Más de un centenar de vertederos suponen un riesgo grave de incendio en España
La Fiscalía de Medio Ambiente insta a Administraciones y dueños a actuar para eliminar el peligro
En España aún existen más de un centenar de vertederos que suponen un riesgo grave de causar incendios forestales. La Fiscalía especializada en medio ambiente ha instado a las Administraciones y propietarios a que actúen para reducir el peligro. La temporada de verano de fuegos aún no ha comenzado y las llamas ya se han comido 32.155 hectáreas de masa forestal en lo que va de año. Además, se han registrado 4.483 siniestros –entre incendios y conatos–, según los datos actualizados a 30 de abril del Ministerio de Agricultura. Y la Fiscalía quiere que se extremen las precauciones sobre esos vertederos, unas instalaciones que muchas veces están detrás de los fuegos.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha enviado a todas las fiscalías provinciales del país un listado con el censo de los vertederos, los tendidos eléctricos y las zonas recreativas con riesgo alto de poder desencadenar un fuego. A través de un oficio acaba de pedir a todos los fiscales especializados en medio ambiente que adviertan a “las Administraciones competentes, propietarios, empresas titulares de la actividad” de que esas instalaciones están calificadas como de riesgo alto para que “adopten las medidas procedentes” y así evitar que se desencadenen incendios.
Este censo se realiza en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cada año. En el último, el de 2018, aparecen 118 vertederos con riesgo alto, según los datos de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata, por ejemplo, de instalaciones ubicadas en zonas forestales sensibles o que no están correctamente gestionadas, explican fuentes del ministerio público. El censo de 2018 incluye 53 líneas eléctricas con riesgo de desencadenar fuegos y 469 áreas recreativas también con riesgos potenciales. En la memoria se explica que, además de instar a que se solventen los problemas de estas instalaciones, cuando finalmente se produce un fuego la Fiscalía investiga a los responsables de estas instalaciones por un delito de incendio forestal en grado de imprudencia.
Líneas eléctricas
En el caso de los vertederos que suponen un riesgo alto, Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de instalaciones (44). Y solo Almería –la provincia que más tiene de toda España– acumula 30 vertederos con riesgo grave.
Respecto a las líneas eléctricas de riesgo potencial, Andalucía también encabeza el listado de comunidades autónomas, con 34 tendidos, y Almería (19) el de las provincias. Y en el caso de las áreas recreativas, Andalucía (133 zonas) y Castilla y León (110) son las autonomías con más instalaciones con riesgo alto de desencadenar un incendio forestal.
La Fiscalía de Medio Ambiente explica en su memoria que el seguimiento se realiza cada año. Y este tipo de campañas ha logrado “reducir considerablemente los incendios forestales causados por estas instalaciones”. Además, según el ministerio público, el número de vertederos, tendidos y áreas recreativas con riesgo alto se ha reducido. Por ejemplo, el año pasado los vertederos de este tipo cayeron casi un 23% respecto a 2017, cuando había censado 153, frente a los 118 de ahora.
El pasado año fue el de menor superficie afectada por los incendios forestales desde que se iniciaron los registros, en 1968. También cayeron considerablemente los incendios y conatos. Y esto supuso que se redujera el número de detenidos e investigados por incendios forestales. Fueron 312, frente a los 555 de 2017. Galicia fue la comunidad autónoma con más detenidos e investigados del país, con 104. Sin embargo, el número de condenas por delitos de incendios creció: pasó de las 136 sentencias condenatorias en 2017 a las 144, según la memoria.
Alcaldes sin planes de emergencias
Las leyes nacionales y autonómicas obligan desde hace años a los Ayuntamientos de municipios ubicados en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de fuegos —los que cuentan con terreno forestal— a elaborar planes de prevención. A través de estos documentos se fijan las medidas para evitar que se produzca un incendio y para coordinarse mejor cuando se inicie. Pero, históricamente, el nivel de cumplimiento de los Consistorios es muy bajo.
Desde el pasado año, la Fiscalía de Medio Ambiente ha puesto a los alcaldes en el punto de mira. Antonio Vercher insta en el oficio enviado la semana pasada a las fiscalías provinciales a que acentúen “la vigilancia” sobre la “existencia o no de los citados planes de prevención, especialmente en aquellos lugares en los que la aparición de incendios es más frecuente”. Vercher, además, pide que en los casos de “grandes incendios” los fiscales “insten las averiguaciones oportunas en orden a la existencia de dichos planes a fin de valorar, en caso de falta de aprobación de los mismos, la incidencia que esa circunstancia haya podido tener en el resultado producido”. La Fiscalía de Medio Ambiente ya advirtió a los alcaldes hace unas semanas de que la ausencia de esos planes podría tener consecuencias penales. Lo hizo tras efectuar un análisis de 151 municipios de cinco comunidades con riesgo de incendio y descubrir que “la mayoría de las poblaciones carecían de plan o el mismo no estaba actualizado”.
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