Solo cuatro comunidades contemplan ayudas para huérfanos de la violencia de género

Un mal día sus padres mataron a sus madres. Y ahí empezaron las pesadillas sin necesidad de estar dormidos. Los huérfanos de violencia de género —243 chicos y chicas desde que la estadística oficial empezó a contarlos en 2013— se enfrentan al dolor de la pérdida y, en muchos casos, también a penurias económicas que las Administraciones apenas empiezan a paliar. Solo cuatro comunidades —Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y Baleares— prevén ayudas específicas para ellos y las familias que los acogen, normalmente sus abuelos o parientes cercanos. Pero los  datos de la Fundación Mujeres indican que solo Castilla y León y Galicia tienen sus ayudas “en pleno funcionamiento”, aunque las de Galicia se han aprobado este año y están pendientes de si se prorrogará más ejercicios. En Baleares, que aprobó la ley en 2018, está pendiente el desarrollo de los reglamentos que permitan repartir esas prestaciones. En Castilla-La Mancha el desarrollo del reglamento se aprobó vía decreto hace dos semanas, según un portavoz del Gobierno autonómico, que estima que las ayudas llegarán a las familias en junio

La Fundación Mujeres, que administra el Fondo de Becas Soledad Cazorla de ayudas a los estudios para estos huérfanos, reclama al resto de las comunidades que también incluyan ayudas. Y piden “celeridad” en la puesta en marcha de la nuevas pensiones aprobadas por el Gobierno en marzo, tras dos años de tramitación parlamentaria. Lo han hecho este viernes en la presentación del resumen ejecutivo de su tercer informe anual.

Estas prestaciones, pensadas sobre todo para aquellos que no reciben ninguna ayuda, pueden suponer hasta 710 euros por hijo. La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, asegura que ninguna de las familias que ellos atienden, en total, 16, las han recibido aún, casi tres meses después de su aprobación. “Estos beneficios para los huérfanos no van a disparar el déficit de la Seguridad Social”, explica Joaquín Tagar, promotor del fondo de becas Soledad Cazorla, “son 243 huérfanos desde 2013 y si tiramos para atrás estaremos en 500, no es un gran quebranto”, añade el viudo de Cazorla, primera fiscal de violencia de género de España.

Un portavoz de la Seguridad Social asegura que se han repartido "unas pocas decenas de ayudas" para huérfanos de violencia de género de las recogidas en la ley aprobada en marzo y que el resto están tramitándose por la "especial complejidad" dle proceso. Estima que se resolverán todas a mediados de junio y que entrarán en las nóminas de julio, repartidas como una pensión en 14 pagas.

La Fundación Mujeres denuncian además la “invisibilidad de las familias afectadas”. “No sabemos dónde están ni quiénes son”, señala Soleto, que explica que los datos que se conocen de los huérfanos parten de los atestados policiales tras los asesinatos. “Un año después, desconocemos si les han retirado la patria potestad a los padres condenados”, añade. Su fundación lo reclama por un lado, porque defienden que un maltratador no es un buen padre y porque, si disfrutan de esa patria potestad, tienen voz y voto para decidir si los huérfanos pueden recibir o no asistencia psicológica, por ejemplo.

Aseguran que la falta de datos es tal que tienen también problemas para distribuir sus propias becas –ayudas de 2.000 euros por persona para el estudio, que provienen de fondos privados- por la dificultad de localizar a las personas afectadas. Desde 2016 han repartido 32 ayudas.