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Discapacitados intelectuales entregan 25.000 cartas en Moncloa para mejorar su calidad de vida

La asociación Plena inclusión denuncia que las rentas del colectivo son un 25% inferiores y que solo uno de cada cinco trabaja

De izquierda a derecha Zósimo Álvarez, Cristina Paredero, Juan Pérez , Antonio Hinojosa y Maria del Mar Azaña, este viernes en La Moncloa, Madrid.
De izquierda a derecha Zósimo Álvarez, Cristina Paredero, Juan Pérez , Antonio Hinojosa y Maria del Mar Azaña, este viernes en La Moncloa, Madrid.

"Pretendemos lanzarle un reto a este gobierno", ha dicho este viernes Juan Pérez, vicepresidente de Plena inclusión España y padre de un chico con discapacidad. "Se deben producir condiciones de justicia y de equidad para este colectivo", ha remarcado. Miembros de esta asociación, formada por familiares y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, han entregado 25.000 cartas en la sede de la Presidencia del Gobierno para pedir una mejora en sus condiciones de vida. Representan el 1% de la población española, alrededor de 470.000 personas, y exigen a las administraciones públicas que adopten medidas económicas que les aseguren un nivel de protección social y el acceso a los recursos necesarios y en igualdad de condiciones con las demás familias. 

“No te preocupes, los del mundo de la discapacidad tenemos mucha paciencia”, ha ironizado Pérez a los fotógrafos frente al Palacio de la Moncloa. Junto a él ha acudido Cristina Paredero, de 26 años. Tiene síndrome de Asperger, es representante de personas con discapacidad intelectual y miembro de la junta directiva de Plena inclusión España y aún encuentra muchas barreras. "La primera es el empleo", ha explicado, "si bien existe un cupo especial del 2% que obliga a las empresas a contratar a personas con discapacidad, no hay uno específico para personas que tienen una intelectual o del desarrollo, lo que conlleva que nos contratan menos". 

Paredero está desempleada y cobra una prestación imposible de compatibilizar con un trabajo. "En el momento en que quiera empezar a trabajar, no me sale a cuenta. Tendría que encontrar un empleo a media jornada porque también estoy estudiando, y solo cobraría 50 euros más de los que cobro con mi prestación", ha afirmado. La renta en los hogares de este colectivo es un 25% más baja que en el resto, la tasa de actividad es, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 46 puntos menor que la de la población general (un 78% frente al 32%) y la de empleo un 43% más baja (un 62,8% frente al 20%).

"También a la hora de realizar cualquier trámite nos encontramos con muchas barreras. Por ejemplo, si tienes discapacidad es necesario, generalmente, que vayas a una asociación y que te sometas a unas terapias y te den unas determinadas ayudas. Esto generalmente lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Acogerte a la ley de dependencia tarda mucho tiempo y muchas veces, incluso, ni te la concedan. Las ayudas que ofrece el gobierno son bastante escasas y piden muchísimos requisitos, como a la hora de encontrar una vivienda", ha destacado Paredes, que fue desahuciada hace unos meses del piso que compartía con su pareja. 

A esto, se suma que estas personas y sus familias realizan, según Plena inclusión, un sobreesfuerzo económico originado por la necesidad de apoyos y la pérdida de oportunidades, cuantificado en 24.237 euros anuales de media. En el caso de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, este coste asciende a 47.129 euros, según datos de la asociación. María del Mar Azaña es madre de una persona con discapacidad intelectual y representante de familias de Plena inclusión Castilla-La Mancha.

En el encuentro ha incidido en la necesidad de que exista un aumento de la cuantía de la prestación por hijo a cargo para que las madres, que en la mayoría de los casos son las que ejercen como cuidadoras, "no tengan que sacrificar su carrera profesional" por tener que hacerse cargo de sus hijos a tiempo completo. "Y en realidad las familias no somos conscientes de ese sacrificio hasta que pasan unos años y decimos, 'pues es verdad, mi vida personal ha quedado en un segundo plano", ha señalado. 

"Hay muchas personas con discapacidad intelectual, no muy profunda, que quieren tener una vida independiente e integrarse completamente en la sociedad. Y para ello necesitan una serie de recursos económicos. Ellos quieren vivir, tener parejas, un trabajo. Si no tienen un trabajo digno es muy difícil", ha apuntado Zósimo Álvarez, padre de un hombre de 49 años con discapacidad. Por eso reclama una ayuda como la renta básica de inclusión. 

El sistema actual de prestaciones, según Plena inclusión, "no solo no sirve para compensar el sobreesfuerzo de las familias, sino que desincentiva el acceso al empleo y la autonomía de estas personas". Por ejemplo, la prestación por tener un hijo a cargo con entre un 33% y un 65% de discapacidad intelectual es de 1.000 euros al año para familiar con ingresos bajos. La pensión no contributiva por invalidez, que solo se concede a personas con más del 65% de discapacidad, supone una ayuda de entre 107,25 y 429,17 euros al mes. Y para las rentas mínimas garantizadas o de inserción social su umbral mínimo suele rondar los 430 euros mensuales.

Propuestas de Plena inclusión

1.- El acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual considerándolas una unidad de convivencia especial, sin tener en cuenta la unidad familiar, y que esta sea acorde a las necesidades y gastos que conlleva la discapacidad intelectual.

2.- Establecer una garantía de ingreso mínimo específico para las personas con discapacidad intelectual que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional (actualmente 900 euros al mes).

3.- Aumentar la cuantía de la prestación por hijo/a a cargo, incrementándola en un 50% en el caso de hijos menores a cargo con un grado de discapacidad igual o mayor del 33% (para alcanzar los 2.000 euros anuales). Equiparar las percibidas por hijos con 65% o más de discapacidad a las que actualmente se dan a quienes tienen hijos a cargo con un grado igual o superior al 75% (alcanzando los 7.056 euros anuales).

4.- Que exista una adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un trabajo, con el objetivo de no desincentivar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual, algo que genera autonomía y oportunidades de inclusión.

5.- Asegurar mejoras en el régimen fiscal del IRPF y del patrimonio protegido que compensen la situación desfavorecida de las personas con discapacidad y sus familias.

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