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El Gobierno irlandés pondrá “zonas de seguridad” en las clínicas abortistas

Los grupos antiabortistas convocan protestas frente a las instalaciones

Manifestantes antiabortistas en mayo de 2018 en Dublín.
Manifestantes antiabortistas en mayo de 2018 en Dublín.

El Gobierno irlandés ha mostrado ya su preocupación por los primeros episodios de acoso a pacientes y clínicas en las que se practica la interrupción voluntaria del embarazo, y se ha comprometido a estudiar medidas extras de seguridad como el establecimiento de perímetros seguros en torno a las instalaciones. Un puñado de activistas se concentró este lunes a las puertas del Hospital de Lourdes, en la localidad de Drogheda, en respuesta a una convocatoria de los grupos antiabortistas en Twitter. “El Hospital de Lourdes practicará su primer aborto este lunes por la mañana. Por favor, rezad con fuerza para que la madre reconozca que el bebé es un regalo de Dios”, había tuiteado en su cuenta Ray Kinsella, profesor de Economía de la Universidad de Dublín y notorio combatiente del derecho a la libre interrupción del embarazo.

No ha sido el primer incidente de estas características. El jueves pasado, otro puñado de manifestantes se colocó ante las puertas de otra clínica en la localidad de Galway.

Desde principios de año, Irlanda ha comenzado a aplicar la nueva ley de interrupción del embarazo, respaldada mayoritariamente el año pasado en referéndum y que pone fin a décadas en las que esta práctica estaba prohibida constitucionalmente. Al menos 200 profesionales de la medicina se han comprometido ya a atender a las mujeres que lo requieran. Bajo la nueva cobertura legal, el aborto estará permitido incondicionalmente durante las primeras 12 semanas de la gestación.

La intimidación ejercida por los grupos antiabortistas ha despertado un sentimiento contrario de gran parte de la población irlandesa. Hombres y mujeres han comenzado a organizarse también a través de las redes sociales, bajo el hashtag #SiulLiom (Camina conmigo, en irlandés), y se han comprometido a acompañar a las clínicas a todas las mujeres que requieran su apoyo.

Profesionales del derecho como Mairead Enright, una profesora de la Universidad de Birmingham de nacionalidad irlandesa, han exigido legislación adicional que asegure que ni mujeres ni profesionales sanitarios se sientan intimidados. "Se trata de mandar un mensaje preciso sobre el libre acceso a estas clínicas", ha explicado Enright, especializada en la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito del Derecho. "Hay que enviar el mensaje de que ya no se puede permitir que se estigmatice o intimide a aquellas mujeres que están accediendo a un servicio legal y público".

Las protestas, hasta el momento, no han pasado de ser residuales. A pesar del arraigado catolicismo de la República de Irlanda, es mayoría la población que considera llegado ya el momento de ampliar el abanico de libertades del país y situar el derecho de las mujeres a la libre interrupción de su embarazo en el nivel de otros países europeos. El conflicto es sobre todo ético y legal. Frente al derecho a la privacidad e intimidad de los pacientes, los grupos antiabortistas reivindican su libertad de expresión para llevar a cabo estas prácticas intimidatorias. "Los que ofrezcan servicios de aborto sufrirán protestas y piquetes por toda Irlanda. Ocurre en otras democracias y ocurrirá en la nuestra, de un modo cada vez más intenso. Es un derecho democrático", ha escrito en Twitter Declan Ganley, un conocido empresario muy activo en los grupos contrarios al aborto.

Un portavoz del ministro de Sanidad, Simon Harris, ha expresado el compromiso del Gobierno de evitar a toda costa este tipo de protestas a las puertas de las clínicas. "El ministro está convencido de que el aborto debe formar parte de un modo normal de nuestro sistema de salud pública. Admite que esto supone un incremento del riesgo de protesta y está decidido a introducir zonas de acceso seguro a las clínicas como una prioridad", ha dicho.

El Gobierno se ha comprometido además a incrementar el número de profesionales que puedan facilitar la libre interrupción del embarazo. La ley contempla la objeción de conciencia de los médicos, y hasta la fecha el número de sanitarios dispuestos a atender a las mujeres se ha quedado muy lejos de las cifras previstas.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se ha sumado también a la condena de las protestas. "Respeto a las personas que son pro-vida y se oponen al aborto, pero no creo que pueda impedirse a nadie acceder a un servicio médico. Hay otros modos de protestar", ha dicho.

El arzobispo de Dublin, Diarmuid Martin, ha expresado su oposición a este tipo de protestas con señalamiento público y exigido mayor contención a los grupos antiabortistas. "Se puede protestar bajo el estado de derecho y la Constitución, no se puede evitar, pero yo sería particularmente prudente al hacerlo enfrente de estas clínicas. Acude mucha gente a ellas y lo hace por diferentes motivos. No soy muy partidario de las protestas públicas. Lo que la Iglesia debe hacer es ayudar de un modo firme a las mujeres en crisis y educar a la gente de un modo amplio sobre el asunto", ha dicho en la cadena  RTÉ Radio 1.

 

 

 

 

 

 

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