Expertos de la Universidad de Barcelona rechazan los vientres de alquiler por la “explotación de la mujer”

El Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona (UB) se ha unido a las voces contrarias a los vientres de alquiler (una práctica también conocida como gestación subrogada o por sustitución que supone que una mujer gesta un hijo del que cede la maternidad y paternidad a otras personas). El Grupo de Opinión del Observatorio ha lanzado un documento de posicionamiento en el que rechaza esta práctica al considerar que "abre la puerta a situaciones de explotación de la mujer y del niño". Los expertos consideran que los vientres de alquiler alientan "la instrumentalización y cosificación de la mujer".

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Hijos bajo contrato

"Nuestra propuesta es que nos quedemos como estamos", ha señalado este martes María Casado, directora del Observatorio. En España, la Ley de Reproducción Humana Asistida recoge la nulidad de los contratos de gestación subrogada. El problema es que muchas parejas recurren a gestantes de otros países donde esta práctica no está prohibida y luego regresan a España con el bebé nacido solicitando el reconocimiento de su filiación legal con el niño. Para proteger el interés del menor y en la línea de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Dirección General de los Registros y del Notariado estableció en 2010 unas pautas para permitir la filiación de los hijos a través de un vientre de alquiler (tener una resolución judicial del país de la gestante, por ejemplo).

El Observatorio de Bioética de la UB defiende que la gestación subrogada "no es una técnica de reproducción asistida más". "El embarazo genera un vínculo emocional entre la gestante y el feto que no debe estar sujeto a relaciones contractuales", ha apuntado Manuel López Baroni, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e integrante del observatorio del campus catalán. Los expertos sostienen que esta práctica requiere la participación de una mujer en un proyecto reproductivo ajeno de una forma "cuantitativa y cualitativamente distinta a cualquier otra colaboración reproductiva". Cuantitativamente, por el tiempo que requiere entre quedarse embarazada y los meses de gestación. Y cualitativamente, porque esta práctica requiere que la gestante no se implique emocional ni psicológicamente y renuncie luego a todo vínculo personal y afectivo.

Los expertos también insisten en la idea de que el deseo de una pareja de tener hijos no lo convierte en un derecho. Y advierten, además, de que esta práctica supone "la mercantilización del cuerpo humano". "Es difícil aislar la gestación por sustitución del contexto del lobby económico que hay alrededor", ha avisado Casado. Asimismo, los expertos rechazan el mantra de que, si se trata de una elección individual de la gestante, no hay explotación. "La posibilidad de elección individual viene determinada por la posición socioeconómica que se ocupa en la actual sociedad de mercado", apunta el documento.

El Observatorio sostiene, en definitiva, que la gestación subrogada "genera numerosas dudas sobre los derechos de las gestantes, así como sobre la situación de explotación de las mujeres". 

Norma garantista

Con todo, avisan, si los legisladores optan por modificar la normativa y flexibilizar o permitir esta práctica, sería preciso que fuese una legislación "garantista". Así, los expertos apuestan por que haya un control judicial exhaustivo del proceso y que se excluya a los intermediarios con afán de lucro.

El Observatorio también defiende que la gestante —no así la pareja que alquila un vientre ajeno— tenga derecho a cambiar de opinión durante todo el proceso y que los comitentes pasen un control de idoneidad, con los mismos filtros que hay para entrar en un proceso de adopción, por ejemplo.