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Los huérfanos por violencia contra la mujer cobrarán unos 600 euros

Los grupos parlamentarios han apoyado la norma, que incorpora tres enmiendas introducidas por el Senado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el pleno celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el pleno celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados. EFE

El Congreso ha aprobado definitivamente la subida de la pensión de orfandad a los hijos de víctimas de violencia de género, que pasará de los 140 euros a un mínimo de 600 euros. Todos los grupos parlamentarios han apoyado la norma, que incorpora tres enmiendas introducidas por el Senado y ratificadas por la Cámara baja. Tras la votación de estas enmiendas en el Congreso y la consecuente ratificación de la ley por parte del Pleno de la Cámara, el texto deberá  ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su posterior entrada en vigor.

Una vez lo haga, tendrán derecho a esta pensión de orfandad los hijos de las víctimas oficiales de violencia de género, es decir, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La norma tendrá carácter retroactivo desde 2004, año en el que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. En concreto, recibirán esta cuantía si en el momento del asesinato eran menores de 21 años o están incapacitados para el trabajo, aunque se podrán mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando o no tengan recursos.


Durante el debate de la proposición de ley en el Congreso, los representantes de los distintos grupos parlamentarios han celebrado que se sustancie la puesta en marcha de esta iniciativa, teniendo en cuenta que hasta ahora los familiares de estos huérfanos se tenían que hacer cargo de ellos sin ningún tipo de ayuda del Estado.

El año 2018 cerró con un total de 39 huérfanos por el asesinato de 47 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación  del Gobierno para la Violencia de Género. En lo que va de 2019, son ocho los huérfanos contabilizados en los 9 asesinatos de mujeres incorporados
a la estadística oficial.

Este texto ha conseguido la unanimidad del Parlamento durante toda su tramitación. Salió del Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y en el Senado también logró el acuerdo de todas las fuerzas políticas, a pesar de que sufrió cambios en la negociación.

En concreto, se han incorporado a la ley inicial tres enmiendas del PP, ratificadas por el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Una de ellas incluye a los hijos de funcionarias de clases pasivas, es decir, aquellas que se mantienen en ese régimen desde antes de 2011, como beneficiarios de estas pensiones.

"El PP ha corregido la discriminación hacia los hijos de funcionarias civiles porque la propuesta inicial les daba un trato desigual e injusto en función de si sus madres estaban afiliadas a un régimen u otro", ha apuntado la diputada popular Mar Cotelo durante el debate en el Congreso, en el que varios de los representantes de las fuerzas políticas han destacado que quedan mejoras pendientes en varios aspectos de esta cuestión.

En esta línea, el PP, a través de una enmienda, pide al Gobierno que realice, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un estudio para analizar otros casos de orfandad absoluta, como en accidentes de tráfico, para que reciban prestaciones de idénticas cantidades.

En este sentido, Cotelo ha puesto el foco en la necesidad de que en la próxima legislatura se mejore la situación del resto de huérfanos a los que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez y "sus socios" han  dejado "desamparados". "Estamos moderadamente satisfechos, impotentes y enfadados con nosotros mismos", ha sentenciado la diputada del PP Mar Cotelo, quien
considera que "se podía haber hecho más" y que sigue habiendo "víctimas de segunda".

En cualquier caso, la diputada sostiene que el Ejecutivo ha demostrado "lo poco que le importan" las víctimas de la violencia de género porque "no tiene prisa" en cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado por el Parlamento en 2017.

La norma recoge que estas pensiones pasen de ser contributivas a no contributivas, es decir, que no dependan de que la madre asesinada haya cotizado a la Seguridad Social, sino que su financiación llegue través de los Presupuestos.

Además, las cuantías se elevan porque se aplicará el 70% de la base reguladora, la misma que a los huérfanos absolutos, teniendo en cuenta que, aunque el padre siga con vida, estará en la cárcel.

Según explicó el PSOE, impulsor de esta reforma, "lo mínimo" que puede recibir un huérfano de la violencia de género serán 600 euros. Mientras, la pensión de aquellos cuya madre sí cotizaba sí dependerá del sueldo de ésta. En este caso, los socialistas han calculado que la media estará alrededor de los 800 euros.

Durante el debate de la proposición de ley, la diputada socialista Ángeles Álvarez ha asegurado que la puesta en marcha de esta medida es "un ejemplo" de hacer política. A su juicio, se logra hacer efectiva esta pensión "vital" con una "cuantía digna". Álvarez ha hecho un llamamiento a desarrollar el Pacto contra la Violencia de Género durante la próxima legislatura, ante el adelanto de elecciones generales, y ha rechazado "dejar a las víctimas a la intemperie". "No se puede mercadear derechos con los que piensan que el feminismo es una amenaza. Que nadie tenga la tentación de aliarse con ese machismo criminal", ha agregado.

"Agravio comparativo"

Desde Unidos Podemos, la diputada Angela Rodríguez ha apostillado que, pese a la aprobación de esta norma, "hay agravio comparativo" en lo que respecta a la reparación del daño de estos huérfanos y, por ejemplo, los huérfanos por terrorismo, que reciben una pensión más elevada.
Asimismo, ha hecho hincapié en que solo recibirán la pensión los huérfanos de víctimas oficiales asesinadas por sus parejas o exparejas.

La diputada de Ciudadanos Marta Martín ha dicho que su partido seguirá trabajando en la próxima legislatura para que, con independencia de que los huérfanos de violencia de género sean adoptados por sus familiares, "puedan mantener esas pensiones de orfandad porque son necesarias".

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