Lotes para conservar óvulos entraron en España sin control desde Japón

La Fiscalía de Valencia pide que la compañía Biomedical Supply, dedicada a la importación y comercialización de productos sanitarios, sea condenada a pagar una multa de 21 millones de euros por haber introducido ilegalmente en España 51 lotes de productos para tratamientos de infertilidad en 2013 y 2014 por importe de más de cinco millones de euros. El fiscal pide también cuatro años de cárcel y una multa de 27 millones para Ignacio Bermejo, máximo directivo de Biomedical Supply, a quien considera autor de los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y contrabando.

La empresa, que niega los delitos, era entonces una filial del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), una de las mayores compañías del mundo en su campo, y propiedad de sus fundadores, José Remohí y Antonio Pellicer, que ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente de Biomedical Supply. Parte de los productos, utilizados en la congelación de ovocitos —óvulos en diferenciación— y embriones, tuvieron como destino final al IVI. El ministerio público solicita el archivo de la causa contra Remohí y Pellicer al no tener pruebas de su intervención en los hechos. Tampoco hay indicios de que los productos importados causaran "perjuicios a la salud".

Los lotes comprados en Japón al fabricante Kitazato Bio Pharma eran utilizados para la vitrificación —congelación— y conservación de ovocitos y embriones en tratamientos de fertilidad tanto por el IVI, a cuyo grupo perteneció Biomedical Supply hasta 2015, como por otras compañías españolas. Una portavoz de la empresa afirma que los productos nunca estuvieron en contacto directo con las pacientes y mantiene que el procedimiento se basa en una "errónea clasificación arancelaria" de los productos.

El fiscal, siguiendo el criterio de la Agencia Española del Medicamento considera que la importación de los productos, denominados VT601 y VT602, requieren una autorización específica expedida por un organismo europeo al contener una "sustancia medicinal", el antibiótico gentamicina, según consta en su escrito de acusación, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Biomedical Supply sostiene, en cambio, que la función de la gentamicina es solo "conservante" y que ambos productos deben considerarse "instrumental sanitario", para lo que basta una certificación de rango inferior. Ese razonamiento fue planteado por Bermejo antes de empezar a importarlos y la Agencia Española del Medicamento lo rechazó expresamente. Pese a ello, el directivo introdujo 48 lotes en remesas sucesivas por el Aeropuerto de Manises (Valencia) hasta que el servicio aduanero se percató de que los certificados utilizados por la empresa no eran "aptos".

Ocultos

El responsable de Biomedical Supply, sigue el fiscal, no se detuvo ahí, sino que decidió continuar importándolos "de manera clandestina, ocultándolos entre otros" y presentando en la aduana "no las facturas expedidas por la proveedora japonesa en la que constaba la descripción de los productos importados, sino unos documentos creados por el propio acusado" en las cuales "se suprimían las referencias a los productos VT601 y VT602 y en su lugar se hacía constar como producto importado agujas y catéteres".

El escrito de acusación del fiscal solicita que Biomedical Supply sea condenada, además de a pagar la multa equivalente al cuádruplo del valor de las mercancías, a no poder recibir ayudas públicas, contratar con la Administración ni gozar de beneficios fiscales e incentivos de la Seguridad Social durante tres años.