Lecciones tras el asesinato de un niño

Entre la primera condena de David Sánchez y el día que asesinó a su hijo de 11 años a puñaladas pasaron siete semanas y un día. El pequeño Cristian ocupa el puesto 29 en la otra lista negra de las víctimas de violencia machista: la de los menores a los que sus padres (o las parejas o exparejas de sus madres) mataron para infligirles a ellas el mayor daño posible. Hace apenas cuatro meses que el sistema policial que valora el riesgo contempló también la vulnerabilidad de los hijos. Y en este caso, esa alarma se encendió: la denuncia de la madre, en la que dijo “temo por la vida de mi hijo”, se tuvo en cuenta sobre papel. No fue suficiente.

Tras el asesinato del menor —y el suicidio posterior de su padre— tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía de Violencia contra la Mujer iniciaron dos investigaciones que siguen en marcha. La fiscal delegada, Pilar Martín Nájera ha empezado a revisar ya las piezas que no encajaron. “Hemos fallado, no supimos detectar el riesgo”, dijo el 25 de julio tras el asesinato. “Teníamos que haber puesto el ojo en los menores. No cuesta nada escucharles”, señala semanas después.

Más información

Ismael, el chico asesinado por su padre al defender a su madre, “estaba siempre pendiente de ella”

Un hombre con dos condenas mata a su hijo de 11 años en Murcia

David Sánchez estaba obsesionado con su exmujer, Laura Hernández. La llamaba todo el tiempo, quería que volvieran. El 4 de junio ella denunció ese acoso y fue cuando aseguró que temía por su hijo pequeño. La Guardia Civil valoró entonces que era un caso de riesgo medio —en una escala de cinco niveles es el intermedio— e incluyó la vulnerabilidad del hijo. El día 5, por una sentencia de conformidad, la condena de seis meses de cárcel quedó suspendida a cambio de que se mantuviera a 100 metros de distancia de ella. Vivían en el mismo pueblo, Beniel (Murcia).

El 18 de junio, Laura Hernández le volvió a denunciar. Daniel quería ver a su hijo mayor, que acaba de cumplir 18 años, y se acercó demasiado a ella. Nuevo juicio rápido. De nuevo por conformidad. Y se dejó en suspenso la primera condena. “El ritmo que imprimen los juicios rápidos es de tal premura que a veces no permiten analizar todos los matices que dan la importancia del tema que tienes entre mano”, admite Martín Nájera. No se pidieron informes psicológicos de David Sánchez, del que su exmujer había alertado que tenía tendencias suicidas y era depresivo. Tampoco escuchó a los hijos. Además, las unidades de valoración forense que pueden hacer esos análisis no existen en todos juzgados ni funcionan durante todo el horario de guardia.

Pedir cárcel

Al quebrar la orden de alejamiento, aunque fuera para ver al hijo mayor y aceptara marcharse en cuanto su exmujer se lo pidió, se podía haber revisado la primera condena y mandarlo a prisión. Es potestad del juez o lo pueden pedir las partes. Ni la acusación ni la fiscalía se opusieron. La filosofía de esa potestad es permitir valorar, en casos con dos años o menos de prisión, si el remedio de la cárcel es peor que la enfermedad. “En los casos de violencia de género, se debería valorar de otra forma porque un quebrantamiento supone una llamada de atención”, añade la fiscal.

Tampoco se revisaron las visitas que el hombre hacía a sus hijos. David y Laura estaban en trámites de divorcio y no habían formalizado el régimen de visitas. Habían depositado un documento en el juzgado, pendiente de tramitación. El hombre veía al niño menor dos veces en semana, los lunes y los miércoles. Tras la condena, el juez podía haber establecido (o las partes pedido) que lo viera en un punto de encuentro vigilado. Ni siquiera constaba en el juzgado que los estuviera viendo. La cita para revisar el documento está fijada para el próximo octubre.