Uno de cada tres huérfanos por violencia machista no recibe la pensión del Gobierno
Por comunidades, cuatro de las 17 tienen ayudas propias y solo Castilla-La Mancha e islas Baleares han puesto en marcha un sistema activo de búsqueda y apoyo a los menores y sus familias
Los dos hijos de Sandra vieron cómo su padre, José Luis Abet Lafuente, las asesinaba a ella, a su tía y a su abuela. Fue en Pontevedra, el pasado 16 de septiembre. Un día después, en un portal del barrio de Quintana, en Madrid, las hijas de Adaliz Villagra presenciaron la muerte de su madre a manos de su novio. Esas niñas y niños son solo cuatro de los 33 huérfanos que la violencia machista ha dejado en lo que va de año, 264 desde que existe un registro oficial, en 2013. Y, probablemente, serán algunos de los nombres que tenga que incluir el Gobierno en los trámites para la nueva pensión de orfandad que se aprobó el pasado marzo en el Congreso —una modificación que aumentaba la cuantía, de los 140 euros anteriores a un mínimo de 600 euros—. Ahora, solo uno de cada tres huérfanos cobra la pensión: 80 menores no tienen ayuda del Estado. De la treintena de menores que se han quedado huérfanos en 2019, la mitad tienen la ayuda.
Según los datos de 2019 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de los 264 huérfanos por violencia machista que el Gobierno contabiliza de forma oficial, ellos tienen constancia de 184, que son a quienes ingresa alguna cuantía. No dan una explicación concreta de por qué un tercio no son beneficiarios y apuntan a algunos motivos, como que ya sean mayores de edad, que no cumplan los requisitos o que no hayan pedido la ayuda. Por el momento, son los propios huérfanos y sus familias o tutores quienes tienen que acudir a la Administración para informarse y hacer los trámites. Algo que, según expertas y expertos, es una deficiencia del sistema, ya que las circunstancias de quienes se enfrentan a esta situación requieren de una actitud proactiva y de acompañamiento y apoyo por parte de las instituciones.
Si el Estado pagase a todos los huérfanos que están en la estadística oficial, contando con el mínimo (600 euros), el total representaría un 0,0005% de los presupuestos del Estado, 1,9 millones de euros. Eso no sucede. De aquellos a los que sí les otorga alguna ayuda, nueve son prestaciones de orfandad, aquellas que correspondían a pensiones no contributivas y que, en la modificación de la ley, no entraron en el cupo para la subida. Es decir, que aquellos que estaban más desprotegidos y contaban con menos recursos, fueron los que se quedaron sin la mejora. Desde el ministerio explican que "se luchó mucho porque entraran, pero no pudo ser por motivos técnicos", que no aclaran. Esos nueve menores cobran algo más de 200 euros al mes.
El resto, 175, son pensiones por un importe medio mensual de 616,45 euros, pero, apuntan desde el ministerio, "depende de varios factores lo que se ingrese a cada uno de ellos, hay que ver cada caso personal". Cuando el 3 de marzo entró en vigor la modificación, había 133 pensiones activas de orfandad por violencia de género que eran susceptibles de ese aumento. Hasta este 26 de septiembre, solo 48 de esas 133 lo han solicitado: cuatro son efectivas con una media mensual de 274,96 euros, otras tres aún no han sido abonadas, 12 fueron denegadas por no concurrir la orfandad absoluta y 29 siguen en trámite. Además, hay 30 solicitudes nuevas desde marzo: 15 han sido ya abonadas. De la otra mitad, una de ellas fue denegada y otras 14 siguen en trámite.
Informar a las familias
Ángeles Álvarez, exportavoz socialista de Igualdad en el Congreso, se pregunta por qué se produce la tardanza y cómo puede haber tan pocas solicitudes. El problema, dice esta histórica feminista, reside principalmente en el desconocimiento de estas ayudas: “Ningún menor está esperando que maten a su madre, ni quienes se quedan al cargo. Nadie tiene por qué saber que existen estas ayudas, ni cómo solicitarlas, ni dónde”. La experta apunta la solución que, cree, “no es tan complicada”. Que la Administración sea la responsable de informar a las familias, de forma proactiva: “Cuando se pone en marcha un derecho, una de las funciones básicas de la Administración es darlo a conocer a la ciudadanía, es evidente que hay que articular un protocolo que permita que los profesionales conozcan toda la información y que los obligue a buscar a las familias para dársela, que conozcan los derechos que las asisten”.
Exactamente eso es lo que han hecho desde islas Baleares y Castilla-La Mancha, dos de las cuatro comunidades autonómas que cuentan con ayudas propias (junto a Galicia y Castilla y León). En la región balear la legislación entró en vigor a finales de agosto y, aseguran desde el Govern, ya "se ha contactado" con las familias de los 12 posibles beneficiarios para informarles de las ayudas, 438,88 euros mensuales (5.266,56 euros anuales). No especifican si ya han sido ejecutadas, pero sí informan de que "siguen pendientes" las prestaciones para aquellos cuya madre sufra alguna discapacidad como consecuencia de la violencia machista, algo que también contempla su normativa.
