El acoso sexual aflora en las Fuerzas Armadas

“Las Fuerzas Armadas, que forman parte de la sociedad, no son ajenas a las conductas relacionadas con el acoso y han comenzado recientemente a tratarlas”. Con estas palabras rompe el Observatorio de la Vida Militar el manto de silencio que hasta ahora ha cubierto las situaciones de acoso sexual, laboral y profesional en el seno de los ejércitos.

Los responsables de Defensa mantuvieron tradicionalmente la política de negar el problema, mirar a otro lado o lavar los trapos sucios en casa, hasta que estalló el caso de la comandante Zaida Cantera, hoy diputada del PSOE.

Hasta 2014, el acoso ni siquiera estaba tipificado como falta disciplinaria y su introducción en el Código Penal Militar se produjo en 2015 (anteriormente este delito se subsumía en otros genéricos, como abuso de autoridad), mientras que el primer protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género fue aprobado en noviembre de 2015, dos años y medio después que el de la Guardia Civil.

El Observatorio de la Vida Militar, un organismo adscrito a las Cortes, ha elaborado el primer estudio sobre la aplicación de este protocolo y también la primera radiografía, aún borrosa, sobre el calado del problema en el seno de los ejércitos.

El estudio, que coincide con el 30 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, constata que “en la inmensa mayoría de los casos, la víctima del acoso, en sus distintas acepciones, es una mujer”.

En el primer año de aplicación del protocolo se han abierto 16 procedimientos penales (11 están en fase de instrucción, y cinco se han elevado a sumario). También se han instruido seis expedientes disciplinarios (dos han pasado al ámbito penal y cuatro están en trámite).

Estas cifras suponen un aumento espectacular respecto al año 2015, cuando solo se abrieron dos procedimientos penales (en ambos casos el acosador era un suboficial y la víctima una soldado) y ninguno disciplinario.

El estudio reconoce la dificultad de comparar con periodos anteriores a la aprobación del protocolo, pero incluye datos del Tribunal Militar Central según el cual entre 2004 y 2015 se presentaron 174 denuncias, se abrieron 46 procedimientos penales y se dictaron 22 condenas: 12 por acoso sexual, una por acoso por razón de sexo y nueve por acoso profesional. Es decir, el 63% de las denuncias acabaron archivadas y solo el 12,5% en condena.

“El protocolo merece una valoración positiva como primer paso en la acción de las Fuerzas Armadas para hacer frente al acoso, pero debe ser completado y perfeccionado”, concluye el informe. Critica, por ejemplo, que no incluya el acoso profesional, no se aplique al personal civil de Defensa o no contemple medidas de protección de testigos.

Tolerancia cero

El Observatorio reconoce que se ha producido “un incremento en la sensibilización de la cadena de mando y del resto del personal” respecto al acoso, pero admite que carece de datos para valorar la eficacia de las medidas de prevención, formación y apoyo adoptadas hasta ahora, por lo que reclama un estudio en profundidad que permita conocer la verdadera “dimensión y caracteres del problema”.

Advierte, en todo caso, que el tema no puede abordarse con regulaciones aisladas, sino que requiere una auténtica política, pues no se trata solo de sancionar a los acosadores sino de “prevenir conductas que potencien un clima propicio al acoso”.

La “represión temprana” de actitudes que incluyan el uso de términos despectivos u ofensivos por razón de género, no solo puede erradicar lo que denomina “acoso difuso” sino tener efectos disuasorios y evitar conductas más graves, recomienda.

“La experiencia demuestra que la mejor manera de luchar contra el acoso es estimulando la reacción no solo del acosado sino de los que lo presencian”, subraya. La tolerancia cero que proclama el protocolo debe ser asumida por todos los militares.