Las comunidades sufren para encontrar aseguradora para sus errores médicos
Las pólizas han subido un 27% hasta sumar 65 millones en tres años. Desde 2016, se suceden concursos desiertos por la retirada de grandes firmas
La sanidad pública paga facturas cada vez más elevadas para asegurar a sus profesionales y afrontar las indemnizaciones que provocan los errores involuntarios y negligencias. Los 16 sistemas de salud autonómicos con sus sanitarios asegurados —todos excepto Canarias— pasan serios aprietos para renovar sus pólizas con las grandes aseguradoras, que exigen cada vez más dinero para cubrir la responsabilidad civil de los médicos y están dejando desiertos los concursos públicos en algunas autonomías. El patio está revuelto y la factura global ya asciende a 65 millones, al aumentar el coste una media de un 27% en tres años tras las últimas renovaciones de pólizas, según fuentes del sector asegurador.
Las razones de esta subida son varias. Por una parte, el nuevo baremo para accidentes de tráfico de 2016 —tabla de referencia utilizada por los jueces para los errores médicos ante la ausencia de una ley específica— establece indemnizaciones más altas para los casos graves. Pero, además, las demandas han crecido por una mayor conciencia del paciente para litigar y los procesos se eternizan por los recursos, lo que provoca más costes judiciales.
En los últimos dos años las compañías tradicionales como Zurich o Mapfre han abandonado a los Ejecutivos autonómicos —a todos excepto al canario, que optó por eludir el seguro y pagar después de cada juicio perdido— porque el negocio dejó de ser tan rentable como antaño, y han entrado nuevas firmas aseguradoras, la mayoría extranjeras, como Berkshire Hathaway. “Para evitar esta dinámica peligrosa de escalada de precios, el Gobierno debe fijar por ley los baremos de indemnización y así evitar la sensibilidad de cada juez ante los errores”, censura Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. El anterior Gobierno del PP dejó en el tintero el desarrollo de la Ley de Baremo indemnizatorio y el actual aún está trabajando en él.
Los errores médicos son inevitables en un sistema que practica cuatro millones de operaciones quirúrgicas cada año. Óscar Sánchez, de 42 años, se sometió en 2013 en el Hospital Reina Sofía de Murcia a un baipás gástrico para atajar su obesidad mórbida, pero la operación le provocó graves daños neurológicos. “Hoy está inválido de una mano, necesita un andador para caminar y la cabeza la tiene regular”, relata su madre, Carmen Ibáñez. La indemnización que abonó Mapfre fue de 500.000 euros.
Con una carga de trabajo asistencial cada vez mayor, apunta Phillipe Paul, director ejecutivo de la aseguradora francesa Sham, que cubre a Cataluña, Madrid y el País Vasco, “la responsabilidad civil médica en España está en una encrucijada. Tenemos un problema de rentabilidad”, admite. Mientras, la histórica aseguradora Zurich ha dado un paso atrás: "Seguimos asegurando a la Administración pública, pero revisamos hace ya un par de años el aseguramiento relacionado con la responsabilidad civil médica para reequilibrar nuestra cartera y reducir nuestra exposición en líneas de negocio con inestabilidad a largo plazo", explican fuentes de la firma.
Hasta 2002, cuando el servicio nacional de salud Insalud se disgregó en 17, el Ministerio de Sanidad pagaba una póliza de 18,5 millones anuales a la aseguradora Zurich. Desde entonces, la escalada ha sido imparable y en los últimos años ha pasado de 50 a 65 millones. Algunas comunidades renuevan sus seguros año a año y otras por periodos más amplios.
La subida de precios también la notan los médicos en el pago anual de sus pólizas colectivas de los colegios profesionales, que pueden contratar para reforzar su protección ante posibles errores. “Aunque no siempre es la mala praxis de un cirujano”, añade Paul, “también suma la evolución tecnológica [problemas originados por nuevas prótesis, entre otros] y la organización”.
La prueba más palpable de la crisis actual del sector son los concursos públicos desiertos, que han sufrido comunidades como Galicia, Andalucía, Aragón y Murcia, que han visto cómo ninguna compañía pujaba por asegurar a sus médicos. La solución ha pasado siempre por sacar una segunda oferta más golosa. Aragón, por ejemplo, ofertó a principios de año una póliza por 3,1 millones —ya elevada desde los 2,6 millones anteriores— y aun así, ninguna empresa pujó.
Si la póliza que paga la Comunidad de Madrid asciende a 12 millones anuales, la de Andalucía supone al menos 15 millones y el País Vasco suma 5,5 millones. Cataluña abona 22 millones y tiene una fórmula mixta de póliza, que incluye el seguro de los cuatro colegios de médicos, por lo que la cuantía total suma 140 millones en cuatro años. Cuando algún sistema de salud ha dudado si podía afrontar el esfuerzo económico de pagar pólizas más caras, los médicos han protestado al sentirse desprotegidos y los Gobiernos regionales han dado marcha atrás.
Un facultativo sevillano demandado explica el mal sabor de boca que dejan estos litigios, incluso cuando la razón les asiste. “El Servicio Andaluz de Salud nunca nos arropó, nadie se ha dirigido a ninguno de los cinco médicos en siete años de proceso, a pesar de que no llegamos a juicio porque hubo buena praxis. Tengo la conciencia muy tranquila”, explica este médico que exige anonimato.