En la comunidad castellanomanchega, la ley que las regula se aprobó por decreto a mediados del pasado mayo, entró en vigor en junio y en julio ya se habían concedido las primeras tres prestaciones, de 4.000 euros al año. Cuenta la socialista Blanca Fernández, consejera de Igualdad, que cuando llegó septiembre pensó que no era normal que hubiese tan pocas solicitudes: “Temiendo alguna situación de desamparo por falta de información, dimos instrucciones a las delegaciones de Igualdad de las provincias para que localizaran a los menores susceptibles de percibirlas”. En lo que va de mes, ya hay otras dos concedidas (una pagada y otra a punto de ingresarse), se están tramitando otras cuatro, están localizando a cuatro menores de los que tienen constancia y están estudiando la situación de otros tres.
Fernández asegura que le parece “normal” este procedimiento y que va a quedar así establecido. “Y mejorándolo a medida que nos vayamos encontramos con nueva casuística”, añade. Eso ocurrió la semana pasada. Explica que tras conocerse que la muerte de Susana Cortés en Viladecans el pasado 18 de junio no había sido una muerte natural, sino que iba a formar parte de la estadística de víctimas de la violencia machista, se encontraron con un problema: no podían otorgar la ayuda al hijo, que reside ahora junto a su padre en la región, porque uno de los requisitos de su legislación es que la madre hubiera tenido su último lugar de residencia en Castilla-La Mancha, y Cortés vivía en Cataluña. “Revisamos y nos dimos cuenta de que hay casos en que los hijos viven en la comunidad aunque sus madres fueran asesinadas en otras o de niños que se han ido a vivir a otras regiones. Así que hemos acordado en el Consejo de Gobierno ampliar los supuestos para que ningún menor pueda quedar desamparado, requieren de toda la ayuda que se les pueda dar”.
Lo que ha hecho esta comunidad —aprobar la legislación, ejecutar las ayudas y poner en marcha un protocolo coordinado en sus provincias para localizar a los huérfanos—, es “clave y esencial”, según Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y experto en ese ámbito. “Para esta y para todo lo que tenga que ver con la violencia machista. Esperar a que las mujeres actúen, que las familias pidan las ayudas… Todo eso no va a funcionar nunca”. Lorente explica que las características específicas de esta lacra que ya ha dejado 44 mujeres asesinadas en lo que va de año y 1.019 desde que existe un registro oficial, en 2003, no permiten “la pasividad”. El forense, que formó parte del equipo que redactó la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y que sigue asesorando en esta materia a gobiernos de toda Europa concluye: “La actitud proactiva, buscarlas, informar, y ejecutar los recursos disponibles de forma inmediata es como debería empezar a funcionar, en todas las instituciones y desde ya”.
Ayudas desiguales y en pocas comunidades
Solo cuatro de las 17 comunidades autónomas cuentan con ayudas propias para los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia machista: Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares y Castilla y León. La legislación que las regula ha sido aprobada, en las cuatro regiones, en el último año y medio y sus cuantías y sus requisitos difieren.
Castilla y León. El decreto que regula su prestación para huérfanos y el acceso gratuito a estudios universitarios entró en vigor en junio de 2018. Contempla 5.000 euros anuales hasta los 18 años. Desde el Gobierno autonómico explican que hasta ahora se han concedido seis ayudas, "no existiendo a fecha actual ninguna solicitud para acceso gratuito a estudios universitarios".
Galicia. La regulación gallega entró en vigor en marzo de este año. Tiene la cuantía más elevada, 7.000 euros al año, y la horquilla más amplia, hasta los 30 años, aunque solo cuenta a los menores huérfanos a partir del 1 de julio de 2018. Según la normativa, además, si tras la sentencia, el condenado tiene que indemnizar al menor y se declara insolvente, la Xunta se hace cargo de una compensación de 6.000 euros. Se hacen cargo también de los gastos del entierro o incineración si así lo solicita la familia y ponen a disposición de los huérfanos y familiares el asesoramiento de educadores sociales para los trámites administrativos como puede ser la herencia o la gestión de las ayudas. Son ya seis los huérfanos en la comunidad gallega y las ayudas ya han sido ejecutadas, según la Xunta.
Castilla-La Mancha aprobó por decreto su ley en mayo, entró en vigor en junio y concedieron las primeras tres prestaciones en julio. La cuantía es de 4.000 euros al año cuando el asesinato haya sido cometido por el padre y de 2.000 euros anuales cuando el asesino fuera pareja de la madre, con o sin convivencia. La normativa contempla las ayudas hasta los 18 años con dos excepciones: "Podrán tener derecho a estas ayudas las hijas e hijos entre los 18 y los 21 años, cuando tengan una discapacidad igual o superior al 33% o no desempeñen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia". Además, se contemplan también a los familiares en situación de dependencia de la mujer asesinada.
Islas Baleares. La ley fue aprobada en junio de 2018 aunque no ha sido hasta finales del pasado agosto cuando se aprobó un decreto para regular las ayudas. La cuantía será de 438,88 euros mensuales (5.266,56 euros anuales) para huérfanos o para aquellos cuya madre sufra alguna discapacidad como consecuencia de la violencia machista, y se mantendrá hasta los 22 años, hasta los 25 si se están cursando estudios académicos o formativos. Desde el Govern balear apuntan 12 beneficiarios aunque no especifican si ya han sido ejecutadas.
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