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Solo el 4% de los casos de acoso escolar llegan a la inspección educativa

Amnistía Internacional acusa al Gobierno de haber ignorado el protocolo al no comunicar las agresiones que le llegan. El Ejecutivo asegura haber cambiado el reglamento

Una joven sola en el recreo. En vídeo, 'Eme quiere evitar a otras y otros lo que ella sufrió: acoso escolar'.

España ha incumplido su protocolo contra el acoso escolar. El Ministerio de Educación, obligado a trasladar a la inspección educativa de las autonomías los casos registrados en su teléfono de atención a las víctimas, no lo hizo durante los dos primeros años de funcionamiento de ese servicio (2016 y 2017, cuando gobernaba el PP), en los que solo derivó el 4% de los casos que catalogó como acoso. "¿Qué ha pasado con el 96% restante? Son miles de agresiones las que no se están analizando", denuncia Koldo Casla, coautor del primer estudio de Amnistía Internacional sobre el acoso escolar en España. 

La principal conclusión del informe Hacer la vista... ¡gorda! El acoso escolar en España es que ni las autoridades ni los docentes están utilizando correctamente las herramientas para detectar y tratar las agresiones en las aulas, que pueden ser físicas, verbales (insultos) o de relación personal (cuando se margina o aísla a alguien del grupo). Según el trabajo, para el que se entrevistó a más de 120 alumnos, docentes, psicólogos e inspectores, la mayoría de los centros educativos no activan los protocolos si no hay daño físico. "El acoso sigue siendo un problema invisible en las escuelas, que todavía tienen la percepción de que una tasa del 0% es sinónimo de éxito, pero es todo lo contrario. En todos los centros hay casos, y si no se reportan es porque no se están detectando o se están ocultando", apunta Casla, doctor en Estudios Europeos e Internacionales por King's College London

En noviembre de 2016, el Ministerio de Educación puso en marcha un servicio gratuito de atención telefónica para víctimas de acoso escolar (900 018 018), cuyo reglamento incluía la obligación de comunicar todos los casos susceptibles de acoso a la inspección educativa. De las 25.366 llamadas recibidas entre 2016 y 2017, el ministerio identificó 7.508 como posibles casos de acoso, pero solo informó a la inspección de 278 de ellas (el 3,7% del total). "Es muy grave y desde el ministerio no nos dan una explicación", critica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. 

El pasado octubre, cinco meses después de la llegada al poder de los socialistas, la ministra de Educación, Isabel Celaá, externalizó el servicio de atención telefónica, que dejó en manos de la Fundación Anar, con 48 años de experiencia en atención a menores en riesgo. En ese momento se modificó el protocolo y se eliminó la obligación de comunicar todos los casos a la inspección. "El  nuevo reglamento establece que el 100% de los casos deben ser derivados, pero a distintas organizaciones: la Fiscalía de menores, el centro educativo, las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales, sanitarios o la inspección educativa. Cada caso requiere un tipo de atención", explica el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. 

Aunque el ministerio todavía no tiene datos de este curso, sí los ofrece del pasado mes de abril: se recibieron 1.603 llamadas; de ellas, 941 se derivaron a distintos departamentos (de ellos, 370 a servicios jurídicos y 18 a las fuerzas de seguridad para una intervención externa). 

No hay datos oficiales sobre el total de menores que sufren acoso escolar en España. En el informe Una lección diaria: #STOPViolenciaInfantil en las escuelas, que Unicef publicó en 2018, se informaba de que en España, sin datos desde 2014, casi un 17% manifestaba entonces haber sido acosado y el 30% aseguraba haber estado envuelto en una pelea. España es el tercero —entre los 37 países de Europa, EE UU y Canadá— con menor índice de violencia en las escuelas entre estudiantes de 13 a 15 años. 

Sin formación

Los problemas del hijo de Carmen Villar, que vive en A Coruña, empezaron cuando su hijo cumplió 12 años. Tres compañeros de clase comenzaron a hacerle la vida imposible. "Se dirigían a él con motes, le empujaban, le tiraban las cosas... estaba tristón y no quería volver al colegio", cuenta. Después de insistir durante meses, al final consiguió que el centro activara el protocolo anti acoso. A Carmen le sorprendió que llevase el caso la profesora de matemáticas y no un psicólogo. Después de muchos encuentros y charlas, decidieron cerrar el caso porque uno de los tres requisitos no se daba: su hijo no se sentía inferior a los demás y, por tanto, "no se daba un desequilibrio de poder", aunque sí insultos prolongados en el tiempo. "Le tuve que cambiar de colegio, fue muy doloroso para él y, ahora, con 16 años, sigue con terapia". La Inspección Educativa le dijo a Carmen que no la podía ayudar; el centro había archivado el caso. 

El estudio, que se ha centrado en Extremadura y Galicia (los autores aseguran que tanto los protocolos de las Administraciones como el de los centros educativos es similar en las 17 autonomías), denuncia que la formación de los docentes sobre acoso, que es voluntaria, es "insuficiente" e "ineficaz". Ni los programas académicos de los grados en Magisterio ni los másteres en formación del profesorado (para secundaria) contienen herramientas prácticas para prevenir y tratar el problema. 

"Queremos que sea una prioridad para el nuevo Gobierno, que está fallando en la protección de los menores, y para ello necesitamos un sistema de denuncias complementario, que los jóvenes puedan usar a través de Internet", explica Beltrán, quien reclama también la puesta en marcha de los llamados programas de apoyo entre iguales —en los que los adolescentes se escuchan y ayudan entre ellos—en todos los centros educativos del país. 

José Luis Cerezo, profesor de valores éticos en el instituto público Cardenal Herrera Oria, en Madrid, desde hace 14 años, asegura que el acoso escolar ha existido siempre, pero como con la violencia de género, "ahora estamos más sensibilizados y hacemos el recuento". Cree que la clave no está tanto en la formación de los profesores como en la de los alumnos. "Ellos pueden detectar las dinámicas de grupo con mayor facilidad y conocen los códigos", opina. Por eso, cree que los institutos necesitan refuerzos en los departamentos de orientación, que son los que se encargan de enseñar a los chavales técnicas para detectar posibles abusos. En su centro hay una sola orientadora para 550 estudiantes. 

"La prevención es lo más importante y ahí fallamos los docentes, que aunque tenemos guardias para controlar los recreos o las bibliotecas, no podemos llegar a todos los rincones del centro. Cuando ya se da un caso, aplicar el protocolo es sencillo: está explicado paso a paso", cuenta. Entrevistas con la víctima y los acosadores y sus familiares son los primeros pasos de un proceso que puede llevar un mínimo de 10 días. 

En un informe de 2016 de la ONU se documentaron los efectos negativos del acoso escolar en la salud mental, la autoestima o la sociabilidad, consecuencias que tanto las víctimas como los abusadores pueden arrastrar hasta la edad adulta. El acoso, además, aumenta el riesgo de absentismo escolar y el abandono temprano, y suele ser el motivo del empeoramiento en el rendimiento académico. En el último informe PISA (elaborado por la OCDE para medir el nivel de matemáticas, ciencias y comprensión lectora de los alumnos de 15 años), se reflejó que el alumnado de las escuelas con problemas de acoso obtenía 47 puntos menos en ciencias. 

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