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Chile | 148 investigaciones abiertas y 225 víctimas de abusos

Tras la visita de Francisco hace un año, los obispos han comenzado un drástico proceso de reestructuración

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, celebra una misa en la catedral de Santiago, en mayo de 2018.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, celebra una misa en la catedral de Santiago, en mayo de 2018.

El papa Francisco recibió en Roma a los miembros de la Conferencia Episcopal chilena el pasado 14 de enero. Quería que estos le informaran del avance de las investigaciones contra los miembros de la Iglesia relacionados con denuncias de abuso sexual a menores. La cita fue catalogada como “un diálogo preciso” por parte del obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, quien además será quien presente los antecedentes chilenos en la cumbre que arranca este jueves. En Chile, donde tras la visita del Papa, la Iglesia comenzó un drástico proceso de reestructuración, hay 148 investigaciones abiertas y 225 víctimas. 

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La visita de Francisco a Sudamérica en enero de 2018 dio paso a la crisis de confianza más grande que recuerda la Iglesia en Chile. En paralelo a las actividades del Papa, se levantaron protestas en contra de la participación de Juan Barros, el entonces obispo de la ciudad de Osorno, acusado por las víctimas del abusador Fernando Karadima de encubrir los delitos por los que el influyente religioso fue condenado por la justicia canónica y luego expulsado del sacerdocio. Aunque en un primer momento el Papa relativizó las denuncias sobre Barros y dijo que “no hay una sola prueba en contra”, cuando abandonó Chile ordenó una investigación a sus dos hombres de confianza: el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu.

El llamado informe Scicluna llegó a manos del papa Francisco y en los meses siguientes el Pontífice reconoció en una carta a la comunidad chilena “haber incurrido en graves errores de valoración”. En esos días comenzaron a conocerse nuevos casos de presunto abuso en el interior de la Iglesia y el escándalo llegó a espacios como la diócesis de Rancagua —donde la investigación presume la existencia de un esquema de encubrimiento conocido como “La Cofradía”— o la Congregación de los Hermanos Maristas, que se dedica a la educación desde hace más de cien años y en cuyos colegios se denuncian violaciones desde hace décadas. En medio de la discusión, el gobierno de Sebastián Piñera impulsó un proyecto de ley para hacer imprescriptibles los delitos de abuso sexual contra menores.

Desde que visitó Chile, el Papa ha dado a los abusos cometidos en Chile un trato especial. En abril recibió en el Vaticano a las víctimas de Karadima y luego citó a todos los obispos chilenos a un encuentro donde les entregó un duro documento en que hablaba de "la dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia". Como respuesta, todos los obispos dejaron sus cargos a disposición de Francisco y en los meses siguientes se produjeron siete renuncias —incluyendo la del cuestionado Juan Barros— que fueron aceptadas.

En la actualidad, varias diócesis chilenas están bajo el mando de un administrador provisional, lo que demuestra el proceso de reestructuración que enfrentan. En diez años, y según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la confianza en las iglesias y organizaciones religiosas ha pasado del 55% al 17%. Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que hay 148 investigaciones de abusos vinculadas a la Iglesia católica en Chile y que los casos ascienden a 225. Entre los denunciados hay 202 personas relacionadas con la institución, de los que 119 son sacerdotes y 8, obispos.

La Iglesia tiene en marcha un programa de Prevención de Abusos para evitar que se den este tipo de delitos y prestarle ayuda a las eventuales víctimas. Según un reporte de este organismo, al 23 de enero de este año, 19 clérigos habían sido condenados en el ámbito civil y 29 por el plano canónico por delitos contra menores de edad.

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