La mayoría de las denuncias por acoso sexual en el Ejército acaban archivadas

Desde que el Código Penal Militar tipificó en 2015 la agresión y el acoso sexual en las Fuerzas Armadas (hasta entonces estos delitos estaban diluidos en otros genéricos como abuso de autoridad) se han presentado 47 denuncias penales (una quincena por año), pero ninguna ha concluido todavía en condena. Aunque casi la mitad de ellas (22) aún están en trámite, algunas desde hace ya tres años, un número similar (23) han sido archivadas o sobreseídas. Los dos únicos acusados sobre los que ha recaído sentencia han sido absueltos.

Así figura en la respuesta que el Gobierno ha dirigido al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, en la que reconoce que “es a partir de 2016 cuando se dispone de los datos estadísticos sobre denuncias específicamente relacionadas con delitos contra la libertad sexual”.

El 100% de las denuncias han sido presentadas por mujeres militares (el 80% pertenecientes a la escala de tropa y marinería), mientras que el 98% de los denunciados son varones (el 45,5% oficiales o suboficiales; es decir, cuadros de mando). La reforma de 2015 considera estos delitos más graves cuando existe una relación jerárquica entre agresor y víctima que cuando se trata de militares del mismo rango. Más del 70% de las denuncias se producen en el Ejército de Tierra, lo que es lógico al ser el más numeroso. El 12,7% de los miembros de las Fuerzas Armadas son mujeres.

El Observatorio de la Vida Militar realizó el año pasado el primer estudio sobre el acoso sexual en las Fuerzas Armadas en el que ya señalaba que, “en la inmensa mayoría de los casos, la víctima es una mujer”. Este organismo, dependiente de las Cortes, reconocía que se había producido “un incremento en la sensibilización de la cadena de mando y del resto del personal” militar respecto al acoso, pero recomendaba abordar un estudio en profundidad que permitiera conocer la verdadera “dimensión y carácter del problema”. Ese estudio nunca se pudo realizar, pues los miembros del Observatorio acabaron su mandato al final de la anterior legislatura sin que el Congreso y el Senado eligieran a sus sustitutos.

Desde 2015, Defensa cuenta con un protocolo contra el acoso sexual y por razón de género del que el Observatorio hizo una valoración positiva, aunque recomendó que fuera “completado y perfeccionado”.