El policía que puso los neones al burdel

Ramón V.R. era policía local de Lugo y, al mismo tiempo, socio del burdel Queen's. Tan implicado en el buen funcionamiento de la empresa que se ocupaba "personalmente" de la decoración y protestaba por la baja productividad de las víctimas de trata. Esto es al menos lo que sostiene Pilar de Lara, la instructora de la Operación Carioca, la mayor causa contra el proxenetismo en España, en el auto de transformación en procedimiento abreviado de una de las principales piezas en las que fue desguazado el descomunal sumario para facilitar su digestión a la Fiscalía. Pese a esto, las dos fiscales sobre las que recayó parte del trabajo de lectura no alcanzan a ver el delito y en diciembre pidieron exculpar antes de llegar a juicio a este y a otros agentes del orden que supuestamente engrasaban la maquinaria de "terror" gobernada por el jefe de la trama, el proxeneta José Manuel García Adán. El ministerio público cree que su papel era el de meros clientes.

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"Todo apunta a que realmente Ramón V. R. constituyó una sociedad [inmobiliaria] con fines meramente instrumentales para ocultar su participación en el negocio" del Queen's. Y como socio, explica la magistrada, no solo gestionaba desde su posición de funcionario los problemas relativos a las licencias municipales de las que carecía el local, sino que se preocupaba por el suministro de electricidad y "se encargó directa y personalmente de las reformas del establecimiento en 2009". Contrató "la pintura de la fachada del club, la instalación del suelo de parqué, de las rejas, de las persianas y ventanas, de los revestimientos y los rótulos luminosos". La juez reprocha a la Fiscalía que busque alguna "excusa exculpatoria" frente a estas evidencias que ella presenta y así se libre del banquillo al agente.

Ramón "siempre entraba al local por la puerta de acceso de las mujeres, no de los clientes. Andaba por todas las dependencias del club", a cualquier hora y uniformado, "estuviera o no Adán. Por el comedor, la cocina, en el despacho del dueño y también en la recepción", describe De Lara. Según diversos testimonios del sumario, el municipal no pagaba las copas, entraba y salía del local como si estuviera en su propia casa, y además, sacaba a las chicas y las metía cuando le daba la gana sin pedir permiso al cabecilla de la trama de proxenetismo. Un exempleado del burdel aseguró en su declaración que el policía local le "controlaba el libro de subidas a las habitaciones" y le recriminaba que "se jodiera poco”. Esto "no lo hace un cliente", defiende la magistrada, "sino alguien interesado en el rendimiento económico del negocio".

El empleado asegura que el policía le "controlaba el libro de subidas a las habitaciones" y le recriminaba que allí se "jodiera poco"

"No se puede negar que tomaba copas y hacía uso de los servicios sexuales", reconocían las dos fiscales en su escrito de finales de 2018, pero "lo hacía como particular", defendían para a continuación excusarlo del delito de cohecho impropio. "Por más que la Fiscalía trate de deslindar la vida privada de la profesional", argumenta ahora la magistrada, "las obligaciones de un funcionario policial no son a tiempo parcial sino las 24 horas" cuando se trata de perseguir delitos. Además, "existen numerosísimos testimonios que refieren que en no pocas ocasiones acudía uniformado, con su arma reglamentaria y en coche oficial rotulado para disfrutar de toda clase de servicios ofertados por el club". Y además "comía y cenaba" en la sala "utilizada solo por las mujeres". Y según las víctimas de trata, se jactaba ante ellas de su condición de policía local.

La testigo R.S. asegura que "cuando llegaba una chica nueva, ya estaba allí Ramón presentándose él mismo" y enseñando "la placa" . C.L.O. recuerda en su declaración como testigo que les decía: "Aquí no hay riesgo de nada, este es el mejor club de Galicia, no marchéis a otro porque aquí estáis protegidas".

Violencia de género

"La relación de amistad" de Ramón V. R. con Adán, jefe del Queen's y de La Colina, "se remonta a varios años antes" de abrirse el primero de estos burdeles, narra la magistrada. "Existen varios testimonios" que aseguran que "habría ayudado a ocultar pruebas del apuñalamiento" de un hombre cometido por el proxeneta, un episodio anterior a la Operación Carioca. "Al margen de lo anterior, y de la participación que pudiera tener en el negocio, resulta indiciariamente acreditado que este funcionario policial daba plena cobertura a las actuaciones presuntamente ilícitas de Adán", concluye De Lara.

