Cuando la denuncia de abusos no se cree: el caso archivado de un niño sordo

El problema de los abusos de menores para salir a la luz no es solo que no se denuncian, sino que las denuncias de presuntos casos muchas veces no prosperan. El reciente proceso del colegio del Opus Dei en Gaztelueta (Bizkaia) es emblemático. Los padres del menor denunciaron, la causa fue archivada y desistieron por consejo médico por el desgaste que sufría su hijo, pero cinco años después el chico, al llegar a la mayoría de edad, lo denunció él mismo. Fue entonces, el pasado mes de noviembre, cuando los tribunales le dieron la razón. Condenaron a 11 años a un profesor, aunque el colegio sigue diciendo que es mentira.

Una historia de uno de esos casos archivados, por el momento, y que demuestra la complejidad de estas denuncias es la de Mateo, nombre ficticio de un niño con discapacidad auditiva que ahora tiene 14 años. Según acusa, sufrió abusos de los 4 hasta casi los 7 años de dos profesores seglares de un colegio religioso concertado del centro de Salamanca, específico para menores con discapacidad, entre 2009 y 2011.

Responsables del centro y uno de los acusados, que no desean ser citados, explican a este periódico que, en su opinión, fue todo una invención y el niño "estaba manipulado". La dirección del colegio, que asegura que no recibió más denuncias, mantuvo en todo momento en sus puestos a los acusados. Uno era docente de religión y otras materias y el otro, de gimnasia, aunque no le daba clase. El colegio no tomó ninguna medida contra ellos y siempre defendió su inocencia. Uno continúa como profesor y el otro, afirman, se ha jubilado hace poco.

En cambio, Elisa, nombre también ficticio de la madre del niño, es una mujer desesperada por no ser creída y a quien la psicóloga de su hijo le dijo sin género de dudas, en un informe demoledor, que el chico había sufrido graves abusos sexuales. Ese estudio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye lo siguiente: “El menor ha sido víctima de abusos sexuales con características sádicas anales y orales, en multitud de ocasiones (…) Está adentrado en un síndrome ansioso-depresivo severo reactivo a una situación de estrés postraumático”.

Elisa presentó una denuncia en 2011, logró reabrir el caso tras dos archivos y finalmente desistió de recurrir el último en marzo de 2015, "por el interés prioritario del menor", según el escrito final de su abogado. Ella relata que cuatro años de proceso les estaban agotando, también económicamente, y asegura que además sufrían amenazas. Pensaron que era lo mejor para su hijo, por el momento. Era la palabra de un niño contra la de unos adultos y la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca archivó la causa de forma provisional a la espera de posibles nuevas pruebas, al considerar que no se habían hallado indicios suficientes. Elisa cree que no se ha hecho justicia: “Solo dicen que yo estoy loca y mi hijo también”. Afirma indignada que “no se investigó nada” y "tardaron años" en llamarla a declarar a ella y a su hijo. Mateo sigue manteniendo su acusación: “Cuando tenga 18 años, denunciaré yo mismo”. Si es así, será en 2022.

Elisa ha contado su caso a EL PAÍS, y también ha aceptado que su hijo preste su testimonio. El relato de ambos es muy duro. Ella cuenta que Mateo cambió de carácter tras llegar al colegio en segundo de educación infantil. Tenía comportamientos y miedos extraños. Entre otros episodios que la alarmaron, un día vio al niño simulando el acto sexual con una muñeca. Otro, observó sus genitales hinchados y acabó en urgencias, con un parte que indicaba “posible agresión sexual”. “Hasta que un día explotó, contó todo. Se enfadó tras una discusión. Decía llorando que todos le reñían, también en el colegio y entonces dijo: mira, mira lo que me hacen. Se desnudó, se puso en cuclillas en el sillón, se abrió el culete y dijo: me meten un palo muy duro”. En sus dibujos aparecen escenas inquietantes con detalles sexuales. Elisa le sacó del colegio y emprendió un largo proceso judicial.

A Mateo, que ha pasado años en terapia psicológica y, según cuenta su madre, ha tenido intentos de suicidio, le cuesta mucho hablar de esto. “Te queda una marca en el cerebro que tendré toda la vida”, explica. Al preguntarle cómo se siente al no ser creído opina que “para mucha gente es difícil tener la sensibilidad o la maldad para creer algunas cosas”. Dice que tiene miedo de encontrarse por la calle con los acusados y que aún espera justicia. Su madre sostiene que otros niños de la edad de Mateo, algunos con otras discapacidades, sufrieron abusos, pero sus familias no han querido denunciar. Asegura que dio nombres de posibles víctimas al juez, para que lo investigaran, pero afirma que “no hicieron nada”. Un abogado de Salamanca ha confirmado a este periódico que conoció dos presuntos casos más, pero finalmente las familias no quisieron denunciar. Los abusos, según el relato de Mateo, ocurrieron en el colegio y también en un hotel cercano y en otros lugares fuera del centro, a donde le llevaban en horario de clase.

Valorar el testimonio de la víctima

El que era entonces el abogado de la familia, que no desea ser identificado, opina que fue una causa muy difícil y varios jueces, de instrucción y en la audiencia provincial, no consideraron suficientemente acreditadas las acusaciones. Eso a pesar del testimonio del niño y del contundente informe psicológico que presentó la familia. Sin embargo, los estudios periciales de las partes no suelen ser tenidos en cuenta. Manuela Torres, abogada de Salamanca especializada en agresiones sexuales, que no llevó este caso, y miembro de la asociación de mujeres juristas Themis, explica que es una práctica habitual en los juzgados: “Las víctimas de abusos siempre se encuentran con el problema de ser creídas, casi nunca hay pruebas físicas y suelen aportar informes de los psicólogos que los han tratado. Pero el juez raramente los considera, se toman como informes parciales, no objetivos, porque son pagados por la parte, y solo se creen imparciales los de los forenses del juzgado”. Opina que se debería valorar más como prueba el propio testimonio de la víctima, tal como avala el Tribunal Constitucional y el Supremo, siempre que cumplan unos determinados criterios de credibilidad. Por otro lado, aunque el juez crea que se han cometido abusos, otro problema distinto es acreditar con certeza la identidad del autor.

En este caso, el informe de los forenses del juzgado concluía que “no se ha podido conseguir una narración en torno a los hechos de las diligencias, ni de forma verbal (…), ni de forma no verbal, a través del dibujo, que haga referencia a hechos o temas relacionados con conductas de agresión sexual”. En el auto judicial de archivo posterior, la magistrada admitía su perplejidad por el informe pericial de la familia, en contraste con el de los forenses del juzgado: “Ciertamente, (…) sorprende por su contenido”. Pero, finalmente, consideró las conclusiones “cuando menos, desproporcionadas”.

Manuela Torres, en todo caso, cree que se archivan “más casos de abusos de menores de los deseables, porque si no son clarísimos suponen una patata caliente, más aún en ciudades pequeñas o pueblos y si implican a un cura o un colegio religioso”. Su experiencia es esta: ha llevado en torno a cincuenta casos de presuntos abusos de sacerdotes en Salamanca durante 25 años, pero solo han llegado juicio tres. Con dos condenas y un archivo.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es