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El Consejo Escolar bloquea de forma temporal casi un millón de becas como rechazo al ‘modelo Wert’

Sindicatos y familias protestan contra el sistema, vinculado a las notas del alumno. El Gobierno, que amplía en 40 millones las ayudas, admite que tardará dos años en cambiarlo

Estudiantes durante el examen de selectividad hoy en la Universidad de Sevilla.
Estudiantes durante el examen de selectividad hoy en la Universidad de Sevilla.

El Consejo Escolar del Estado —máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa— ha bloqueado temporalmente la tramitación del nuevo decreto de becas del Gobierno, porque considera que es una “continuación” de las políticas del antiguo ministro de Educación (PP), José Ignacio Wert. Ese modelo, impuesto en 2013, tiene una parte fija y otra variable —ligada a los resultados académicos de los estudiantes— que se ingresan “demasiado tarde”, algo que no comparten los sindicatos UGT, CC OO, STEs ni tampoco la confederación de familiares de alumnos (Ceapa). El boicot se ha materializado pese a la ampliación en 40 millones de euros para las becas del próximo curso. El pasado año, cerca de un millón de estudiantes recibieron beca del Ministerio de Educación, que admite que necesitará dos años para revertir el ‘modelo Wert’.

La fórmula del Consejo para bloquear el trámite ha consistido en votar en contra de su propio informe, en el que proponían algunas medidas como adelantar la convocatoria de becas para permitir que los alumnos reciban los pagos antes. Su informe no es vinculante (el Gobierno no está obligado a aplicar sus veredictos), pero sí preceptivo, de tal forma que si no se aprueba, la tramitación del decreto queda bloqueada. Es una estrategia administrativa que nunca se había utilizado en los últimos 15 años, y que ahora ha sido posible gracias al reparto más equitativo de fuerzas de izquierda y derecha dentro del Consejo Escolar.

“Es un acto simbólico para protestar contra el Gobierno, sabemos que la próxima semana aprobaremos el mismo informe que hoy hemos tumbado, pero es nuestra forma de manifestar el desacuerdo”, cuentan desde el Consejo. Su actuación —5 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones— solo retrasa en una semana la aprobación del decreto.

La paradoja política es que el Gobierno contempla este año un aumento de 40 millones en la partida de becas, de tal forma que alrededor de 17.000 estudiantes percibirán más dinero. Eso se debe a un cambio en la Ley de Presupuestos de 2018, que modificó las retenciones del IRFP para las rentas más bajas y ha generado, de rebote, que más familias se puedan beneficiar de esas ayudas.

Los tres umbrales de renta

El borrador del decreto de becas contempla tres categorías en función de la renta familiar: el umbral uno (para familias con ingresos desde 3.771 euros hasta 28.009, este último caso siempre y cuando haya ocho miembros en la unidad familiar), el umbral dos (desde 13.236 hasta 50.333, con ocho miembros) y el umbral tres (desde 14.112 euros a 56.380, con ocho miembros). Con el aumento de 40 millones forzado por la modificación en el IRPF de Hacienda, 16.500 alumnos pasarán del umbral tres al dos y del dos al uno, y 500 entrarán por primera vez en el umbral tres, según los cálculos del Gobierno.

El Ejecutivo socialista había planeado en los Presupuestos para 2019 —que no llegaron a aprobarse— una partida extra de 150 millones de euros para mejorar el sistema de becas (en 2018 el importe total fue de 1.470 millones). El fracaso de esos presupuestos, que no lograron mayoría parlamentaria, ocasionaron el adelanto electoral de abril.

En 2013, el PP implantó el modelo de doble pago de las becas, de forma que todos los estudiantes reciben una cuantía fija (1.600 euros) antes de diciembre, y una variable (desde 60 hasta 1.500) que se les ingresa desde enero hasta mayo. Esa segunda parte depende del dinero que queda después de repartir la parte fija y de las notas del alumno: si saca una nota media superior al 8 recibe entre 50 y 125 euros adicionales. “La tardanza puede disuadir a los estudiantes de matricularse porque no pueden adelantar el dinero. El Gobierno debería adelantar el calendario de la convocatoria y para eso tendría que utilizar los datos fiscales de dos años atrás”, apunta José Montalbán, investigador de políticas educativas en Paris School of Economics.

Con el sistema actual, los solicitantes de beca presentan la información fiscal del año en curso, y la campaña de la renta finaliza el 30 junio, a lo que se suma el periodo de reclamaciones. Eso genera que el plazo para solicitar la beca comience a principios de agosto y finalice a mediados de octubre, un mes después del arranque del curso.

