El Supremo: “La esclavitud del siglo XXI está en los clubes de alterne”

“No hace falta irse lejos para ver la esclavitud del siglo XXI”. Está aquí al lado. La testigo protegida número 24 tenía 14 años cuando la obligaron a prostituirse. El engaño comenzó en Nigeria, donde un familiar le propuso viajar a España para estudiar. Su padre accedió y, sin saberlo, condenó a su hija. Ocurrió en 2013. Cuando la niña llegó a Madrid, se topó con la realidad: la encerraron, le prohibieron comunicarse con el exterior, la golpearon. Le reclamaban 60.000 euros de deuda que debía pagar a cambio de sexo con hombres en clubes de alterne. Para atemorizarla, la sometieron a un ritual de vudú. La explotaron durante más de un año. Debía entregar todo el dinero que ganaba a la organización criminal. El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de los principales responsables de esta red y carga duramente contra la trata con fines de explotación sexual que se comete en locales donde “la dignidad humana carece de la más mínima significación, con tal de obtener el beneficio para el cual las mujeres han sido traídas como si fueran seres cosificados”.

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La sala de lo Penal relata en su sentencia, emitida el pasado miércoles, el suplicio que sufrieron cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad. Todas llegaron desde Nigeria. Engañadas. Y fueron obligadas a prostituirse en locales de Córdoba, Vigo y A Coruña. Por ello, el tribunal confirma la condena a 39 años y dos meses de prisión que la Audiencia Provincial de Madrid impuso en 2018 a una pareja considerada responsable de esta organización. Se rebaja la pena de otros tres miembros de la red —de 39 años y dos meses a 36 años y dos meses—, dado que la Audiencia los había sentenciado a más tiempo de lo que había solicitado el fiscal, lo cual supone una vulneración del principio acusatorio.

“No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubes de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a pagar hasta el billete de ida a su indignidad”, sostiene la sentencia, cuyo ponente es Julián Sánchez Melgar y en la que participan los jueces Francisco Monterde, Alberto Jorge Barreiro, Carmen Lamela y Eduardo de Porres.

El texto no supone un cambio jurisprudencial respecto a la doctrina actual, apunta Altamira Gonzalo, jurista y presidenta del consejo asesor de Igualdad del PSOE. “Pero son muy importantes las valoraciones que hace sobre la trata con fines de explotación sexual”, añade. “Este análisis responde a una visión jurídica de la trata y de la prostitución que se deriva de ella, que es la inmensa mayoría de la prostitución, con una perspectiva de género. Contiene una denuncia que comparto de las condiciones de vida a las que estas mujeres, por razones de necesidad, se ven sometidas por los explotadores”, sostiene.

Rituales de vudú

Solo una de las cuatro mujeres sabía que al llegar a España se prostituiría hasta poder pagar los gastos del viaje, pero ni por asomo se imaginaba lo que le esperaba. Las encerraron. Fueron golpeadas. Explotadas cada día. Las amenazaron. Las atemorizaron con rituales de vudú en las que les cortaban el pelo, el vello público y de las axilas, las uñas. Las forzaban a beber un brebaje y el miedo a que les pasara algo a ellas o a sus familias era tal, que quedaban controladas, a merced de los deseos de Papá Busch o Mr. Godwin, como conocían a uno de los cabecillas de la trama, y su mujer. Ella se encargaba de vigilarlas cuando llegaban a España.

La primera víctima salió de Nigeria en 2009. Papá Busch se aprovechó de su precariedad económica. Sabía que quería marcharse del país y le ofreció ayuda. Podría seguir estudiando y trabajar como camarera. Nada más lejos de la realidad. Viajó en compañía de un hombre y una mujer, ambos colaboradores de la red. En Madrid le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda. Le prohibieron contactar con su familia o salir a la calle. Le reclamaron una deuda de 50.000 euros por los gastos del viaje. Le explicaron cómo debía mentir en la oficina de asilo para conseguir regularizar su situación. Así fue. Después comenzó el periplo por varios clubes de alterne. Trabajaba de 17.00 a 4.00 y todo lo que ganaba, salvo lo que pagaba por su estancia en el local, lo entregaba a la organización. Cada lunes tenía que hacer un ingreso. En 2012 ya había saldado la deuda con creces. Pero no le devolvieron el pasaporte hasta 2013, según los hechos probados de la sentencia.

Así actuaron también con las otras tres compañeras. La otra menor tenía solo 16 años cuando salió de Nigeria.

“Nos encontramos ante una organización criminal: pluralidad de personas, utilización de medios idóneos, plan criminal previamente concertado, distribución de funciones o cometidos, y actividad persistente y duradera”, considera el Supremo. “Existía un reparto de tareas entre los acusados y otras personas que no han podido ser debidamente identificadas, dentro de una red creada con la finalidad de proceder al traslado a Europa desde Nigeria de jóvenes de este país, a fin de destinarlas a la prostitución”, se subraya en la sentencia. Burlaban “los controles administrativos de inmigración” y las obligaban a prostituirse. Ellos ganaron miles de euros.