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El Estado desampara a miles de bachilleres que necesitan apoyo escolar

El sistema prioriza las ayudas en la etapa obligatoria y los 11.700 alumnos de bachillerato con necesidades especiales quedan a la suerte del Gobierno regional y de su centro

Lucía Moreno, que padece distrofia simpático refleja, junto a Paco, su padre.
Lucía Moreno, que padece distrofia simpático refleja, junto a Paco, su padre.

Con 10 años a Lucía Moreno, modelo infantil y muy deportista, le diagnosticaron distrofia simpático refleja, una patología multisintomática degenerativa que la obliga a estar tumbada casi todo el día. Lucía, hoy de 17 años y en silla de ruedas, apenas sale de su casa en Torrent (Valencia, 81.000 habitantes). Pese a los enormes dolores —que le impiden descansar—, no ha descuidado los estudios. Las trabas, sin embargo, se suceden. El pasado curso perdió las dos profesoras de apoyo que la enseñaban a domicilio cuatro días a la semana (Historia, Lengua, Inglés o Matemáticas). Había superado la etapa de educación obligatoria y el Estado se desentendió, como pasa con miles de alumnos con enfermedades raras, hiperactividad o autismo. La familia de Lucía batalló —recabaron 200.000 firmas en la plataforma change.org— y la Consejería de Educación valenciana decidió que una profesora le diera 10 horas de clase de Lengua Española y Valenciano en 1º de Bachillerato. “Con ella han creado un plan piloto”, sostiene su madre, Mercedes, que reclama más horas de clase.

Cuenta Mercedes que su hija aprobó 1º de Bachillerato con buenas notas, pero que cada vez le resulta más difícil estudiar —“hay veces que no quiere tomarse la medicación para no desconcentrarse”—, y 2º de Bachillerato es más complejo. Mercedes explica que los temarios “están pensados para adultos que estudian a distancia, no para gente de su edad, con menos madurez. Tiene muchas dudas de Griego o Filosofía y se las tienen que resolver por teléfono o por correo”. Esta madre, volcada en cuidar a su hija, critica: “¿Por qué se ponen barreras a quien quiere aprender? Es un dinero del contribuyente muy bien gastado. Tiene mucho que aportar”. La Comunidad Valenciana aprobó en 2018 un decreto de inclusión educativa que obliga a los centros a “dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado de bachillerato a través de itinerarios adaptados a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y situaciones personales”.

Protocolo en la Universidad

En la pelea de Lucía están otras familias, porque el sistema educativo deja desamparados a sus hijos tras atenderlos con apoyos humanos y materiales desde infantil a secundaria. Las universidades cuentan con protocolos de actuación para atenderles en la acogida y hace un seguimiento de su paso por las aulas, pero entre el bachillerato y el campus hay un vacío de medios. Están a expensas de la voluntad del Gobierno regional y al grado de compromiso con la inclusión del centro.

Una portavoz del Ministerio de Educación y Formación Profesional explica que “en la normativa estatal hay una referencia genérica a estas ayudas, pero cada comunidad autónoma gestiona los recursos. Por eso según lo gestionen los estudiantes reciben ayuda o no”. Educación recuerda que hay becas ministeriales para alumnos con necesidades específicas.

“Los apoyos van desapareciendo a medida que se llega a secundaria. Una cosa es la teoría de la legislación y otra la realidad. Los sistemas educativos son muy distintos en las comunidades autónomas y también la red de recursos disponibles”, explica Ruth Vidriales, psicóloga y directora técnica de la Confederación de Autismo. “Secundaria es más descontrolada que primaria, se tienen más profesores, se supone que uno es más independiente, las relaciones sociales se vuelven más exigentes… Y, sin embargo, la red de recursos se va haciendo cada vez más limitada y los profesores no tienen la formación educativa que tiene un maestro”, precisa Vidriales.

Entre 2011 y 2018 se ha triplicado el alumnado con necesidades específicas que cursa bachillerato, pasando del 0,2% de los estudiantes (1.463 bachilleres) al 0,6% (3.750 bachilleres). Se trata del 0,9% de los hombres y el 0,4% de las mujeres. El número de bachilleres llega a los 11.717 si se cuenta también a los superdotados —que necesitan un trato especial— y alumnos con retraso madurativo u otros trastornos de aprendizaje. Hay 93.000 alumnos en primaria (3,2%) y 53.100 (2,7%) en secundaria con necesidades especiales.

La extremeña Aridia Pizarro quiere estudiar Informática para dedicarse a los videojuegos. No le faltan destrezas cognitivas, pero sí habilidades sociales para comunicarse. Necesita tener una agenda muy marcada, sin sorpresas, y que le expliquen los exámenes —no entiende los dobles sentidos— o entender una lección mediante gráficos. Estos apoyos los ha encontrado hasta el curso pasado en el aula TEA (Trastorno de Espectro Autista) de su instituto en Badajoz, concebido para seis alumnos y tres profesionales. Este año, tras las protestas familiares, Aridia va a combinar la asistencia a clase de 1º de Bachillerato de Ciencias con esta aula TEA. Una solución de la Junta que no convence al padre. “Se han tenido que saltar la normativa, hay que cambiarla. No puede ser que se sobrecargue de trabajo a los profesionales con un séptimo alumno. El año que viene probablemente otra niña pase a Bachillerato y ¿qué van a hacer? ¿Que sean ocho en el aula?”, se pregunta Pizarro.

