La fiscalía exculpa a todos los policías de la pieza clave del ‘caso Carioca’

Toda la sordidez acumulada entre las paredes de los principales burdeles de la trama Carioca de Lugo, el Queen's y el Colina, acabará recayendo, previsiblemente, sobre las espaldas de tres únicos investigados. Las dos fiscalas que se han encargado de esta pieza separada, un capítulo clave entre el medio centenar en que fue desguazado el sumario, no encuentran motivos para acusar a los tres policías locales relacionados con los clubes y al policía nacional que según sospechaba el juzgado permitió la entrada a través de Barajas de varias mujeres, reclutadas en una de las zonas más pobres de Brasil por los proxenetas para ejercer la prostitución en estos locales. En uno de los últimos trámites previos antes del escrito de acusación que deben presentar en breve, las mismas fiscalas que han decidido dejar sin castigo la prostitución de dos menores en otro club de la Operación Carioca anuncian su propósito de seguir adelante solo contra una pequeña parte de la veintena de investigados: el jefe del Queen's y el Colina, Jose Manuel García Adán; su fiel mano izquierda, José Manuel Pulleiro Núñez; y la que en el momento de la gran redada que conmocionó Galicia era novia de este, G.P.S. Esta mujer mantiene la doble condición de investigada y víctima, y no ha podido regresar a Brasil, por esta causa, desde que a finales de 2009 estalló la operación que ya se estaba fraguando en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en 2008.

Con esta nueva decisión de la fiscalía recogida en un escrito presentado al juzgado, con fecha del pasado día 3, se apuntala el temor de las asociaciones contra la trata que dan apoyo a las víctimas: la mayor investigación contra las mafias de la prostitución que se ha instruido en España puede llegar a juicio reducida a su mínima expresión y sin la mayoría de los agentes de los cuerpos de seguridad que aparecían implicados. El ministerio público cree que "la estrecha relación" de J.R.V.R., policía local de Lugo, con Adán y el hecho de que algunas testigos declarasen que no pagaba en el Queen's no tenían que ver con "su condición de policía", por lo que no se trata de cohecho impropio. "No se puede negar que tomaba copas y hacía uso de los servicios sexuales", reconocen las fiscalas, pero "lo hacía como particular", defienden a continuación.

El agente todavía investigado "hacía de intermediario para el cobro de la renta y otras gestiones relacionadas con el arrendamiento" de este prostíbulo, admite igualmente, a la vista de las pruebas, la acusación pública. También firmó el contrato de alquiler del club y la finca donde se asienta, próxima al polígono industrial de O Ceao, pero "lo hacía en su condición de administrador solidario" de la inmobiliaria de la que era socio. La fiscalía destaca que después de cobrar directamente a Adán entregaba el dinero a los verdaderos titulares de la propiedad y que al mismo tiempo llevaba a cabo gestiones para realizar obras a buen precio en las instalaciones. Utilizaba los "servicios sexuales" del Queen's pero "no prevaliéndose de su condición como funcionario público" que, en su caso, tiene entre sus encomiendas perseguir delitos.

Respecto a esto último, las fiscalas también tienen clara la exculpación: para haber cometido omisión del deber de perseguir delitos, "hubiese sido necesario" que el policía supiese que en los clubes se ejercía prostitución coactiva, tal y como marca el artículo 188 del Código Penal. Esta prostitución es la que está penada en España e implica que se emplee sobre las mujeres que la ejercen "violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad"; o que el que obtiene rendimiento económico conozca las circunstancias que determinan a la persona a mantenerse en el ejercicio de la prostitución; o que "la ganancia sea un beneficio económico directo".

Tal y como recuerda la fiscalía de Lugo, ese artículo legal "no pretende proteger la moralidad pública ni la honestidad de las personas". Y en base a esto quedan exonerados de responsabilidad penal casi todos los imputados de esta pieza, en la que además de agentes del orden figuran camareros, encargados y personal de mantenimiento de los dos clubes. Y también un supuesto testaferro de Adán; o sujetos bajo cuya identidad se hicieron transferencias (el coste de las gestiones de la trata) a Brasil; o un encargado de la publicidad y el transporte de mujeres; o alguno de los copropietarios del local, que también era cliente. Ninguno de ellos tenía poder de decisión ni participaba en la prostitución coactiva que presuntamente sufrieron las víctimas, inmigrantes en situación de vulnerabilidad, captadas en su lugar de origen, que llegaban con deuda y entraban a trabajar sin contrato de forma clandestina, como turistas, por vía aérea.

En opinión de la fiscalía de Lugo, este policía que en el estallido del caso Carioca estuvo considerado como uno de los puntales del entramado, no tenía por qué saber que en el Queen's se ejercía supuestamente la prostitución coactiva, ni tenía que pensar que las mujeres habían llegado de forma ilegal y con deuda (a pesar de que la inmensa mayoría eran brasileñas), ni que bajo aquel techo por el que él pasaba a cobrar arrendamiento se estuviesen cometiendo presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. No obstante, aclara el escrito, para cometer omisión de perseguir delitos hubiera bastado con que tuviera "indicios" de que ellas no estaban allí de forma voluntaria.

Otros dos policías locales tampoco llegarán a sentarse en el banquillo de los acusados si se acuerda, tal y como solicita la fiscalía, el sobreseimiento provisional para todos salvo para tres de los imputados. Ambos eran clientes, uno formaba parte de la brigada nocturna que operaba en la ciudad y el otro, que era amigo de José Manuel García Adán, vendía productos de limpieza y supuestamente joyas en el club. Según alguna testigo, también entregaba munición al proxeneta, pero este hecho "no ha sido probado", concluye la fiscalía, como tampoco hay ninguna prueba de que las hipotéticas joyas procediesen de decomisos policiales.

F.J.F.B., el policía nacional investigado por la juez instructora, Pilar de Lara, como presunto filtro al servicio de la trama lucense en el control fronterizo del aeropuerto madrileño, se aproxima también al final de su imputación. Las pesquisas trataban de comprobar si habitualmente ocupaba la cabina 16 del aeropuerto cuando iban a pasar mujeres traídas desde Brasil por los proxenetas, porque diversas testigos (de entre las más de 300 del macrosumario) declararon haber recibido instrucciones de entrar por esa puerta concreta al país. Quien les explicaba lo que tenían que hacer y que decir al llegar a ese punto era, según recoge el último escrito de la fiscalía, la que entonces era pareja de Pulleiro.

En diciembre de 2016, el juzgado reclamó al aeropuerto un informe sobre la actividad laboral del policía, pero un mes después la respuesta oficial fue la de que en Barajas no se llevaba ningún registro de qué cabinas ocupaban los agentes cada día. "No es posible concretar si controló y permitió la entrada de las personas aludidas", resume la fiscalía ahora, y además hubo mujeres que aseguraron haber entrado por otras cabinas "confundidas", o incluso en algún momento en que el policía nacional estuvo "de baja".

La fiscalía pide que se continúen los trámites para llevar a juicio a García Adán, Pulleiro Núñez y su expareja "por entender que existen indicios de la comisión de un delito de inmigración clandestina por parte de los tres". Para el ministerio público, los dos primeros son además responsables de un delito contra el derecho de los trabajadores y de prostitución coactiva. Y Adán, el presunto cabecilla de la trama, deberá responder también de un delito de amenazas, de otro contra la salud pública y de tenencia ilícita de armas.