La Junta acusa al Ayuntamiento de Sevilla de “dificultar” su labor en la crisis de listeriosis

La crisis originada por el peor brote de listeriosis de España, con tres muertos confirmados y cinco abortos, se ha trasladado este mediodía a la arena política, con la comparecencia en el Parlamento andaluz en comisión extraordinaria del consejero de Salud, Jesús Aguirre, principal responsable de la gestión del brote. El dirigente del PP ha defendido la actuación de la Junta de Andalucía y ha cargado contra el Ayuntamiento de Sevilla a quien ha culpabilizado de “dificultar” la actuación del Gobierno regional. Las explicaciones de Aguirre no han satisfecho a PSOE y a Adelante Andalucía, que han pedido su dimisión.

Aguirre ha comenzado su intervención presentando una cronología detallada de la sucesión de acontecimientos y toma de decisiones por parte de la Consejería de Salud y Familias para justificar su actuación y acallar todas las dudas que se han cernido estos días sobre la detección del brote, el momento de la activación de la alerta sanitaria, su continua ampliación a nuevos alimentos de Magrudis, o la existencia de posible contaminación cruzada. “Se actuó con la mayor celeridad, decretando la alerta —que se estableció el 15 de agosto— con informes provisionales y no esperando los resultados definitivos", ha asegurado. El consejero ha añadido que se decidió activar la alerta sanitaria cuando se conocieron los resultados preliminares del laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla, el día 14, sin esperar a los definitivos, que ha concretado, llegaron el 17. “Conseguimos que, en 52 horas, de la tarde del 15 de agosto hasta el 17 de agosto, ningún andaluz consumiera la carne infectada", ha recalcado como ejemplo de la eficacia de su gestión.

Aguirre ha cargado contra el Ayuntamiento, quien, por delegación, ostenta las competencias en materia de seguridad alimentaria y control sanitario, para justificar los retrasos de la Junta en ampliar la alerta sanitaria al resto de productos de Magrudis, además de la carne mechada. Ha criticado la "información a cuentagotas" del Consistorio de la capital andaluza, que "dificultó" la actuación del Gobierno andaluz. En esa línea, ha recalcado que la Junta actúa como autoridad para garantizar la salud pública de todos los andaluces. El Consistorio, por su parte, es competente para "inspeccionar que las empresas cumplen con sus obligaciones cuando producen alimento", y a la empresa le corresponde garantizar que este alimento cuenta "con las debidas garantías sanitarias". “Es evidente que los autocontroles han fallado. Corresponde al Ayuntamiento verificar si era eficaz este autocontrol", concretó.

El Ayuntamiento, sin embargo, sí paralizó la producción de toda la planta de la empresa, sin distinción de productos, el 14 de agosto, mientras que el Gobierno andaluz desde el día 15 únicamente mantuvo la prohibición de la comercialización y venta sobre la carne. El 20, el director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta advertía sobre la necesidad de ampliar la alerta sobre un listado de elaborados de Magrudis que incluía lomo al pimentón, lomo al jerez, zurrapa de lomo blanca y roja y zurrapa de lomo ibérico, manteca colorá, pringá, crema de carne mechada, chicharrón andaluz, chorizo casero y chorizo ibérico. El Gobierno andaluz, la extendió a todos ellos, salvo los dos chorizos. Aguirre, sin embargo, ha responsabilizado al Ayuntamiento de no haber remitido a la Junta un acta de inspección del día 24 a un establecimiento en el que constaba que se había inmovilizado uno de los tipos de chorizo de esa lista. Por este motivo, no se activó la alerta sobre los mismos hasta el 28, ocho días después de que el director general de Salud Pública recomendara extenderla sobre todos.

La dualidad en las competencias ha provocado la tensión entre ambas administraciones desde que empezó la crisis. El Gobierno andaluz y el PP regional iniciaron las hostilidades responsabilizando al Ayuntamiento de haber provocado el retraso en la activación de la alarma por un error en los análisis el día 9 de agosto. El Consistorio contraatacó con un informe del laboratorio en el que se constataba que había sido la Junta quien había etiquetado mal las muestras. Ayer mismo, era el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien volvía a acusar al Ayuntamiento de no haberles facilitado el listado completo de productos de Magrudis.

El Consistorio ha calificado la intervención de Aguirre como "desleal" y señala que, por su parte, la colaboración en la investigación del brote se hizo "dentro de un esquema de lealtad institucional", señalan fuentes municipales. Desde el Consistorio recuerdan que este mismo viernes por la mañana se ha mantenido la reunión ordinaria de la comisión técnica y que seguirán trabajando desde la coordinación.

En sus respectivos turnos, tanto PSOE como Adelante Andalucía han criticado que Aguirre se escudara en el Ayuntamiento para justificar la gestión de la Junta. La portavoz de la coalición de Podemos e IU, Inmaculada Nieto, ha recordado al consejero cómo fue una asociación de consumidores quien anunció públicamente el día 15 de que el origen de la listeriosis estaba en la carne mechada de la marca La Mechá y que, posteriormente la Junta confirmaba esa información, pero aseguraba que no tenía prevista activar una alerta, que aplicó horas después.

Desde el grupo socialista Jesús Ruiz ha utilizado la afirmación de Aguirre asegurando que gracias a la alerta los andaluces no habían comido carne mechada desde el 18 de agosto para preguntarle por lo que hubiera pasado si se hubiera activado de manera preventiva el día 9, cuando el laboratorio del Ayuntamiento alertó de que un tipo de carne era “altamente positiva en listeria”. “¿Cuántas personas podrían no haber comido carne en todos esos días? Bastaba con haber confirmado posteriormente la alerta cuando se hubiera tenido la confirmación”, ha señalado Ruiz.

Ciudadanos y PP, los dos socios del Gobierno andaluz, avalaron la gestión del consejero y recriminaron la actitud del Ayuntamiento. Alejandro Hernández, portavoz de Vox, la fuerza que sostiene al bipartito, cuestionó, en un tono moderado, la duplicidad de competencias a la hora de gestionar la crisis, los sistemas de supervisión de los fabricantes y pidió garantías de que todos los productos de la empresa estuvieran localizados y fuera del mercado.