El Congreso aprobará una norma para que ningún huérfano por violencia machista se quede sin pensión

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El crimen machista no tiene pensión de orfandad

Es un caso real. Ocurrió en Madrid. Un hombre mató a su mujer. El hijo de ambos, menor de edad, quedó a cargo de su tía, la hermana de la muerta. Tras varios meses de convivencia, esta tuvo que entregarlo a los servicios sociales porque no tenía recursos suficientes para mantener a su sobrino, al que el Estado no reconocía el derecho a una pensión de orfandad. La asesinada no había cotizado lo suficiente a la Seguridad Social.

La diputada socialista Ángeles Álvarez recordó ayer este episodio, ratificado después por la abogada que llevó el caso aunque sin facilitar datos personales, para explicar la proposición de ley que ha presentado el PSOE que persigue que ningún huérfano por violencia machista se quede sin pensión económica. Actualmente, ese pago depende de que la asesinada haya tenido unos mínimos de cotización a la Seguridad Social a lo largo de su vida.

No es la primera medida presentada. En los últimos años ha habido otras iniciativas para mejorar estas pensiones, que tienen aún cuantías escasas y desiguales y para las que a veces la Seguridad Social pone trabas. La propuesta del PSOE será votada el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados. Los otros tres principales partidos (PP, Podemos y Ciudadanos) prevén respaldarla, según confirmaron a este periódico portavoces de las formaciones.

En España, aproximadamente un niño queda huérfano cada semana por un asesinato machista. Son cerca de 500 menores desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el PSOE y aprobada en 2004. En 2015, el PP incluyó una modificación que permite considerar a estos hijos como huérfanos absolutos (de padre y de madre). Esto supondría un incremento, pasar de cobrar el 20% de la base reguladora a un mínimo del 52%, pero no se aplica de forma automática sino a instancias de los jueces.

Sin datos oficiales

A pesar de los avances, “muchos de ellos no reciben una prestación”, recordó ayer la diputada socialista quien señaló, no obstante, que no existen datos oficiales para conocer el número de afectados. Álvarez denunció además “el desconocimiento” que tiene la Administración de la situación de estos menores.

Algunos maltratadores supone aislar a su pareja para que no trabaje. Otras salen del mercado laboral precisamente por la situación de violencia que viven. Cuando las matan, sus hijos solo cobran pensión si la mujer estaba dada de alta o en situación de asimilada al alta (alguien a quien se le mantiene en ese régimen aunque no trabaje porque está en una situación extraordinaria).

Otro supuesto es que hubiera cotizado 500 días en un periodo ininterrumpido de cinco años o tener 15 años cotizados, igual que en el resto de casos de orfandad. Son requisitos difíciles de cumplir en los casos de violencia de género por lo ya apuntado y considerando además que la edad media de las víctimas son asesinadas por sus parejas es de 32 años, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Con esta propuesta se busca eliminar estos requisitos para que los huérfanos cobren, al menos, 677 euros mensuales. Es una ayuda que puede extenderse, como máximo, hasta los 25 años de edad. El PSOE propone además que los fondos necesarios se compensen con las pensiones de viudedad que los condenados por maltrato no pueden cobrar tras matar a sus víctimas.