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Casas de apuestas, no va más

Las comunidades cercan los locales de juego para frenar la ludopatía. Los exadictos juzgan las nuevas normas insuficientes

Un salón de juegos y casa de apuestas en Sevilla.
Un salón de juegos y casa de apuestas en Sevilla. EL PAIS

El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer un proyecto para limitar la apertura de nuevas casas de apuestas deportivas en la ciudad. Es el primer consistorio que lo hace en España, donde la regulación de estos locales corresponde a las comunidades autónomas. La iniciativa busca, según reconoció el Ayuntamiento, “sacudir” a los Gobiernos central y autonómico y alertar sobre los riesgos del juego para la salud, una adicción que atrapa a gente cada vez más joven.

Marcos —nombre ficticio— vive en Málaga, tiene 22 años y es ludópata. Apostó por primera vez con 15 a través de Internet. Luego empezó a entrar en las casas de apuestas. “Al principio solo a mirar”, cuenta su madre María. “Veía a los jugadores como gente rara, luego se percató de que los demás lo observaban con la misma mirada: había pasado al otro lado”. María y su hijo, que lleva nueve meses en terapia, asistieron con sorpresa el día 9 a la negativa –gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox—, a considerar una proposición de Ley —impulsada por el PSOE y apoyada por Adelante Andalucía—, para prevenir el juego patológico.

La propuesta del PSOE andaluz no difiere de las iniciativas legislativas que sí han puesto en marcha, o que están preparando, otras comunidades autónomas que buscan, en el ámbito de sus competencias, endurecer la regulación para atajar el peligro que la proliferación de las casas de apuestas –la mayoría en barrios obreros y marginales de las ciudades españolas– y el juego online presenta especialmente para los más jóvenes. La encuesta EDADES 2017-2018 que elabora el Plan Nacional de Drogas establece la edad media de inicio en jugadores con problemas en los 19 años, pero el 44,8% de las personas que presenta alguna patología relacionada con el juego reconoce haber jugado antes de los 18 años, según el informe.

La norma que regula el juego a nivel estatal es de 2011. El Gobierno central es competente para legislar sobre el juego por Internet y en las loterías y demás juegos organizados por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. El decreto que debía regular la publicidad y el juego responsable lleva parado desde 2015. La necesidad de limitar los anuncios de las apuestas online es un clamor por parte de las asociaciones de exadictos al juego, de padres de alumnos, de instituciones como el Defensor del Pueblo e incluso de la propia patronal del sector.

Dos años de terapia a 200 euros al mes

“Un ludópata lo es toda su vida”, explica José Manuel Recouso, psicólogo especialista en adicción al juego y miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable, del Ministerio de Hacienda. No existen datos sobre el coste de rehabilitar a un ludópata. “No hay cifras porque no interesa tenerlas”, afirma. La sanidad pública no tiene programas específicos generalizados para tratar la adicción al juego y esa carga suele recaer en las asociaciones que cuentan con psicólogos especializados. “Las terapias a las que acuden un enfermo y un familiar suelen costar unos 200 euros al mes y el tiempo medio para una recuperación es de dos años”, explica José Abad, presidente de Federación Andaluza de Adictos al Juego de Azar. Las asociaciones reclaman que parte del dinero de las sanciones se destine a sufragar la atención que prestan. “El Estado debería implicarse más, pero no a través de Hacienda, que es quien se beneficia de las tasas del juego; la prevención es un problema de salud”, incide Recouso.

El juego presencial —casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas deportivas— es competencia de las comunidades autónomas. Algunas han decidido actualizar su legislación para adaptarla al creciente fenómeno de las salas de apuestas, a través de decretos, como es el caso de Madrid, Extremadura, Murcia o Baleares, o con nuevas leyes, como las que están preparando Valencia, que se presentará a las Cortes en las próximas semanas, o Galicia.

