La octava ley educativa nace también sin consenso

La educación será de nuevo esta legislatura un arma arrojadiza. Será la octava ocasión en que no se consigue alcanzar un pacto educativo entre las diferentes fuerzas políticas para el diseño de una nueva ley. Unas horas después de que el Gobierno aprobase este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la nueva norma educativa (la Lomloe o ley Celaá), el principal partido de la oposición —el PP, con 88 diputados en el Congreso— ya declaraba la guerra. Su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció que su partido presentará una enmienda a la totalidad. Pedirán la devolución de la norma por disconformidad con sus principios y espíritu, y presentarán un texto alternativo. Ciudadanos (con solo 10 diputados) hará lo mismo. Vox (segunda fuerza de la oposición con 52 escaños) no quiso aclarar su postura respecto a la nueva ley.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde por segunda vez al texto que ya aprobó en la pasada legislatura y que quedó interrumpido por el adelanto electoral. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición, con Unidas Podemos. Quiere evitar así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, y de esta manera acelerar su tramitación en el Congreso, prevista para las próximas semanas. Cualquier cambio que se quiera introducir se hará a través de enmiendas en el Parlamento o en el Senado.

“Perpetúa el fracaso escolar, socava los elementos comunes en la enseñanza en toda España y limita la libertad de elección (de las familias)”, apuntó Álvarez de Toledo, que criticó que la norma no contempla ninguna evaluación pública de carácter estatal. “Queremos saber en todo momento cómo van nuestros hijos”, añadió la dirigente del PP. La nueva norma suprimirá las llamadas reválidas de la Lomce (ley educativa en vigor aprobada por el PP en 2013), unas pruebas que se diseñaron para que todos los alumnos se examinasen al final de la ESO y del Bachillerato para poder hacerse con el título. Las duras críticas de la comunidad educativa a esos test provocaron que el propio PP rectificase y las suspendiera. Ahora saldrán definitivamente del texto normativo.

Al contrario de lo que demanda el PP, el PSOE quiere flexibilizar la rigidez del sistema educativo para reducir las tasas de repetición. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para ello, la nueva ley eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos de Primaria y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto). Además, permitirá que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente lo considera pertinente. En Bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa.

Otro de los puntos de desencuentro es el papel que debe ocupar la enseñanza concertada. Para la ministra Celaá, la red pública no puede ser en ningún caso la subsidiaria de la concertada. La nueva Lomloe establece la obligación por parte de las autonomías de velar para “evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza” y contempla que se establecerán las medidas oportunas “cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo”. En algunas autonomías, como Cataluña, los centros concertados cobran cuotas irregulares a las familias de hasta 800 euros al mes —al ser centros subvencionados, no está permitido el cobro de cuotas—. La actual Lomce ya dispone que las autonomías deben asegurar una “equilibrada distribución del alumnado con necesidades de apoyo educativo” entre los centros públicos y los concertados (un 2,6% del total de los alumnos son de integración y un 2,1%, respectivamente), pero no hace ninguna mención a la situación socioeconómica de los estudiantes. En el curso 2017-2018, en España hubo 8,1 millones de alumnos desde infantil a bachillerato. De ellos, el 67,3% estuvo matriculado en la pública; el 25,9 % en la concertada y el 6,9% en la privada.

A este respecto, la Lomloe suprime la llamada “demanda social” de la Lomce, que ampara a las autonomías a planificar las plazas escolares en función de la demanda de las familias. Con la nueva ley, primarán los criterios de equidad entre ambas redes. “La ley busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta en la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos; nadie puede quedar atrás”, dijo Celaá.

Por su parte, la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, acusó a Celaá de plantear una ley “rodillo”. “La han registrado sin tratar de generar un consenso; no se ha producido ningún debate”, afirmó la diputada, que conminó al Gobierno a abrir una nueva subcomisión de Educación en el Congreso para alcanzar un nuevo Pacto por la Educación. “La nueva norma combate el abandono escolar por la vía fácil, con una bajada generalizada de los estándares”, apuntó.

Estos puntos fueron rebatidos por María Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el parlamento, quien apuntó que el equipo de la Ministra no solo analizó más de 43.000 correos electrónicos de miembros de la comunidad educativa, sino que compareció dos veces en el Congreso para explicar a los partidos su proyecto y que mantuvo varias reuniones con PP Y Ciudadanos. “Una enmienda a la totalidad no es una aportación constructiva; ellos se centran únicamente en cuestiones ideológicas”, añadió la socialista.