Desde el Gobierno explican que están estudiando el modelo francés, donde los estudiantes conocen a mediados de julio si son perceptores de la beca y en octubre reciben el ingreso. Para ello, el Gobierno usa datos fiscales de dos años antes. “Es necesaria una reforma”, admite Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación en funciones. El problema, a su juicio, es que el actual sistema de umbrales —que divide a los estudiantes en tres grupos en función de los ingresos familiares— “no es el más adecuado”, porque “por una diferencia en la renta de 100 euros se puede pasar al siguiente umbral y perder una cantidad importante de dinero”.

La solución, explica Tiana, no depende exclusivamente del Ministerio de Educación, sino del de Hacienda. Necesitan que les autoricen a ampliar la partida. En la actualidad, el 25% del pago de las becas (unos 400 millones de euros) se efectúa en el último trimestre del año, y el 75% restante (unos mil millones) en el primer semestre del año siguiente. Eso supone que la partida de becas pertenece a presupuestos de años diferentes. El objetivo del Gobierno es equilibrar ambos pagos, de forma que, al menos, el 40% de los ingresos se efectúen antes de diciembre. “Ya estamos en conversaciones con la Agencia Tributaria para estudiar una nueva fórmula, pero es muy complejo y nos llevará, al menos, dos años”, admite Tiana.

Toque de atención

Desde la confederación de estudiantes (Canae), una de las organizaciones que se ha abstenido en la votación del Consejo Escolar, creen que la maniobra de bloquear el decreto “solo perjudicará” a los estudiantes, que se presentarán a la convocatoria una semana más tarde de lo previsto, a principios de agosto. “Se ha hecho para dar un toque de atención al Gobierno, pero sabemos que es muy complicado que modifiquen el decreto de becas porque están atados con unos presupuestos prorrogados”, explica Carles López, presidente de Canae. Los estudiantes proponen el aumento de la cuantía fija de 1.600 a 2.040 euros, la actualización con el IPC de los tres umbrales de renta y una campaña informativa para la presentación de las solicitudes (el 20% de los estudiantes del umbral más bajo no la piden por desconocimiento).

En el curso 2018-2019 se presentaron un total de 508.337 solicitudes de becas universitarias, de las que se concedieron 323.068. De las no universitarias, se concedieron 366.034 de las 534.243 solicitadas, según datos del Ministerio.

Las becas perdieron 480 euros por persona con el PP

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, reunió el pasado diciembre al Observatorio de Becas, un órgano consultivo que no se convocaba desde 2011. Allí, las organizaciones denunciaron el modelo de becas implantado en 2013 por Wert, que dejó a unos 30.000 alumnos sin beca y que, según los rectores (CRUE), redujo la cantidad percibida por los estudiantes en unos 480 euros por persona. Ayer, el Ministerio volvió a convocar la reunión del Observatorio, en la que se volvieron a plantear las principales quejas para reformular el sistema de cara al curso 2020-2021.

Durante estos años, las asociaciones de estudiantes han criticado la parte variable de las becas porque consideran “injusto” que el derecho a la ayuda se vincule con el rendimiento académico, ya que en muchas ocasiones son los alumnos con menos recursos los que se ven obligados a trabajar mientras estudian y eso puede influir en sus resultados. Hasta la reforma de las becas del PP en 2013, todos los alumnos que cumplían los requisitos obtenían la ayuda. Con la llegada de la crisis, Wert cambió las reglas del juego y el presupuesto pasó a ser fijo. Los alumnos que solicitaran beca y cumplieran los requisitos (que se endurecieron), se tendrían que repartir el dinero presupuestado. “Darán más a quien menos tiene y más a quien más se esfuerza”, dijo entonces Wert.

Andrea González, estudiante de 19 años de Psicología en la UOC, es una de las afectadas. Hasta marzo no le comunicaron que recibiría 511 euros de la parte variable. La ingresó a finales de abril. "Vivo con mis padres, los dos trabajan, pero no vamos sobrados. No entiendo que llegue tan tarde", explica.

El cambio de la fórmula para obtener una beca universitaria permitió que en el curso 2014/2015 el Estado se ahorrase en esas ayudas 167 millones de euros, según cálculos de los rectores. Aunque en un primer momento Celaá comunicó la dificultad de eliminar la parte variable, el Gobierno ahora se muestra abierto a analizar otras vías de reparto.

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