validado los test que ha comprado y que no funcionan, y si se han adquirido a una empresa sin licencia, como dice China. Si es cierto, estamos ante una auténtica irresponsabilidad que debe tener consecuencias”, señaló.

El Ministerio de Sanidad anunció el domingo pasado la adquisición de “640.000 test rápidos procedentes de China a los que se sumarán otros seis millones importados de países europeos”. Añadía que ese mismo día se habían distribuido “los primeros 8.000” test (que en realidad eran 9.000, según señaló el jueves el coordinador de Emergencias, Fernando Simón) en la Comunidad de Madrid. Con estos se hicieron las pruebas en los hospitales, cuyos resultados quedaron plasmados en un documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), que recomienda no usar los test chinos por su baja sensibilidad, la cual causa de que no detecten como positivo a un enfermo

Fernando Simón, y posteriormente otros responsables del Ministerio de Sanidad, insistieron en que el producto está homologado por la UE. El coordinador de Emergencias no ocultó su decepción en la rueda de prensa diaria. Dijo que estos test rápidos “son una esperanza importante”, porque permiten hacer muchas pruebas y liberar de carga de trabajo a los laboratorios de microbiología de los hospitales que hacen actualmente los test PCR y que, al límite de su capacidad, están analizando entre 15.000 y 20.000 muestras al día.

Simón dio algunos detalles sobre la compra de los test rápidos. Dijo que Sanidad se había puesto en contacto con varios proveedores y tenía varias vías de abastecimiento, pero que esta empresa era la primera que había podido enviar material. “Las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE”, añadió. También explicó que Sanidad, que no quiso desvelar el nombre del proveedor, tiene otros, tanto de test de antígeno (el que ha resultado defectuoso) como serológicos, que se emplean para conocer quién ha estado expuesto al virus y resultan de gran interés desde el punto de vista epidemiológico para una fase posterior de la crisis.

Un experto en logística explicó que, por los datos conocidos el jueves, quizá el Gobierno recurrió para la compra de test (muy difíciles de conseguir actualmente en los canales habituales de distribución) a un intermediario no especializado, lo que explicaría los problemas con el lote enviado. Sanidad no quiso desvelar el nombre de ese proveedor.

El coordinador de emergencias también señaló durante su comparecencia que, ante la dificultad de importar estos test, “se está trabajando intensamente con empresas de biotecnología españolas para que se puedan producir en España en breve tiempo”.

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