Un juez fuerza en Ourense el ingreso de un enfermo de tuberculosis por no tratarse

Catorce meses después de que se le detectase la contagiosa enfermedad y tras acumular tres intentos fallidos para que completase el tratamiento, un juez de Ourense ha ordenado el ingreso forzoso en el hospital de un paciente de tuberculosis “hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de esta ciudad gallega emitió el auto el pasado 14 de junio, el mismo día en que la Consejería de Sanidad firmó la resolución en la que alertaba de la situación. Pero no fue hasta este miércoles que el hombre se enteró de que estaba siendo buscado e ingresó voluntariamente en el hospital público de Ourense, según confirma una fuente oficial de este centro sanitario.

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Fue el 1 de mayo de 2018 en el Complexo Hospitalario de Ourense cuando se le diagnosticó al afectado una tuberculosis pulmonar bacilífera, “altamente contagiosa” y que se transmite por vía aérea “al hablar, toser o estornudar”. El equipo médico le puso un tratamiento y le marcó unas citas para que acudiera a que le administrasen la medicación. Pero nada más se volvió a saber del hombre, de unos 35 años, hasta que más de tres meses después, a finales del pasado agosto, volvió a aparecer por el hospital. Allí se le reinició el tratamiento, pero a los pocos días dejó de presentarse a las asistencias programadas. No fue hasta “hace poco más de un mes”, relata el juez, cuando el paciente regresó al centro.

En esta tercera visita al hospital los médicos detectaron “síntomas de encontrarse en una fase muy contagiosa”, recoge el auto, pero aunque se le advirtió “de la importancia de cumplir el tratamiento”, el enfermo volvió a desaparecer. “No cumplió con el tratamiento ni las obligatorias citas para la administración del medicamento, lo que obligaba a reinstaurarlo hasta que volvía a interrumpirlo”, resume el juez José Andrés Verdeja Melero.

El auto del magistrado, que alude al artículo 43 de la Constitución que insta a los poderes públicos a “organizar y tutelar la salud pública" y a la Ley Orgánica 3/1986 sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, recoge incluso la posibilidad de tomar medidas para garantizar “la retención física” del paciente y el “sometimiento a tratamiento médico forzoso”. Para ello, explica el juez, las fuerzas de seguridad deben coordinarse con el facultativo encargado para determinar “las medidas de confinamiento y sujeción necesarias, suficientes y proporcionales” y, si es preciso, vigilancia por parte de agentes. Una vez concluido el tratamiento, el hospital tendrá que remitir al juzgado un informe detallado de cómo ha transcurrido el proceso.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) recalca a través de una portavoz que medidas como las tomadas en este caso “no son excepcionales”. “La tuberculosis es una enfermedad que no afecta solo a la salud de los enfermos sino que constituye un problema de salud pública, por lo que las leyes sanitarias consideran el aislamiento forzoso de aquellos pacientes contagiosos que no realicen el tratamiento de forma correcta”, señala el departamento dependiente de la Xunta. Otra opción, añade el Sergas, es el denominado tratamiento directamente observado, que consiste en que son los profesionales sanitarios los que administran la medicación y realizan un seguimiento diario. Este fue precisamente el que incumplió el paciente afectado por la orden judicial.