Bruselas advierte a España de que la inestabilidad política mantiene varadas grandes reformas educativas

La inestabilidad política mantiene varadas las grandes reformas educativas. Bruselas advirtió este jueves a España de que hasta ocho “importantes” proyectos permanecen paralizados por las “incertidumbres políticas” y las sucesivas convocatorias de elecciones generales. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, lo admitió. “Es cierto”, afirmó. “El bloqueo que ha sufrido este Gobierno nos tiene en esta situación”, añadió. Los dos grandes toques de atención se dirigieron a la alta tasa de abandono escolar temprano (un 17,9%) y a la inestabilidad de las plantillas de profesores: 25% son profesores interinos.

Según el Informe de la Educación y la Formación de 2019 elaborado por la Comisión Europea y presentado ayer en la Cumbre de Educación, la inestabilidad también impide que la inversión pública, que sigue por debajo de la media de la Unión Europea (un 4% del PIB en 2018 frente al 4,6%), pueda remontar y llegar al 5% por las prórrogas presupuestarias. España sigue estando en el furgón de cola de la UE y solo cinco países gastan menos: Rumanía, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Grecia.

Como en años anteriores, la Comisión volvió a urgir al Gobierno a reducir la tasa de abandono escolar —los jóvenes que dejaron los estudios entre los 18 y los 24 años que solo obtuvieron el título de la ESO—, que en 2018 se situó en el 17,9% frente al 10,6% de media europea. Aunque el informe reconoce el esfuerzo de España para reducir esa tasa, que en 2009 era del 30,9%, avisa de que ese progreso se ha “ralentizado”.

La explicación que dan los expertos a ese estancamiento es la recuperación económica de los últimos años. “El abandono escolar va ligado al éxito del mercado de trabajo; cuando hay empleo la solución para retener a los jóvenes en la escuela pasa por incrementar el número de alumnos en Formación Profesional y para eso el sistema debe ser más flexible”, explica Saturnino Martínez, sociólogo de la Educación de la Universidad de La Laguna, que apunta que en otros países europeos no existe un título obligatorio para acceder a la FP —como sucede en España con el de la ESO—. “Tenemos que acabar con el modelo academicista; poner en marcha otras opciones para los que quieren aprender un oficio”, expone Carlos Gil, sociólogo del Instituto Universitario Europeo.

El adelanto electoral del pasado febrero bloqueó la tramitación de la nueva ley educativa impulsada por el PSOE (Lomloe), otro de los “grandes obstáculos” para que España consiga modernizar sus sistemas de Primaria y Secundaria, incide el informe. Bruselas recordó que España no ha avanzado un ápice en los proyectos para la puesta en marcha de un nuevo modelo de becas, el acceso universal a la educación infantil, la reformulación del acceso a la docencia y las medidas para reducir el número de interinos. Un 25% de los profesores ejercen sin tener una plaza fija, aunque en comunidades como Baleares esa proporción llega al 43%. Eso, según el informe, “dificulta la construcción de equipos estables y cohesionados en las escuelas”. El número total de profesores sigue por debajo del que había al inicio de la crisis. A 1 de enero de 2019, España tenía 511.250 docentes, entre funcionarios e interinos, 2.214 menos que nueve años antes.

La Comisión Europea, que examina en este informe las dificultades laborales de los profesores país por país, detecta problemas de temporalidad en otros países como Italia (que va camino de que el 20% de todo el profesorado sean interinos), Portugal (con un 21,7% en Secundaria), Luxemburgo (con un 25% de temporales) o Suecia (con un 28% de eventualidad en la FP).

Retraso en la Universidad

El bloqueo afecta en igual medida a la Universidad. Bruselas recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en noviembre de 2018 una reforma de la educación superior que “todavía no se ha materializado”. Y lo mismo ocurrió con la mejora de las becas y el “pago y reconocimiento de derechos sociales para estudiantes universitarios” en programas de prácticas, como consecuencia del “desacuerdo entre el Gobierno y las universidades por ver quién debe asumir el coste de sus cotizaciones”.

Entre los puntos favorables, la Comisión reconoce las medidas promovidas en España para promover la FP: facilitar el paso de ciclos de grado medio a superior o la reducción del límite máximo de edad para matricularse, aunque solo el 58,5% siguió estos programas en 2017 frente al 79,5% de la UE.

Por su parte, Celaá señaló que las reformas para que la educación española sea “más flexible, abierta y adaptada” al entorno digital sigue “varada” en el Parlamento, aunque explicó que su departamento está trabajando en todo el despliegue curricular que implicará. El ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, también admitió que las tramitaciones de sus proyectos de ley seguirán atascadas hasta que se conforme una nueva mayoría parlamentaria y un nuevo Gobierno tras el 10 de noviembre.