“El Gobierno creyó que la demanda era una broma pero pesó el derecho a la vida”
La directora de Urgenda, la ONG que ha logrado que el Gobierno holandés deba recortar emisiones, cree que su caso "ha inspirado" para luchar contra el cambio climático
La holandesa Marjan Minnesma, de 53 años, dirige Urgenda, la ONG medioambiental que el pasado viernes logró que el Tribunal Supremo de su país obligara al Gobierno a reducir, para 2020, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 25% respecto a las de 1990. Ha estudiado Derecho, Filosofía y Administración de Empresas, y ha trabajado en Greenpeace, para el Ejecutivo y en la Universidad Erasmus, de Róterdam. Cuando vio que el clima predominaba en los trabajos firmados por los estudiantes, pero se amontonaban sin mayor salida en su despacho, pasó a la acción. En 2007 estableció Urgent Agenda, o lo que es igual, Urgenda, una fundación centrada en la transición hacia una sociedad sostenible por medio de energías renovables. Su mensaje es similar al de otras organizaciones ecologistas, pero han sido los primeros en asociar los peligros de la contaminación a la vulneración de los derechos humanos. Urgenda ha hecho historia y ella, satisfecha y abrumada por igual, lo atribuye a algo tan simple como esto: “Queremos cambiar el mundo, no dar consejos sobre cómo hacerlo”.
Pregunta. ¿El Gobierno holandés reducirá el CO2 exigido?
Respuesta. Hoy [por el viernes] en plena vorágine de la sentencia, he recibido un mensaje de un alto cargo del Ministerio de Economía y Clima diciendo que debemos sentarnos para hablar pronto. También me han felicitado, no crea. Hemos reunido a casi 800 organizaciones dispuestas a contribuir en la transición necesaria. Hay de todo, desde empresas consolidadas a grupos anónimos, y nuestro plan sostenible de 50 puntos para reducir el CO2 incluye cosas tan sencillas como abstenerse de comer carne una vez por semana, o bien acelerar la instalación de lámparas LED en empresas e invernaderos por su ahorro energético. Hay otras de mayor envergadura, como conseguir que haya 100.000 casas de alquiler con niveles casi neutros de energía. El paquete completo está a disposición del Ejecutivo.
P. ¿Urgenda soportará la presión de haberse convertido en la ONG que venció al Gobierno?
R. Es posible que se nos recuerde a partir de ahora por haber ganado en los tribunales, pero no es algo que pensáramos hacer. Hemos apelado a los derechos humanos, desprotegidos cuando un Gobierno no hace lo bastante para combatir la contaminación. Ahora hay un mandato legal claro y un meta, el año 2020, para cumplir con la obligación de proteger la vida del ciudadano. No creo que el Ejecutivo pueda saltársela sin sufrir las consecuencias. La gente quiere soluciones, y nuestro caso ha inspirado a otros grupos en diversos países [solo en Europa, hay demandas similares con diverso grado de éxito en Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Suiza e Italia, y otras parecidos en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Corea del Sur, según Dennis van Berkel, asesor legal de Urgenda]. Me gustaría que quedara claro que, entre todos, podemos lograr la reducción de CO2.
P. ¿Por qué se presentan como una ONG diferente al resto?
R. Le pondré un ejemplo. Cuando nadie en Holanda hablaba de paneles solares de forma regular, fuimos a China, compramos 50.000 piezas, las trajimos en barco y los compradores, que habían avanzado una parte del coste, las instalaron luego en sus hogares. Fue en 2010, y a partir de entonces todo el mundo, incluido el Ejecutivo, se puso a promocionar esta forma de energía. En mi país, si restas a la extrema derecha con su tradicional negacionismo climático, por los menos el 80% de la gente está preocupada por el clima, y nosotros buscamos soluciones plurales derivadas de planes que puedan ser aplicados por ciudadanos, empresas, instituciones públicas y privadas, y el Gobierno, desde luego.
P. ¿Pensó que la demanda contra el Ejecutivo tendría este recorrido?
R. La duda era cómo abordarían los jueces algo así. El Ministerio de Economía y Clima pensó que era una especie de broma, y creímos que tal vez acabaría en una recomendación o algo parecido. Al ganar en primera instancia, el Gobierno dijo que era un asunto político, pero perdió de nuevo en apelación. Pesó más el derecho al futuro y a la vida. Ante el Supremo, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se habían pronunciado a favor de nuestra demanda. Así que teníamos un 80% asegurado. Pero el 20% restante era una incógnita, y ya ve. Nos han dado la razón.
