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La presión para endurecer el confinamiento crece

La petición causa polémica: algunos epidemiólogos temen el impacto económico y acusan la falta de evidencia científica

Una carnicera trabaja en el mercado de la Boqueria de Barcelona.
Una carnicera trabaja en el mercado de la Boqueria de Barcelona.Albert Garcia (EL PAÍS)
Jessica Mouzo

Las voces que llaman a endurecer el confinamiento de los ciudadanos para frenar el coronavirus crecen cada día. A la propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de confinar Cataluña se han unido otras autonomías como Murcia, que aprobó unilateralmente el cierre total de todas las actividades económicas no esenciales en la comunidad. También Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana abogan por restringir más la movilidad, aunque cada una con sus matices. El Gobierno desautorizó al Ejecutivo murciano, pero siguen alzando la voz grupos de expertos que reclaman una cuarentena total para “frenar la curva”. El consenso, sin embargo, no es, ni mucho menos, total en la comunidad científica. Algunos epidemiólogos temen el impacto económico de ese endurecimiento y acusan la falta de evidencia científica sobre el beneficio añadido. Los defensores de la medida tampoco aclaran cuales son, exactamente, las actividades “no esenciales” que podrían parar si se endurece la cuarentena.

El decreto del estado de alarma ha limitado la libre circulación de vehículos y las actividades educativas, comerciales y de restauración, entre otras medidas. Con esta norma, el tráfico en las principales vías se ha reducido un 80% y la ocupación de trenes de larga distancia es del 5%. Sin embargo, algunos expertos reclaman medidas más duras. Por ejemplo, 70 científicos han firmado un manifiesto en el que advierten de que el sistema sanitario colapsará el 25 de marzo y piden el “bloqueo o confinamiento total, que impide que la población vaya a trabajar” en varias comunidades autónomas. Reclaman que se limite el trabajo solo a servicios de primera necesidad, pero no concretan cuáles son y si en ellos se incluyen sectores estratégicos como la industria química o energética.

“Yo quería saber qué piden exactamente cuando hablan de confinamiento total. ¿La paralización absoluta del país? Porque eso es una locura. No hay ninguna evidencia, ningún dato, que nos diga que si aumentamos el aislamiento, disminuimos el contagio. Muchas de las medidas que ha tomado Italia en el nuevo decreto ya se estaban aplicando en España”, advierte Francisco Bolúmar, catedrático de Epidemiología en la Universidad de Alcalá. La propuesta de confinamiento total ha generado una fuerte controversia entre la comunidad científica. Principalmente, por la complejidad de la medida, poco viable y con elevados costes económicos, según otros expertos consultados ajenos al manifiesto. “El grado de confinamiento es muy extremo y ya va a tener un efecto grave a nivel social y económico. Yo me preocuparía más por reforzar la capacidad del sistema sanitario y garantizar la no transmisión del virus en puntos frágiles, como las residencias y los centros sanitarios”, valora el epidemiólogo Joan Ramon Villalbí. La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val, que había suscrito el documento de los 70 expertos, ha retirado su firma, entre otras cosas, porque las predicciones no le parecían “realistas”. Preguntada por este diario, la científica ha optado por no valorar la medida del confinamiento casi total.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En vídeo, Calviño defiende mantener las industrias activas.Foto: EFE

La presión sobre el Gobierno para un cierre total se acentúa. Aunque no existe el confinamiento completo porque hay que dejar activos sectores imprescindibles para atender la emergencia, la oposición aprieta. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió este lunes, no obstante, mantener las industrias activas y apeló a que los actores sociales también apuesten por proteger a los trabajadores, pero salvaguardando el empleo. “Para ellos es clave evitar el cierre de empresas que después suponga un lastre para recuperar la actividad cuando se resuelva la emergencia”, dijo la vicepresidenta. El responsable del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también matizó en sus comparecencias que España no es Wuhan, un territorio que cuando hizo su cierre tenía el apoyo del resto de China para atender sus necesidades.

En la práctica, el confinamiento total de la población es casi imposible. De hecho, el Govern catalán, que propone las restricciones más duras, hace decenas de excepciones. En la resolución del Ejecutivo, sin efecto porque depende del beneplácito del Gobierno central para poder aplicarse, prohíbe la circulación en vehículo o a pie. Pero exime de esta prohibición el traslado a comprar productos de primera necesidad y los desplazamientos para trabajar en sectores tan dispares como los servicios sociales y de dependencia, de seguridad, sanitarios y de emergencias, servicios penitenciarios, funerarios, la radio y la televisión pública, la electricidad, el agua potable, gestión de residuos y agua potable, gas y combustibles, servicios de la industria química necesarios para garantizar su seguridad y suministro de farmacias y ópticas, entre otros.

En cualquier caso, las voces favorables al endurecimiento de la cuarentena siguen alzándose. Aunque no habla de confinamiento total explícitamente, la Organización Médica Colegial, también alentó en un comunicado a “aumentar las medidas de aislamiento comunitario”. Un grupo de sanitarios del Instituto Catalán de la Salud ha lanzado una campaña de concienciación para reclamar directrices más estrictas. “La gente no se lo está tomando en serio y estamos preocupados. Somos partidarios de endurecer las medidas y que la ciudadanía se conciencie de que esto es grave. El confinamiento funciona parcialmente, pero para doblar la curva necesitamos más medidas. Queremos que solo se mantengan los servicios esenciales”, dice el oncólogo e impulsor de la campaña, César Serrano. También Serrano limita la actividad a la industria de la alimentación y sanitarios.

Los detractores de restringir aún más el confinamiento exponen sus dudas sobre el gran beneficio de la medida cuando el confinamiento actual ya se está cumpliendo bastante. “Los modelos del Imperial College of London, que se están teniendo en cuenta, señalan que, a la que levantes el confinamiento, la epidemia vuelve. Hasta que tengas una vacuna, que será en un año y medio, esto no se va a parar. ¿Vamos a estar un año y medio confinados?”, cuestiona Villalbí. El elevado impacto económico de esta propuesta también inquieta a los expertos. “Estamos en una cadena con limitaciones marcadas por la Unión Europea. No veo viable apretar más la cuerda”, agrega el epidemiólogo. Coincide Balúmar, que también es catedrático afiliado a la City University of New York: “En términos de salud, la pérdida económica también sería muy alta, porque hay más cosas aparte del coronavirus y la paralización de la actividad tiene unos costes que también afectan a la salud”. El experto y su equipo han empezado a analizar si se reduce la movilidad en Italia a partir del nuevo decreto —que contempla más restricciones— y señala que, para que se detectase un efecto en la reducción de casos de coronavirus, tendrían que pasar, al menos, 10 días. El efecto no sería inmediato.

El peso económico, no obstante, no es capital en la toma de esta decisión, según los economistas consultados. “El impacto económico no lo empeoraremos por esto. Nadie dice que tenga que parar el sector químico o logístico. Los dos sectores que generan más movimientos son la construcción y los servicios bancarios”, apunta el economista Guillem López-Casasnovas. El experto aboga por parar la actividad laboral en estos sectores y apostilla: “Tú puedes flexibilizar las medidas si tu población es disciplinada por decreto ley, como en Francia. No es el caso de España”. Coincide David Elvira, economista experto en gestión sanitaria. “Como gestor público, no puedo relajar el confinamiento en virtud del impacto económico. A problemas económicos, medidas económicas. Se tendrán que relajar las directrices europeas de contención del gasto”.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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