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El Supremo cierra la puerta a la muerte en público del Toro de la Vega

El tribunal no admite el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas que quería que el torneo concluyera con el animal alanceado hasta morir

Festejo del Toro de la Vega en 2017 en Tordesillas. En vídeo, el Toro de la Vega visto desde el objetivo de dos fotógrafos de EL PAÍS.

El festejo del Toro de la Vega no volverá a celebrarse de la manera tradicional. El Tribunal Supremo ha acabado con cualquier posibilidad de resucitar el torneo medieval tal cual se celebró tradicionalmente: alanceando al toro hasta darle muerte después de acosarlo a la orilla del Duero. El alto tribunal no ha admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) que pretendía enmendar la sentencia, también contraria, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este tribunal, en abril pasado, dio la razón al decreto ley 2/2016, de 19 de mayo, del Gobierno regional que prohíbe la muerte del animal como guinda del torneo. Una norma que también es aplicable a otros festejos semejantes si los hubiera. Por tanto, desde 2016, el torneo se sustituyó por un encierro en el que no se mata al animal en público.

La providencia del alto tribunal ha hecho firme dicha resolución judicial, que dictó la sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal autonómico. En ese fallo, se rebaten los razonamientos del municipio, que apelaba, entre otras cuestiones, a que el decreto ley del Gobierno de Castilla y León eliminaba la “esencia del rito popular que da origen a las corridas de toros”. Otro de los argumentos esgrimidos se refería a que al rito del Toro de la Vega asistían “40.000 aficionados frente a 100 animalistas”, además de que la muerte del astado no atentaba contra su dignidad, sino que, por el contrario, la aumentaba. Para el Ayuntamiento no existía una justificación real para eliminar la muerte del toro.

La decisión final del Supremo supone, indicó el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela (PSOE), que la Corporación “carece de legitimidad” para trasladar al Tribunal Constitucional (TC) su queja contra la decisión del tribunal autonómico.

Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista Pacma, ha trabajado durante años por la prohibición del Toro de la Vega. Ella estaba convencida de que no existía ninguna posibilidad de recurrir. Ahora, celebra la decisión del Supremo, porque elimina de forma definitiva una práctica que ellos consideran que “no es acorde con la sensibilidad de la sociedad actual”.

Su partido, continuó, ha batallado “durante 11 años por la vía de la concienciación y por la legal” para poner fin a este festejo. Según Barquero, la providencia del alto tribunal es una primera victoria en su lucha por acabar con las distintas fiestas relacionadas con la tauromaquia. Ahora, “el Toro de la Vega se ha convertido en un encierro más, y lo rechazamos, tanto este como los demás”.

Durante años se produjeron en la localidad, coincidiendo con los festejos, fuertes enfrentamientos con grupos animalistas que llegaban en autobuses. Eso fue remitiendo una vez que se prohibió el alanceamiento y la muerte del animal, una polémica que divide a los vecinos.

Tras conocer la providencia, el regidor de Tordesillas anunció que la Corporación, con el consenso de Grupo Popular, ha solicitado un informe a los servicios jurídicos externos “para ver qué posibilidades se abren ahora”. Este informe será puesto a disposición de la corporación resultante tras las próximas elecciones municipales del próximo 26 de mayo “para que decida qué es lo que se hace”, añadió González Poncela, quien en esta ocasión no optará a la alcaldía.

La ruta de la lidia: del ruedo al banquillo

Más allá del Toro de Vega, la propia lidia lleva varios años saltando del ruedo a los tribunales en sintonía con la creciente sensibilidad animalista en España y en otros países. Recientemente, además, se ha convertido en uno de los argumentos tradicionalistas de Vox y el PP. El Gobierno del PP declaró los toros “patrimonio cultural inmaterial” mediante dos leyes, en 2013 y 2015. Estas son las últimas decisiones judiciales.

El pasado diciembre, el Constitucional anuló varios artículos de la ley balear de toros de 2017 por la que el Parlamento de las islas prohibía la muerte del animal en la plaza. La sentencia reinstauró las corridas tradicionales y subrayó que esa ley “perturba” la competencia estatal sobre ese patrimonio cultural inmaterial.

En 2016, el Constitucional había anulado también la ley catalana que prohibió en 2010 las corridas de toros, aunque la alcaldesa, Ada Colau, proclamó que Barcelona seguiría siendo territorio libre de toros. El Ayuntamiento barcelonés se había proclamado antitaurino en 2004, prohibiendo también los correbous, que siguen vigentes en pueblos de Cataluña. Un juzgado de Alicante anuló el pasado enero la decisión del Ayuntamiento de Villena por la que rechazó en 2017 una corrida de toros.

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