Levantar la losa

España está a punto de cerrar uno de los más rocambolescos capítulos de su historia reciente. A pesar de la llegada de la democracia, ha mantenido durante 44 años la tumba de su último dictador en un monumento preferente e inadecuado y está afrontando ahora todo tipo de dificultades para trasladar su cadáver. Duele comprobar que desbrozar el camino haya requerido la determinada movilización de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

La resistencia de los nostálgicos es tan bizantina que el prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera amenazó incluso con obstaculizar la exhumación de Francisco Franco. Ahora, ha aclarado que no opondrá resistencia; una buena decisión que le evitará hacer el ridículo. Aunque la pregunta adecuada no es si se habría encadenado a la tumba, sino por qué este señor se permite tanta arrogancia.

La respuesta se llama inercia y esta es la que ha favorecido que la Iglesia Católica siga funcionando como un Estado dentro del Estado a pesar de los acuerdos con la Santa Sede suscritos en 1979, más acordes con la aconfesionalidad consagrada en la Constitución. Casi cuatro décadas después, sin embargo, el Estado exime del pago de algunos impuestos a la iglesia y mantiene a los obispos y a sus palacios. El erario paga a los profesores de religión, pero es la Iglesia la que los selecciona y despide. Con el dinero público se restauran iglesias y catedrales, pero es el clero el que recauda el dinero de las entradas y decide qué fotógrafo cubre (y cobra) la boda o el bautizo.

Herederos de una cultura tan extemporánea, líderes políticos de uno y otro color rinden pleitesía a la jerarquía católica. El Ejecutivo de José María Aznar le facilitó las inmatriculaciones (incluida la Mezquita de Córdoba), el de José Luis Rodríguez Zapatero reformuló su financiación a través del IRPF, lo que supuso elevar sus ingresos hasta los 250 millones anuales de hoy en día, y la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha acudido dos veces a Roma para obtener el plácet del Vaticano sobre la exhumación del cadáver del dictador, un asunto interno que solo debería competer al poder civil español.

En este contexto se inscribe la actitud del prior Santiago Cantera, anclado quizá en esa inercia según la cual, como en la Edad Media, la autoridad civil se acaba donde empieza la puerta de la iglesia, el derecho canónico prevalece sobre el resto y se aplica el principio de no inviolabilidad de los lugares de culto olvidando, claro, que la ley está hoy por encima (artículo 1.5 del Concordato). Levantar esta losa —la de la tumba de Franco— tiene, sin duda, un enorme y amplio poder simbólico.