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El calvario de una niña violada que intentaba abortar en Argentina

La pesadilla de una menor de 11 años y los médicos que le practicaron la césarea revela la fuerza de los poderes conservadores

Monjas y abogados, juntos en la 'Marcha por la vida' el sábado en San Miguel de Tucumán.
Monjas y abogados, juntos en la 'Marcha por la vida' el sábado en San Miguel de Tucumán.
San Miguel de Tucumán

Crucifijos, estampitas de la virgen de la Merced, del papa Francisco y carteles con el mensaje "Salvemos las dos vidas" —la de la madre y la del feto— decoran hospitales, escuelas, taxis, farmacias y otros negocios de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. En un hospital a las afueras de esta capital provincial, el pasado 29 de enero ingresó una niña de once años embarazada de 21 semanas. Se la conoce como Lucía para proteger su identidad. Contó que su abuelastro la había violado y expresó un deseo tajante: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo". La ley la amparaba, pero el Gobierno tucumano tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo y solo actuó cuando recibió un oficio judicial. Ya era demasiado tarde: los médicos dijeron que existía riesgo para su vida y le practicaron una cesárea. La bebé, concebida por su violador, de 65 años, pesaba 660 gramos al nacer. La llamaron Faustina. Murió a los 10 días.

La intervención quirúrgica se realizó en la noche del 26 de febrero, mientras medio centenar de personas protestaba a las puertas del Hospital del Este Eva Perón. El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, había instado horas antes a los fieles a custodiar la vida de la niña (cuyo nombre real reveló, en violación de la ley) y "del bebé por nacer". Cuando murió, los médicos que la operaron fueron denunciados por homicidio.

"Faustina luchó por su vida durante 10 días. Una niñita de 21 centímetros, de 660 gramos, murió desnuda y solita en una incubadora y queremos que su muerte no sea en vano. Por eso nos hemos reunido un grupo de médicos y abogados para ver qué podemos hacer", asegura Mara Mockevich, una de las letradas querellantes. "No estamos hablando de aborto sino de homicidio, porque penalmente el aborto es la muerte del feto y esta niña nació viva. Debido a la extrema prematurez a la que fue obligada a nacer es que murió", subraya. Niega también que la vida de Lucía estuviese en peligro.

Sin educación contra el abuso sexual

Tan solo el 21% de los alumnos de colegios privados de Tucumán y el 32% de los públicos han recibido información en clase sobre cómo evitar el abuso sexual, según los resultados de la evaluación oficial Aprender. Los métodos de prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual son los conocimientos menos enseñados en las escuelas, de acuerdo con las respuestas de los alumnos.

En la "Marcha por la Vida" celebrada el pasado sábado en San Miguel de Tucumán, la columna de abogados levantaba carteles de "Justicia por Faustina". La concentración reunió a miles de personas ataviadas con pañuelos celestes, el color que identifica a los detractores del aborto en Argentina. Imágenes religiosas y leyendas a favor de las dos vidas se mezclaron con proclamas contra la ley de educación sexual integral y el misoprostol, el medicamento usado para los abortos farmacológicos.

El matrimonio de tocoginecólogos José Gijena y Cecilia Ousset, que practicaron la cesárea, confían en que la acusación no prospere. En una carta abierta, argumentaron haber actuado "a pedido de las autoridades" en cumplimiento de "las normas legales vigentes".

Desde 1921, en Argentina el aborto es un delito penado con cárcel excepto en casos de violación y riesgo para la salud de la madre. En 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema ratificó la despenalización para toda víctima de abuso sexual. Pero el derecho de esas mujeres a una interrupción legal del embarazo no está garantizado en el norte del país. Con el tiempo en contra, muchas se ven superadas por los obstáculos y terminan por desistir. Tucumán, una de las provincias más conservadoras, no tiene protocolo propio de aborto no punible ni sigue el nacional. Es la única que tampoco se ha adherido a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de 2002, que contempla la distribución gratuita de anticonceptivos en hospitales.

El calvario de una niña violada que intentaba abortar en Argentina

En Tucumán solo dos hospitales públicos realizan abortos no punibles y casi todos los médicos que trabajan en ellos son objetores de conciencia. En el caso de Lucía, la fiscalía de Homicidios emitió un oficio en el que advertía que interrumpir el embarazo podía suponer la comisión de un delito. Por miedo a las consecuencias legales, los dos únicos médicos no objetores del hospital se negaron a realizar la intervención. Las autoridades llamaron entonces a Gijena. Aceptó para "terminar con la tortura" a la que estaba siendo sometida la niña, en sus propias palabras. Cuando la pareja de médicos llegó al hospital encontró a Lucía aferrada a la mano de su madre y jugando con muñecas. 

Amenazas a los médicos

Poco antes de entrar al quirófano, el ginecólogo había recibido en su consultorio una amenaza telefónica, según la reconstrucción de esa noche que realizó Sebastián Ángel Zazzali en la revista Tucumán Zeta. "Va a pagar caro lo que está por hacer", auguró una voz anónima. Se ha cumplido. Los dos profesionales han sido blanco de amenazas e insultos y han tenido que cambiar de escuela a sus hijos después de que la institución se negase a matricular a uno de ellos. Consideran que la denuncia por homicidio, inédita en Argentina para una interrupción legal de embarazo, pretende amedrentar a la comunidad médica "para que nadie más se atreva a hacerlo".

