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La justicia obliga a la Xunta a elevar el grado de discapacidad de un chico con una enfermedad rara

El juez reprocha que no se le den más puntos pese al "tremendo esfuerzo" que hace para obtener su brillante expediente académico con tan precaria visión

Fran Amor, con la lupa y el flexo que utiliza para estudiar.
Fran Amor, con la lupa y el flexo que utiliza para estudiar.

La batalla judicial de la familia de Fran Amor, un muchacho de la localidad gallega de Oleiros (A Coruña) que al igual que su madre padece una enfermedad rara llamada aniridia binocular congénita que le dificulta enormemente la visión, se ha saldado con una victoria, aunque parcial. Los padres del joven, que a sus 18 años recién cumplidos apenas conserva un 24% de borrosa visión y sufre fotofobia, cataratas y glaucoma, presentaron una demanda contra la Xunta reclamando que se aumentara su grado de discapacidad del 70% al 76%. Entre sus argumentos esgrimían que en 1991 se le concedió a su madre un 81% con el mismo nivel de desarrollo de esta patología degenerativa e incurable. El juzgado de lo social número 2 de A Coruña ha dictaminado que la Consellería de Política Social debe elevar el porcentaje hasta el 75%.

"Estamos totalmente satisfechos porque esta sentencia nos abre la puerta a más becas y ayudas", afirma Sandra Llopis, madre de Fran, quien anuncia que la familia no recurrirá el fallo pero sí reclamará daños y perjuicios. La resolución da por buena la cifra del 64% que establecieron los equipos de la Xunta evaluando solo cuestiones médicas, es decir, las deficiencias derivadas de la enfermedad. Pero le suma 11 puntos más por factores sociales, frente a los seis que concedió la Administración autonómica. “No cabe acudir por comparación a la situación de la madre”, rechaza, sin embargo, el fallo, “dado que su grado de discapacidad se le reconoció en un procedimiento y con una normativa anterior”.

El juez Javier López Cotelo es especialmente duro con la baja calificación que los equipos de la Xunta le dieron al muchacho por las circunstancias socioeconómicas que afronta cada día. Los técnicos no le otorgaron, por ejemplo, ni un solo punto por la “dificultad de acceso a recursos educativos”. “Resulta llamativo que no se haya concedido punto alguno a Francisco por este factor”, apunta el juez, quien ve “claramente acreditado el tremendo esfuerzo” que el joven ha de hacer para cursar sus estudios. El titular del juzgado de lo social número 2 de A Coruña destaca que los “brillantes resultados académicos” del chico, que está en segundo de Bachillerato y sueña con estudiar Psicología Clínica en la Universidad, “solo pueden ser posibles a consecuencia de su admirable esfuerzo personal y su encomiable voluntad de superación”.

El fallo argumenta que la complicada situación económica de la familia impide que el chico pueda acceder a recursos educativos que le facilitarían mucho su lucha diaria pero que no puede adquirir por su elevado precio. Cita, entre otros, unos prismáticos especiales “que le permitan realizar una lectura más cómoda e incluso más rápida, dentro de lo que cabe”; instrumentos auxiliares que perfeccionen la iluminación, el contraste y la postura de trabajo; y herramientas informáticas que facilitan el uso de los ordenadores a estudiantes con baja visión.

“Hay que favorecer la integración [de Francisco] con todos los medios de los que se disponga, y no reconociendo puntuación alguna por este factor social no parece que se esté haciendo”, le dice el juez a la Xunta. “Que por este motivo Francisco no deje de seguir estudiando dada la supina dificultad que le supone hacerlo en sus circunstancias”, demanda López Cotelo. La madre de Fran asegura que el nuevo grado de discapacidad de su hijo le permitirá acceder a ayudas para adquirir esos aparatos, además de optar a un complemento de la pensión no contributiva y de tener derecho a la matrícula universitaria gratuita.

El juez no acepta, sin embargo, el reproche de la familia de Fran a la Xunta por no recoger “debidamente” el diagnóstico de la aniridia en los dictámenes de valoración. Según el fallo, el equipo técnico de la Administración autonómica “siempre reconoció, desde el primer momento, que la patología o enfermedad que tenía Francisco era la aniridia completa, y así se desprende de todos los dictámenes técnicos facultativos y de los dictámenes médicos que obran en el expediente”.

La sentencia admite que el documento en el que se establece el grado de discapacidad contiene unos cuadros de cobertura obligatoria para los equipos de valoración en los que “no están codificadas todas las posibles enfermedades y patologías existentes”. Pero añade que la relación de códigos que se olvida de la aniridia “viene dada a nivel nacional” y su ausencia “no es imputable” a la Xunta, además de tener solo “efectos estadísticos”. "Nos ponemos a disposición de la Federación Estatal de Enfermedades Raras (Feder) para, con esta sentencia, continuar la lucha a nivel estatal para que estos códigos incluyan y visualicen estas dolencias", señala la madre del joven.

Los servicios jurídicos del Gobierno gallego están estudiando si presentan recurso contra la sentencia, aunque un portavoz de la Consellería ha defendido este viernes que el juzgado “refrenda en lo esencial la valoración de los equipos de la Xunta: la valoración [actual] de la parte médica y las valoraciones anteriores”. El Gobierno gallego también sostiene en un comunicado, en contra de lo defendido por la familia, que el aumento del grado de discapacidad ordenado por el fallo judicial “no implica ninguna diferencia a la hora de acceder a ayudas y prestaciones”.

Por decisión del juez, Fran Amor podrá, “si lo desea”, obtener una copia de la sentencia original “con el tamaño de la letra que le facilite su lectura por sí mismo”.

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