Por qué la universidad gratis para todos es una idea controvertida

Es una de las medidas estrella del PSOE: financiar las primeras matrículas universitarias de todos los alumnos, o lo que es lo mismo, universidad gratis para todos. Pedro Sánchez lo anunció en 2018 y luego lo llevó a su programa electoral en 2019, una propuesta que también recogía Podemos y que estudian algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha. “Ningún joven puede quedarse fuera de la universidad por el hecho de no poder afrontar el pago de la matrícula”, dijo entonces Sánchez. El Ministerio de Ciencia y Universidades estudia la viabilidad de la medida, cuyo gasto calcula inicialmente en unos 500 millones de euros solo para los alumnos de primer curso. Pero académicos, economistas y los propios estudiantes creen que se trata de una medida “elitista” porque supondría un “regalo” para las familias que sí pueden afrontar los pagos. Además, consideran que es “insostenible” y que a medio plazo agravaría la crisis de los campus, que desde 2010 han perdido 9.500 millones de euros.

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La previsión del Gobierno de gastar 500 millones supondría cubrir solo a los alumnos de primer curso, pero la gratuidad se iría aplicando progresivamente a los estudiantes de nuevo ingreso en años posteriores. De forma que en cuatro años todos los alumnos de grado estarían dentro del sistema en primera matrícula.

“Perdonar el dinero de la matrícula a las familias que pueden pagarlo no es progresista, sino electoralista”, señala Antonio Cabrales, profesor de Economía en University College London y autor de varios estudios sobre financiación universitaria, que alerta de otras necesidades más acuciantes como incrementar la cuantía de las becas para aquellos alumnos que no pueden afrontar el pago de los alquileres, el transporte o incluso la compra de alimentos de calidad.

Con el actual sistema de becas, los estudiantes con las rentas más bajas, los del llamado umbral uno (con ingresos desde 7.278 euros al año para familias con dos miembros), perciben una ayuda de 2.600 euros al año para afrontar los gastos de vida, a los que se pueden sumar otros complementos. “Los recursos que ofrece el Gobierno son limitados y hay que destinarlos a quien más los necesita, no a favorecer a los estudiantes con más poder adquisitivo”, apunta Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae).

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, expone otro argumento. “El 40% de los alumnos de los campus públicos catalanes proceden de escuelas privadas y concertadas. No tiene sentido ahorrarles luego las tasas universitarias; son privilegiados”.

El acceso a la educación superior en España es superior al de otros países europeos: un 38% de estudiantes entre 20 y 24 años están matriculados en la Universidad frente al 24% de Reino Unido, el 30% de Italia o el 33% de Francia.

“Si se quiere arreglar un problema de desigualdad en el acceso a la Universidad, la clave no está en financiar a todos la matrícula, sino en invertir en etapas educativas iniciales para reducir el 17% de abandono escolar temprano (frente al 10% de media europea)”, señala José Montalbán, profesor de Economía de la Universidad de Estocolmo.

En el curso 2016-2017, de los 1,5 millones de universitarios, solo el 20% percibieron beca. El resto pagó su matrícula: unos 1.100 euros de media al año —hay una gran diferencia entre comunidades: de los 2.000 euros de Cataluña a los 713 de Galicia por 60 créditos de un curso—. “Teniendo en cuenta la coyuntura económica, es exageradamente optimista creer que el Gobierno va a rascar 500 millones para financiar todas las matrículas cuando el presupuesto total para investigación es de 600 millones y apenas ha subido en los últimos 10 años”, indica Luis Sanz, investigador de políticas públicas en educación superior del CSIC. Esa cantidad supone el 5,3% del presupuesto destinado a Universidades, que ascendió a 9.367 millones en 2017. Esa gratuidad preocupa al experto, que duda de que llegase acompañada de mayor financiación para las universidades. “No se puede hablar de cubrir el coste de las matrículas y dejar fuera la situación económica de las universidades, el 20% de sus ingresos proceden del cobro de esas tasas a las familias”.

La crisis de financiación de las universidades se remonta a 2012, cuando un decreto del entonces ministro del PP José Ignacio Wert forzó a las autonomías —que tienen transferida esa competencia— a incrementar el porcentaje del coste de la carrera que asumen los alumnos entre un 15% y un 25%, a elección de las comunidades, para compensar así la bajada del presupuesto del Estado. En algunas regiones, como la madrileña, esa modificación supuso que en algunos grados esa cantidad escalara un 62%. La subida del 31% del precio de las tasas universitarias entre 2008 y 2016 posicionó a España en el sexto puesto de la Unión Europea con los grados más caros.

El modelo británico

Para Antonio Cabrales, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el “gran problema” es que el actual modelo de financiación de las universidades no es sostenible a medio plazo. “Cuando vienen crisis, Educación es de las partidas que más recortes sufre y eso va a volver a ser así en futuras quiebras”. Entre 2010 y 2015, el gasto educativo per cápita se redujo un 13%, mientras que la bajada en otros como el sanitario fue del 3,39%. “Tenemos que buscar la fórmula para blindar el sistema universitario y librarlo de los vaivenes políticos”, expone.

En el estudio Income Contingent University Loans, del que Cabrales es coautor, se hace una proyección de cómo funcionaría el sistema británico de préstamos contingentes a la renta en España. En él, el Estado hace un préstamo a los universitarios (sin intereses), y cuando estos se gradúan y consiguen un empleo lo devuelven de forma gradual, solo si llegan al salario fijado por el Gobierno: unas 21.000 libras al año (23.000 euros). Si en un periodo de 20 años no han alcanzado ese sueldo, se cancela la deuda. Hungría, Países Bajos o Australia también lo emplean.

“La gran ventaja de ese modelo es que solo a los que les va bien en el mercado de trabajo se hacen cargo del pago de su carrera, a los que les va mal les cubre el Estado. Y así la financiación de la Universidad no depende de la incertidumbre económica”, argumenta Cabrales. A su juicio, esa fórmula libera a las familias del pago de la carrera de sus hijos, que se harán cargo en el futuro.

Sin embargo, ese modelo no convence a otros expertos.

“Desde el punto de vista de la eficiencia económica, el británico es de los mejores modelos, pero en España no podría funcionar por una cuestión de mentalidad: los electores no perdonarían que se cargue a sus hijos con la deuda”, opina Guillem López, profesor de Economía de la Pompeu Fabra. Otro de los inconvenientes es, a su juicio, que el sistema español de gestión pública no está preparado para ese cambio. “Hay una cantidad enorme de morosos y la Administración no tiene músculo suficiente para perseguirlos”. 

El investigador del CSIC Luis Sanz tampoco cree en ese modelo. “Ninguna estrategia de política pública se puede blindar, ante una crisis se cambian las reglas de juego”. En su opinión, la única solución para solventar la crisis de las universidades es diversificar las fuentes de ingresos firmando más contratos de colaboración con la industria. “El dinero estatal, más cómodo de conseguir, las ha llevado a la actual situación de precariedad en los contratos y la bajada de calidad. La estrategia en otros países europeos es la contraria: reclutar al mejor personal docente-investigador”, zanja.