La vacunación obligatoria en las escuelas infantiles se abre paso en España

Galicia quiere convertirse en la tercera comunidad autónoma de España que exige que los niños estén vacunados para poder entrar en sus escuelas infantiles públicas. Mientras en Castilla y León y Extremadura este requisito está vigente desde 2012, los juristas de la Xunta buscan su encaje legal teniendo en cuenta que en España la inmunización de los niños es voluntaria, una condición que, según explica la Asociación Española de Pediatría (AEP), impide extender la medida a las etapas de educación obligatoria.

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Los pediatras aplauden el paso que pretende dar el Gobierno gallego, pero advierten de que se trata solo de un gesto para concienciar y que no resuelve ningún conflicto porque no lo hay. “Aquí no hay un problema de salud pública. No nos pasa como a Italia o Francia, donde han bajado las coberturas tanto que tienen brotes importantísimos de sarampión y no les queda más remedio que poner alguna vacuna obligatoria”, explica Francisco Álvarez, miembro del Comité de Vacunas de la AEP.

El Gobierno gallego también reconoce que incluir el cumplimiento del calendario de vacunas entre los requisitos para entrar en sus escuelas infantiles “no pretende atajar un problema” porque en esta comunidad el porcentaje de pequeños de hasta tres años que han recibido esta protección ronda el 99%. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la media española de cobertura en esas edades tempranas es del 97%. En Extremadura, donde no solo se exige para formalizar la matrícula que las familias acrediten que al menor le han puesto todas las inyecciones recomendadas sino también su “compromiso formal” de hacerlo durante el tiempo que acuda al centro, la cifra hasta los 3 años se acerca al 95%. En algunos territorios como la Comunidad Valenciana las escuelas infantiles públicas preguntan a las familias si los críos están vacunados, pero solo a título informativo.

"A mí esta medida me tranquiliza; si una familia no está de acuerdo, como no es una etapa obligatoria, que no lleve a su hijo a estos centros y ya está", argumenta Teresa Rodríguez, madre de un bebé que acude a la escuela infantil que la Xunta gestiona en O Burgo, en el ayuntamiento de Culleredo (A Coruña). Rodríguez cuenta que en su entorno no conoce a padres antivacunas, una postura que "no tiene a la ciencia de su lado" y que, esgrime, supone "un paso atrás" porque propicia el resurgimiento de enfermedades.

La Xunta está a la espera de un informe jurídico aunque entiende que no habrá problemas legales para introducir las vacunas como requisito en el decreto que regula la admisión en escuelas infantiles de su competencia gracias a la jurisprudencia acumulada en los últimos años. Sendas sentencias de los tribunales superiores de Cataluña y La Rioja avalaron en 2000 y 2002 respectivamente la negativa de dos guarderías a aceptar el ingreso de unas niñas que no contaban con esta protección. Recientemente un juzgado de Barcelona ha hecho lo mismo en el caso de un centro municipal. “Se prima el derecho colectivo de los niños a la salud frente al individual de los padres a la libertad ideológica”, subraya un portavoz de la Consejería de Política Social de la Xunta, que espera poder aplicar la medida el curso que viene si el dictamen llega a tiempo.

El dilema holandés

La legislación sobre vacunas a lo largo y ancho del planeta es variopinta. Según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, son 12 los países de la Unión Europea que cuentan con un calendario obligatorio (Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia).

En Holanda, donde estas protecciones sanitarias son voluntarias como en España, el Gobierno evaluó en 2018 la posibilidad de imponer la inmunización para que los niños fueran aceptados en las escuelas infantiles. El Instituto Nacional para la Salud y el Entorno había constatado el descenso en los índices de vacunación en todo el país, que en algunas inyecciones como la triple vírica (paperas, rubeola y sarampión) pasó de una cobertura en 2014 del 96% en menores de 5 años a un 92,9%.

El asunto llegó al Parlamento, pero la coalición de centro derecha en el poder no se puso de acuerdo sobre las medidas a adoptar. El Ministerio de Sanidad esgrimió que los menores pueden contagiarse también fuera del jardín de infancia y que prohibirles la entrada vulneraba el principio de no discriminación protegido por la Constitución, ya que existen comunidades que rechazan estas protecciones por motivos religiosos. Finalmente se ha optado por mejorar la información a los progenitores tanto en las consultas médicas como en campañas específicas, informa Isabel Ferrer.

El debate sobre la obligatoriedad de las vacunas también arrecia en Estados Unidos. En 17 de sus 51 Estados las familias pueden optar por no vacunar a sus hijos apelando a sus creencias o convicciones personales pero, según publicó hace unos días el diario The Washington Post, los brotes de sarampión que se han producido en algunos puntos del país han multiplicado las iniciativas legislativas para intentar restringir estas exenciones.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) no considera necesario que España modifique su sistema de vacunación haciéndolo obligatorio porque las coberturas son “muy buenas” y el cambio podría provocar “rechazo”. A Francisco Álvarez, experto en vacunas de esta organización, la medida que intenta implantar Galicia le parece “excelente hablando con el corazón”, aunque también confiesa ciertas dudas jurídicas: “Son muy pocos niños los que no se vacunan, pero reconozco es una forma de concienciar a sus padres para que se mentalicen de que las vacunas son necesarias y se informen bien, que no caigan en el esnobismo y no se confundan porque no hay vida más sana que utilizar vacunas”. Y como forma de promover sin forzar, este pediatra cita el ejemplo de Australia, que al igual que España tiene un alto porcentaje de niños vacunados. Allí las familias que cumplen puntualmente con el calendario de inyecciones son gratificadas con rebajas fiscales.

Con información de Javier Martín-Arroyo, Mikel Ormazábal, Ignacio Zafra, Oriol Güell, Juan José Mateo, Javier Doria, Lucía Bohórquez, Virgina Vadillo y Pedro Murillo