En las calles se ven pintadas a favor del derecho de la mujer a decidir y el aborto legal también se reivindica en carteles colgados en la Universidad Nacional de Tucumán, pero en la política el rechazo es unánime. El pasado agosto, 39 de los 43 legisladores votaron a favor de declarar a Tucumán "provincia provida". Hace una semana, el vestíbulo de la legislatura provincial fue ocupado por organizaciones antiabortistas que mostraban vídeos de la vida intrauterina y fetos a tamaño natural. Tampoco se avecinan cambios después de las elecciones de este 2019: los candidatos a gobernador del peronismo y de Cambiemos se oponen a cambiar la ley.

El caso de Lucía, reflejado en medios de todo el mundo, ha mostrado la resistencia al aborto no punible en Tucumán. Fue necesario presentar un amicus curiae (tercero ajeno en un litigio que ofrece su opinión para colaborar en la resolución) ante la justicia y una petición formal ante la Administración para que las autoridades provinciales cumpliesen la voluntad de la niña y de su madre, explica Flor Vallino, abogada de Andhes, una de las organizaciones que las apoyaron.

La mayoría de tucumanas desconoce sus derechos sexuales y reproductivos, advierte Soledad Deza, de Católicas por el derecho a decidir y Mujeres x Mujeres, dos de las ONG que han denunciado a la cúpula del Ministerio de Salud "por incumplimiento de deberes de funcionario público" en el caso Lucía. Las embarazadas que no pueden alegar un motivo legal buscan ayuda fuera del sistema de salud, a través de abortos clandestinos en los que se juegan la vida. Si sufren complicaciones van con miedo a urgencias. "Los médicos pueden culparte y meterte en cana (en la cárcel) como a esa chica Belén", responde una joven a la salida de un hospital. Hace referencia a una mujer de 27 años que en 2014 fue condenada a ocho años de cárcel por un aborto. Cumplió dos, hasta que un tribunal superior la absolvió en medio de multitudinarias movilizaciones de apoyo.

Una manifestante antiaborto sostiene una Virgen de la Merced en la 'Marcha por la vida'.
Una manifestante antiaborto sostiene una Virgen de la Merced en la 'Marcha por la vida'.

El Senado argentino rechazó el pasado agosto el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, pero el resultado adverso no ha disuadido al pujante movimiento feminista del país. Sus referentes presionan para que pronto sea ley y la lucha se visibiliza en las calles de Buenos Aires con pañuelos verdes anudados a mochilas, carteras y muñecas. Pero en esta ciudad, situada unos 1.100 kilómetros al noroeste, se ha ensanchado la grieta. Los vínculos entre el poder político, eclesiástico y judicial parecen hoy más estrechos que hace siete meses. En noviembre, 29 de los 43 legisladores presentaron un proyecto para prohibir la interrupción del embarazo incluso en casos de violación, en clara contradicción con la legislación vigente. "El fallo F.A.L. no es vinculante para las provincias", dice convencido Salvador María del Carril. Este abogado, patrocinador de la denuncia por homicidio, luce en su traje un pin albiceleste con forma de feto y se muestra a favor de que cada aborto no punible tenga que ser autorizado por un juez, no como ahora, que basta con una declaración jurada de la embarazada.

"Los grupos provida tienen información desde dentro de los hospitales antes que nadie", comentan muchos de los entrevistados. En la vigilia frente al hospital, los manifestantes hicieron todo lo posible por frenar la operación autorizada. No lo lograron, pero volverán a intentarlo. "En el norte no hay una única Lucía, hay muchas", lamenta Deza.

"El médico me dijo que si Dios me lo mandó así, tenía que recibirlo"

A diferencia de Lucía, la mayoría de casos están invisibilizados. Karina cierra sus ojos negros y rompe en llanto al recordar el infierno que atravesó hace un año. Esta tucumana de 29 años llegó al hospital del Este desfigurada por los golpes que le había propinado su pareja en la cara y el estómago, pero la médica, cuando escuchó que quería abortar, la palpó y le dijo que volviera a su casa porque no estaba embarazada. Desesperada, intentó ahorcarse. Sus padres la salvaron y días después la animaron a visitar el tren sanitario argentino, dependiente del Gobierno nacional, que recorre las provincias para dar asistencia médica. Uno de los profesionales la derivó a una psicóloga y a una abogada que la guió para que se garantizase su derecho.

En 2016, Nelly tenía 34 años y ya era madre de un niño cuando se enteró de que el segundo hijo que esperaba sufría anencefalia, una grave malformación cerebral. En la maternidad la derivaron a una psicóloga que le habló de su derecho a interrumpir el embarazo, pero su obstetra se opuso. "Me decía que si Dios me lo mandó así, tenía que recibirlo así, pero yo no quería porque sabía que no iba a vivir", recuerda esta tucumana en la sede de Mujeres x Mujeres, la ONG que intervino para ayudarla. "También me dijo que me iba a explotar el útero si abortaba. Pero eso no pasó y un año después tuve otro hijo", dice aliviada.

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