La muerte de un hombre en Urgencias del Hospital Virgen de Macarena en 2012 provocó la querella por vía penal de su familia contra cinco médicos del servicio. Tras diversos archivos judiciales en primera instancia, la Audiencia de Sevilla decretó que se debía celebrar juicio para dilucidar qué ocurrió, pero la aseguradora acordó indemnizar a la víctima antes de la vista, por lo que esta retiró la demanda minutos antes del juicio, el pasado enero.
La cifra global de negligencias y errores médicos es difícil de cuantificar. La mayoría de regiones han rechazado facilitarla a este periódico, así como a los sindicatos médicos. “La hemos pedido a todas las comunidades, pero a la Administración le cuesta ser transparente”, critica Miralles. Pero las aseguradoras certifican el aumento de la litigiosidad por estos casos. Como ejemplo, la sanidad de la Comunidad de Madrid tuvo 238 errores médicos en 2018 que derivaron en indemnizaciones por 6,6 millones, según el Ejecutivo autonómico.
“A pesar del incremento de precios, la sanidad pública no renuncia a contratar un seguro por el hecho de que las cosas empeoren. Si no lo pagan vía prima, lo terminarán pagando vía indemnizaciones”, valora Francisco Sánchez, director de Health & Pharma del broker Aon España. Diego de la Torre, de Willis Towers Watson, otra intermediaria, añade: “Hay mercado y eso es lo positivo, hay que adecuar esa oferta a las primas que se pueden pagar. El mercado es volátil, pero hay mercado”. Y Óscar Noguerón, de la correduría Marsh, remata: “Los ajustes de los costes en el sector público, sumado a la alta siniestralidad ha desembocado en nuevos sistemas y nuevos mercados”.
AIG ya ha avanzado que este verano se retira de Andalucía porque los números no le salen. “La póliza de AIG tiene una prórroga hasta junio (…) Los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud nunca se van a quedar desatendidos en su responsabilidad civil”, tranquilizan fuentes de la Junta. Todo error involuntario conlleva una responsabilidad profesional y otra patrimonial, ambas cubiertas por la póliza del servicio de salud, que complementa el seguro del colegio oficial de médicos que paga cada facultativo.
Las aseguradoras intentan minimizar los riesgos financieros, pero también que los servicios de salud aprendan de los errores y estos se corrijan. Para ello, intentan afinar los planes de seguridad del paciente y trabajan codo con codo con los departamentos de formación y prevención. El Gobierno de Canarias ha rechazado explicar por qué opta por no asegurar a sus médicos y si es una opción rentable.
“Las compañías han dicho me retiro a los cuarteles porque ya era difícil asegurar los siniestros, que tardan mucho en resolverse. Encima ahora tenemos un marco legislativo incierto y las indemnizaciones crecen”, censuran fuentes del sector, que aseguran que la rentabilidad es nula porque el coste de las indemnizaciones supera a lo pagado por la póliza. ¿Cómo pueden entonces aceptar el reto de perder dinero las nuevas aseguradoras extranjeras? ¿Dónde está el negocio? “Es incuestionable que se ha perdido dinero, pero tener 10 millones en mano te sirve para tener financiación e invertir”.
¿Es usted paciente o profesional de la sanidad pública? Si ha detectado deficiencias o carencias en la atención o en el sistema, puede contárnoslo en sanidadpublica@elpais.es
El auge de la medicina defensiva genera más gasto
La multiplicación de demandas de los pacientes ante posibles errores médicos tiene una consecuencia directa: de manera preventiva, muchos médicos realizan pruebas solo para atesorar argumentos ante el juez en caso de ser demandados. "La medicina defensiva es un factor de crecimiento del gasto sanitario, especialmente en Estados Unidos pero también en España. Consiste en realizar más pruebas de las estrictamente necesarias para estar más seguros del diagnóstico y luego probar en los tribunales que su comportamiento no ha sido negligente", explica Félix Lobo, economista de la Salud de la Universidad Carlos III de Madrid. "Un posible remedio sería la protocolización de la medicina. Eso sí, a menudo los jueces buscan eliminar totalmente el riesgo y esto es un gravísimo error y sobre todo es carísimo, no merece la pena", ilustra el experto.
Un estudio con 1.449 médicos de servicios de urgencias encuestados en 2017 reflejó que el 89% de los facultativos admitió realizar pruebas diagnósticas de "utilidad dudosa" parar prevenir ulteriores reclamaciones e indemnizaciones. ¿A qué es debido? Los médicos lo achacan a la percepción, compartida por el 91% de los encuestados, de que "la presión judicial ha aumentado" en los últimos años. En paralelo, un 63% de los médicos afirmó que se alargan "de forma innecesaria los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados" por prevención ante posibles trabas legales.
Es reveladora la percepción de los facultativos sobre si las gerencias de los hospitales arropan su labor en urgencias cuando surge un problema: el 88% considera que la protección de las estructuras sanitarias les protege poco (59%) o nada 29%). ¿Es necesario potenciar la formación médico-legal de los médicos? Un 96% respondió que sí. La encuesta fue encargada por la Organización Médica Colegial, entre otros organismos preocupados por el auge de la medicina defensiva.
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