"Por más que la Fiscalía trate de deslindar la vida privada de la profesional", reprocha la juez, "las obligaciones de un funcionario policial no son a tiempo parcial sino las 24 horas"

Y supuestamente ocultó "los malos tratos sufridos por la entonces esposa del proxeneta", sin "protegerla", ni "detener" al maltratador, ni "perseguir los hechos que conocía perfectamente". Adán cumple actualmente 21 años de prisión por violencia de género mientras espera los juicios de la Operación Carioca. La propia víctima relató que el policía local, supuesto socio de su marido en la clandestinidad, "le veía la cara", que "cuando curaba de un lado ya tenía el otro lado mal". Pero "nunca" la ayudó, sino al contrario, recuerda la juez; ya que supuestamente colaboró con el proxeneta "para que este pudiera expulsar a su esposa" de casa.

Además, "varios testigos" cuentan en las diligencias judiciales que Ramón V. R. "captaba mujeres para ir a trabajar a los locales de Adán y las trasladaba en coche" hasta los clubes. Siempre merodeando por allí, según De Lara "parece tener pleno conocimiento" de las condiciones de trabajo, con "intimidación y coacciones", y de las actividades de inmigración irregular desplegadas por el jefe de los burdeles y su encargado para traer a España mujeres con deudas.

Según testigos, acudía uniformado y en el coche policial, subía solo a las habitaciones a esperar a las chicas y pedía "felaciones sin preservativo"

La brasileña C.D.L., tan enamorada y abducida por Adán que llegó a tatuarse este nombre en el cuerpo, aseguró en su declaración que "a quien solicitó permiso para trabajar en el Queen's fue al policía local llamado Ramón", porque otra compatriota le dio el teléfono del agente y "le indicó que para trabajar allí debía hablar con él". Otra mujer, C. N., quiso dejar la prostitución y se fue de camarera a un bar. Trabajaba sin contrato y el policía local, recoge el auto, "amenazó al propietario con denunciarle ante la inspección", con lo que supuestamente forzó el regreso de la chica al burdel.

Esto no era todo, sigue desgranando el escrito judicial. "Según varios testimonios", el funcionario "hacía negocio con la situación de necesidad de las mujeres prostituidas, a las que vendía ropa falsificada, joyas e incluso lencería". Aunque hay personas que declararon que sí abonaba consumiciones y sexo, la magistrada recalca que otros testigos aseguran que "nunca pagaba las copas" ni los "pases sexuales". "Hacía uso de los servicios" de las mujeres "casi a diario". Y "gozaba de otros privilegios que no se permitían a otros clientes", sigue la juez: "Podía prolongar los pases más allá de la media hora" estipulada, "llevarse a mujeres fuera del club sin abonar la salida” y "tratar de imponerles prácticas sexuales" a su gusto. A veces, describe la instructora, se adelantaba y ya subía él a esperar a las chicas en la cama, y pedía "felaciones sin preservativo". Tal y como aparece en declaraciones y "reportajes fotográficos aportados por testigos de la causa", este agente y otros funcionarios policiales "participaban en fiestas privadas organizadas por ellos mismos o por Adán en distintos pisos con mujeres prostituidas".

Por último, "la Fiscalía omite los testimonios que avalarían que Ramón recibía dinero de Adán", afea la magistrada al ministerio público. "Así lo revela una testigo de peso" que describe cómo el proxeneta repartía entre este policía y otros agentes también implicados "dinero en fardos [fajos]" un poco menos gruesos que una cajetilla de tabaco: "A veces de 500 euros, otras de 100 y otras de 50". La mujer, cocinera del club, apunta una periodicidad ("cada 15 días") y asegura que presenció "cuatro o cinco entregas" al policía local. Según esta testigo, el proxeneta contaba delante de ella, en la cocina, los billetes, y luego los metía en un sobre para dárselos.