Una crisis de credibilidad clamorosa

Eufemismos aparte (Santa Sede, Su Santidad el Papa, Vicario de Cristo…), resulta ya obsceno sostener que el Pontífice romano y los obispos son una referencia moral para el mundo, si es que alguna vez lo fueron desde que Constantino los encumbró como religión del Imperio y una iglesia hasta entonces perseguida con saña se convirtió en la religión perseguidora. “De pronto, cuánta suciedad”, lamentó Benedicto XVI hace diez años. Para entonces, ya se sabía que él mismo había sido encubridor, enviando, incluso, una carta a los obispos que ordenaba que actuasen en secreto y remitiesen a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidió cuando era el cardenal Ratzinger, todos los casos de pederastia.

Por si había dudas (EL PAÍS documentó certezas), el mismísimo Francisco confirmó hace un mes, en el avión de regreso a Roma desde Panamá, el episodio de encubrimiento más notorio. “El papa Benedicto tuvo todos los papeles sobre una organización religiosa que tenía corrupción en su interior, económica, sexual. Pero había filtros por los cuales no podía llegar al meollo. Con ganas de ver, hizo una reunión. Después, fue allí [a ver a Juan Pablo II] con todos sus papeles. Cuando volvió, dijo a su secretario: 'Archiva la carpeta, ganó el otro partido".

Francisco lo contó como “anécdota”. Resulta una categoría desastrosa. Los documentos se referían a los Legionarios de Cristo y a su fundador, Marcial Maciel. El prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el cardenal João Braz, reconoció en enero pasado que el Vaticano tenía los documentos desde 1943. “Quien lo tapó era una mafia, ellos no eran Iglesia”, sentenció. ¿Que no eran qué? ¿No era iglesia el cardenal Castrillón cuando, siendo nada menos que prefecto de la Sagrada Congregación del Clero, mandó en 2001 una carta a un obispo francés regocijándose porque no había denunciado ante las autoridades civiles a un cura que abusaba sexualmente de menores? “Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote", le decía. La misiva salió de Roma por indicación del ya santo Juan Pablo II y de Ratzinger, según el propio Castrillón.

“No se castiga a un amigo del Papa”, justificaban. Efectivamente, Juan Pablo II consideraba “apóstol de la juventud” a Maciel, que, un lince también para los negocios (universidades, colegios, agencias…), solía colmar de dinero y regalos a la corte del Papa cuando el carismático fundador pasaba por Roma. Apenas muerto el papa polaco, Benedicto XVI desempolvó los documentos y mandó al crápula, que tenía también hijos con varias mujeres, de regreso a México con la orden de desaparecer.

Durante años, y aún hoy, la jerarquía católica ha creído que los medios de comunicación, cuando informan sobre pederastas eclesiásticos, lo hacen para hacer daño a la Iglesia romana. “Saltaba a la vista que la información no estaba guiada por la pura voluntad de transmitir la verdad, sino que había también un goce de desairar y desacreditar”, dice Benedicto XVI en el libro ‘Luz del mundo’ (Editorial Herder. 2010). Y peor. “Vedlos en guerra contra nosotros, una cosa del diablo”, ha dicho el miércoles pasado, con su habitual majeza peronista, el mismísimo Francisco. “No se puede vivir toda una vida acusando a la Iglesia. ¿El oficio del acusador de quién es? No les oigo. Del diablo. Los que pasan la vida acusando son no hijos, pero sí amigos, primos y parientes del diablo”.

Fue un mal aperitivo de la cumbre, pero hubo más. No podía faltar un cierto desprecio a la mujer, acrecentado con esa obsesión episcopal, del Pontífice argentino en primer lugar, contra el feminismo, la ideología de género y contra cualquier manifestación que se salga de la meliflua referencia a la Virgen María. “Todo feminismo termina siendo un machismo con faldas”, le matizó Francisco a la primera mujer que habló ante el pleno de cardenales.

Se han escuchado críticas muy severas en la cumbre (“asesinos de la fe”, dijo una víctima a los reunidos). Se ha rezado mucho. Algunos ancianos cardenales han llorado. Pero las conclusiones son de Perogrullo: que las leyes y normas están claras y solo falta cumplirlas con el máximo rigor. Si eso es todo, no es suficiente. El descubrimiento de casos y las denuncias acaban de empezar y nadie podrá ya acallarlos. La buena voluntad se supone; por lo demás, a estas alturas del escándalo no les queda más remedio. Pero el problema es tan profundo (“el cráter de un volcán”, define Ratzinger) que exige reformas de fondo, quizás un sínodo o, incluso, un concilio universal. Es toda la Iglesia romana la que ha sido puesta en cuestión. Por ejemplo, no puede sostenerse el tipo de enseñanza que reciben los seminaristas (el cáncer alcanza sobre todo a los obispos, que antes fueron seminaristas). No es razonable sostener la infalibilidad del Papa (¿quién se atreve a contradecir a quien se siente Dios en la tierra?). No es saludable que los sacerdotes se crean vicarios de Cristo con todo el poder.

Había un chiste en los años 50 del siglo pasado, cuando en España empezaban a instalarse semáforos en algunas ciudades. “Cuidado con los curas. No tienen la obligación de pararse”. La Iglesia que se cree “una sociedad perfecta” (artículo uno del concordato con el Vaticano, aún latente) transmite esa prepotencia a sus funcionarios. Además, está el secretismo interno, que se quiere imponer al exterior (por no hablar del secreto de confesión por encima de la ley, que estos escándalos ponen en cuestión), un secreto que la jerarquía impone más allá de la razón política. Por ejemplo, las negociaciones con el Papa para el nombramiento de obispos, sobre los que el Gobierno español debe dar el visto bueno, no hay manera de que dejen de ser secretas (“por ambas partes”, exige lo concordado con el Vaticano en 1976), y los obispos no solo no ceden, sino que avanzan.

Hace tres años arrancaron del Gobierno Rajoy que las Cortes ignoren cuánto dinero recibe la Conferencia Episcopal de los Presupuestos del Estado (256,2 millones este año), sin que los católicos pongan ni un euro de su bolsillo. Y la misma prepotencia y secretismo se exige a los tribunales de justicia, que no pueden molestar sin permiso eclesiástico (si el delincuente es un obispo, la autorización será del mismísimo Papa) a sacerdotes que hayan cometido delitos. Es obvio que la inmensa mayoría de los eclesiásticos son honrados. Callado está dicho, aunque la jerarquía no pare de recordarlo. La crisis de credibilidad es tan clamorosa que ya no bastan proclamaciones ni golpes de pecho. O emprenden reformas profundas, como cuando Lutero les puso ante un espejo igualmente horrible, hace apenas quinientos años, o el cráter se hará cada vez más insondable.