El Ejecutivo alemán pacta suavizar el veto de publicitar prácticas de aborto

Informar pero bajo estrictas condiciones. Ese es el resultado de la polémica reforma legal sobre la publicidad del aborto al que han llegado los partidos de la gran coalición del Ejecutivo alemán, después de meses de arduas negociaciones y encendido debate. La reforma cuenta con el rechazo de los partidos y organizaciones progresistas, porque la consideran demasiado tímida y piden la abolición total de la prohibición de anunciar prácticas de interrupción del embarazo.

La disputa ha girado en torno al ya famoso artículo 219 a del código penal alemán, una reliquia legal de tiempos del nazismo, que castiga con una pena máxima de dos años a quien publicite servicios de interrupción del embarazo. El acuerdo alcanzado por el bloque conservador de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas tiene como objeto ampliar ese artículo para permitir el acceso a la información relativa al aborto, según informaron los medios locales. El pacto debe ser aún aprobado por el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones.

La reforma no elimina el castigo a la publicidad sobre el aborto, pero si permitirá informar a los centros médicos de que allí se practican abortos. Los centros podrán hacerlo público en sus páginas web. Quien desee obtener información adicional deberá dirigirse a las autoridades y las asociaciones médicas. Además, la Asociación de Médicos de Alemania dispondrá de una lista en la que aparecerán todos los centros que practican abortos y con qué métodos. La reforma también incluye una ampliación de la financiación de píldora anticonceptiva por parte de las mutuas de salud hasta los 22 años.

El 219 a supone una rareza legal en el contexto europeo. El año pasado, la ginecóloga Kristina Hänel fue multada con 6.000 euros por anunciar en su página web información acerca de dónde acudir en caso de aborto. El objetivo que subyace en esta regulación es desmotivar a las mujeres a interrumpir su embarazo. En Alemania el aborto está permitido durante el primer trimestre de gestación y siempre previa consulta y asesoramiento con un especialista.

Tanto el partido socialdemócrata (SPD), como la mayoría de la oposición –La Izquierda, Verdes y Liberales- defienden sin embargo la eliminación del polémico 219 a. También lo hacen organizaciones por el derecho a decidir, que mostraron su rechazo al proyecto de reforma legal del 219 a, por considerar que sigue criminalizando la publicación de información relativa al aborto y que las mujeres deberían poder obtener toda la información necesaria y detallada de sus médicos, sin tener que acudir a otras instancias. Paul Ziemiak, secretario general de la conservadora y gubernamental Unión Demócrata Cristiana tuiteó, sin embargo: “El Gobierno aprueba la reforma, pero la prohibición de anunciar permanece. Una buena noticia”.