El líder mundial de la diálisis sobornó a médicos de la sanidad pública

Nefrólogos de hospitales públicos de Valencia, Almería y Barcelona, entre otros centros sanitarios, recibieron entre 2007 y 2015 millones de euros en “pagos inapropiados”, contratos de “consultoría sin control”, “regalos” y “viajes”, entre otras prebendas, de la multinacional alemana Fresenius. El objetivo de la compañía, líder mundial en productos para diálisis, era lograr que los facultativos les adelantaran información confidencial sobre concursos públicos, “enviaran a pacientes a sus clínicas” y “utilizaran los productos más caros de la compañía”.

Así consta en un documento hecho público el pasado marzo por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El texto informaba del acuerdo alcanzado por la SEC, el Departamento de Justicia y Fresenius por el que la compañía pagará 231,7 millones de dólares (207,6 millones de euros) para evitar ser procesada por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero en 17 países, entre ellos España.

Al tratarse de un acuerdo entre las partes, sin embargo, el documento omitía el nombre de los médicos. EL PAÍS, de acuerdo con la información conocida, documentos a los que ha tenido acceso y varias fuentes del sector, ha podido identificar a varios de los facultativos delatados por Fresenius. Uno de ellos es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, María Dolores del Pino, hasta hace unas semanas jefa de servicio de Nefrología en el hospital de Torrecárdenas (Almería).

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La SEC detalla cómo directivos de Fresenius discutieron en correos electrónicos de diciembre de 2014 “sobre cómo influir” en un concurso público que el centro iba a convocar al año siguiente. La empresa “logró el apoyo” de Del Pino —identificada como Doctor B— “para obtener el 60% del contrato”, correspondiente a uno de los dos lotes en liza y valorado en 2,7 millones de euros. La SEC, basándose en documentos aportados por Fresenius, recoge cómo la facultativa “recibió pagos, viajes y obsequios”.

Del Pino fue destituida como jefa de Nefrología del hospital el 12 de abril, solo dos semanas después de que la SEC hiciera público el documento. La facultativa niega haber cobrado o recibido regalos de la empresa y que su cese esté relacionado con lo ocurrido. “Este caso es muy desagradable y me siento indefensa. No sé lo que les han dicho a las autoridades de EE UU, pero no es cierto. Cualquiera que conozca el sistema de adjudicaciones en Andalucía sabe que mi poder era nulo”, relata. Un portavoz de la Junta de Andalucía informó de que “se ha abierto una investigación interna”, sin aportar más detalles.

Antonio Galán, jefe de servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, es otro de los jefes de servicio sobre los que Fresenius ha informado a las autoridades de EE UU. El documento hace mención a un “hospital público de Valencia” que en 2011 “sacó a concurso un contrato de dos millones de dólares” que fue ganado por la empresa. El General de Valencia es el único que reúne estas características. Según la SEC, Fresenius entregó a Galán “un borrador sobre las prescripciones técnicas y mejoras, otros sobre el sistema de puntuación y una propuesta de resultados para ganar el concurso”. “El médico utilizó su cuenta de correo personal para mostrar su acuerdo con algunas de estas propuestas recibidas”, recogen investigaciones.

La relación entre Galán y la compañía, sin embargo, venía de lejos. El facultativo recibió de la empresa “114.000 dolares entre 2008 y 2011” y otros “51.000 entre 2012 y 2014”, además de viajes y regalos. Galán no ha contestado a los mensajes que le ha hecho llegar este diario. El hospital asegura que desconocía el asunto y ha declinado informar sobre si ha abierto una investigación interna.

Un chivatazo en 2012

Otro de los casos en el foco de los investigadores son los centros de diálisis propiedad de médicos de los servicios de Nefrología de hospitales públicos que fueron adquiridos por la empresa, que a su vez era proveedora de estos centros. “Fresenius hizo pagos impropios y benefició a seis médicos públicos comprando su clínica y pagando posteriormente el 5% de toda la facturación [de pacientes derivados de la pública], además de alquilar a los facultativos los locales de su propiedad”, destacan los investigadores. En total, Fresenius pagó 2,7 millones de euros a los médicos de un hospital.

Solo en Barcelona, este tipo de operaciones se han producido en al menos dos grandes hospitales públicos, el del Mar y el Clínic, aunque solo en el primer caso los facultativos siguen percibiendo ingresos vía el alquiler de su antiguo negocio. Los implicados consultados, hoy ya jubilados, restan importancia a lo recogido por la SEC. “En España, los centros de diálisis nacieron así. Éramos los médicos los que invertíamos porque no lo hacía la sanidad pública y los hospitales nos remitían los pacientes”, sostiene uno de estos facultativos, que trabajó en el Clínic. “Es verdad que estábamos en los dos lados, y hoy existen incompatibilidades, pero la cosa funcionó así. Fue luego, en los años noventa y a principios de este siglo, cuando empresas como Fresenius compraron los centros”, explica otro facultativo, antiguo trabajador del Hospital del Mar.

La SEC destaca que al menos “entre 2007 y 2014, los responsables de Fresenius recibieron por adelantado información sobre concursos públicos de médicos y gestores de la sanidad pública”. “Algunos de estos facultativos”, sigue el texto, “recibieron pagos inapropiados de Fresenius España, incluyendo acuerdos de consultoría u otras ventajas como viajes a congresos médicos, a Estados Unidos, donaciones para financiar proyectos y regalos”. “Los acuerdos firmados con los médicos como ‘consultores’ iban de los 16.000 a los 187.000 dólares al año”, sigue la SEC, que añade que “Fresenius solicitó a los facultativos que modificaran las prescripciones técnicas antes de que fueran hechas públicas”.

La investigación sobre el caso arrancó en 2012 tras un chivatazo que denunció a directivos de Fresenius hechos comprometedores y amenazó con ponerlos en conocimiento de las autoridades de EE UU. La compañía, con sede en Alemania, cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que está sujeta a las leyes de ese país. “Inmediatamente iniciamos una investigación interna, en la que implicamos a las autoridades de EE UU”, explica un portavoz de la multinacional. Los responsables directos de estas prácticas, incluidos media docena de la filial española, “han sido apartados de la compañía”, añade este portavoz.