Un problema creciente

Marta Prieto, maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y responsable de educación en la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, relata que el problema de desamparo de los bachilleres con TEA ha crecido. Cada vez se diagnostica antes a estos escolares y se han extendido por toda España las aulas que les apoyan en primaria y secundaria. En el curso 2017-2018 un total de 739 alumnos con TEA o con trastornos del neurodesarrollo estudiaban bachiller. “En Extremadura hace 13 años se empezó este recorrido y ahora llegan a Bachillerato o a ciclos formativos chicos con TEA con problemas de comunicación pero no cognitivos”, razona Prieto. “Un decreto en Extremadura especifica que se les puede fraccionar el bachillerato, pero estos alumnos no necesitan ir más lentos, sino que les adapten el acceso al contenido”. Por eso pide que se prolonguen las aulas TEA a ese ciclo y preparación específica para su gremio, que no está formado para esa etapa y tira de voluntarismo.

Iván, como Aridia, también quería estudiar Informática, pero al llegar a Bachillerato hace cuatro años se quedó sin apoyos en Valdemoro, un municipio de Madrid de 75.000 habitantes. Su madre, Raquel López, movió cielo y tierra sin éxito. Hoy Raúl hace cursos de fundaciones y progresa poco a poco, pero su familia ya no aspira a que sea bachiller. Fuentes de la Consejería de Educación de Madrid explican que los profesores especialistas y los orientadores dan “un apoyo directo como medida extraordinaria y asesoran al equipo educativo de Bachillerato sobre cómo atender a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo: cómo reforzar aprendizajes a través de la tutoría, cómo trabajar diferentes aspectos curriculares, etcétera…”.

Aridia Pizarro, alumna con autismo.
Aridia Pizarro, alumna con autismo.

En la lucha están otros vecinos reunidos en un grupo de WhatsApp con 80 participantes. Valdemoro tiene ocho aulas TEA en primaria y apenas una en secundaria y está en un centro concertado. La Consejería de Educación se comprometió por escrito a abrir un aula nueva de ESO, pero este septiembre los padres de dos escolares descubrieron que no habría ese espacio porque se inauguran con un mínimo de tres alumnos y un tercer niño se borró.

“Siempre se quita a quien más lo necesita. Cuesta lo mismo con dos alumnos que con tres. En dos años serán seis niños”, se lamenta Elena Ferré, madre de Raúl, un niño con autismo en 5º de primaria y responsable de educación del grupo de Valdemoro. La solución ha sido que tengan un técnico de apoyo —les acompaña de un aula a otra o está con ellos en el patio— y 17 horas semanales de un profesor de Audición y Lenguaje. “No es suficiente. Cada niño tiene distintas necesidades de apoyo. Si se tira de ellos, responden muy bien. Como cada vez se diagnostica antes a los niños estas aulas son muy útiles”, subraya. A su hijo Iván, por ejemplo, le simplifican las lecturas para que no se distraiga o adaptan las preguntas de un examen para que sean cortas y directas.

Modesto Díez, delegado de la Federación Española de Enfermedades Raras, plantea una situación parecida para estos alumnos. Extremadura cuenta con un protocolo que coordina a Sanidad y Educación para apoyar a un escolar con una dolencia, pero reconoce que está garantizada la ayuda sanitaria —un enfermero que lo atienda—, pero no tanto la educativa. “Dependiendo de la sensibilidad del centro tienen apoyo o no”.

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“Hay abandonos por absoluta desesperación”

“Hay una falta de alternativas para el alumnado con necesidades especiales que no va por la vía del Bachillerato. La FP es un desierto. Casi no hay nada, no hay centros con apoyos cuando es una buena alternativa para encontrar una salida laboral”, se lamenta Ruth Vidriales, psicóloga y directora técnica de la Confederación de Autismo. “Muchos acaban abandonando el sistema educativo por absoluta desesperación y falta de apoyos. El esfuerzo familiar es el que hace que muchas veces logren sus objetivos”, prosigue.

La pedagoga Marta Prieto, madre de dos niños con autismo, pone un ejemplo. Tiene una sobrina con Trastorno del Espectro Autista que hoy estudia Magisterio gracias a “su tesón y el apoyo de su familia, a sus profesores que se implicaron y a los profesores particulares”.

“Hay muchos alumnos que desaparecen de las estadísticas al llegar a secundaria. A lo mejor van al circuito de la educación especial y, probablemente, se quedan en su casa en el segundo ciclo de secundaria buscando otras alternativas”, prosigue Vidriales.

Aunque la psicóloga ve alguna mejora: “Ahora empieza a haber concienciación de que los alumnos llegan al Bachillerato y se piensa en ajustes. Por ejemplo, con protocolos en Selectividad para que les dejen algo más de tiempo”. Un 1,8% de los estudiantes en grado, 1,2% en posgrado y 0,7% en doctorado tienen una discapacidad física o psíquica, según los datos de la Conferencia de Rectores.

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