Muchas de las normas autonómicas establecen distancias mínimas entre las casas de apuestas y los centros educativos, que oscilan entre los 400 metros de Murcia y los 100 de Madrid o Baleares. El proyecto de ley de la Comunidad Valenciana prevé un límite de 700 metros. Los lugares respecto de los que se establece la limitación también varían. Mientras el Gobierno madrileño lo circunscribe a centros de enseñanza no universitaria, Baleares incorpora parques públicos, pisos de acogida o dependencias deportivas. Otras también imponen restricciones en las distancias entre las salas de juego. Extremadura ha impuesto una separación de 250 metros, los mismos que en Baleares, con la excepción de Palma, donde se amplía a 500. Todas las regulaciones incluyen la obligación de establecer mecanismos de control para impedir el acceso a menores e incrementan las sanciones por quebrantar esa medida. Murcia, la comunidad con mayor proporción de salas de juego por habitante, ha paralizado provisionalmente el otorgamiento de licencias de apertura.

Para las asociaciones de exadictos las regulaciones no son suficientes. “No inciden en lo esencial, que es la prevención, y las distancias no se aplican con carácter retroactivo”, argumenta el presidente de la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados, Juan Lamas. El bombardeo de anuncios de casas de apuestas sigue siendo uno de los principales problemas. Madrid ha prohibido esa publicidad en sus medios autonómicos, algo que también contempla el proyecto de ley gallego y que incorporaba el andaluz.

Las asociaciones advierten de que, contrariamente a lo que se cree, la modalidad del juego online está mejor regulada que la presencial y piden mayor homogeneidad normativa. “En las apuestas por Internet te exigen documentación, una cuenta de crédito y hay un límite máximo para apostar, eso no ocurre en un salón de juego”, advierte José Abad, presidente de Federación Andaluza de Adictos al Juego de Azar. “Además, si ganas te dan una tarjeta blanca para que acumules allí el dinero y no tengas que salir al cajero y puedas no volver”, advierte María, que pone como ejemplo la experiencia de su hijo.

La patronal Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) —que ayer se montró sorprendida por el veto de Colau ya que considera suficientemente restrictiva la norma autonómica— demanda que se regule la distancia entre los locales de apuestas para evitar saturaciones como en Madrid, pero recela de los límites respecto de los centros educativos. “Una cosa son los colegios, pero otra es ampliar a hospitales, colegios universitarios… eso equivale de facto a una prohibición”, dice Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, subrayando que la ludopatía en España solo afecta al 0,3% de la población, según el informe Juego y Sociedad, elaborado por la Universidad Carlos III y financiado por esta patronal. Sin embargo, en las últimas semanas se han sucedido protestas en varias capitales de provincia promovidas por colectivos vecinales contra la proliferación de las casas de apuestas.

Colau prohibe abrir casas de apuestas en Barcelona

A. L. Congostrina

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la prohibición para abrir nuevas casas de apuestas, juegos de azar, bingos y casinos para “preservar la salud de la ciudadanía y evitar adicciones”. El Consistorio toma esta decisión después de que un estudio de la Concejalía de Salud haya alertado de los impactos negativos que tienen las adicciones a las apuestas en línea y al juego patológico, sobre todo entre los más jóvenes. La alcaldesa, Ada Colau, ha suspendido “por un año la admisión de comunicados de nuevas actividades de concurrencia pública para abrir establecimientos de juegos”.

La suspensión también afecta al otorgamiento de licencias y la admisión de comunicados para hacer obras destinadas a la apertura o ampliación de estos locales. Hasta ahora no había una regulación municipal en este ámbito. En Barcelona hay 35 salones de juego, 17 bingos y un casino que continuarán desarrollando su actividad.

El Gobierno municipal iniciará ahora la redacción de un plan especial urbanístico que propondrá el decrecimiento del número actual de salas, de tal forma que cuando una de ellas cierre no podrá abrirse otra. Estos establecimientos tampoco podrán instalarse cerca de centros docentes o sanitarios.

Por su parte, la Generalitat —que tiene las competencias en materia de juego— admite que urbanísticamente el Ayuntamiento tiene autoridad y Colau podría frenar la proliferación de estos establecimientos pero las autorizaciones solo las otorga la Administración autonómica. La ley que regula el juego en Cataluña, de 2004, limita la apertura de bingos, casinos y salones de juego. Pero no dice nada de las casas de apuestas.

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