El Supremo de Pakistán ratifica la libertad para Asia Bibi

El Tribunal Supremo de Pakistán ha ratificado este martes la puesta en libertad de Asia Bibi, una campesina cristiana que pasó ocho años en el corredor de la muerte tras ser condenada por insultar al islam. La anulación de esa sentencia el pasado octubre llevó a un grupo de islamistas radicales a recurrir contra su absolución y pedir que se la ejecutara. El caso no solo ha revelado las irregularidades del proceso inicial, sino que ha sacado a la luz la polarización de la sociedad paquistaní ante la controvertida ley de blasfemia.

“Por méritos propios, esta apelación queda desestimada”, ha proclamado el juez Asif Saeed Khosa, citado por la prensa paquistaní. Sus palabras constituyen un golpe para el partido integrista Tehreek-e-Labaik que tras la sentencia exculpatoria de octubre lanzó a sus seguidores a la calle y paralizó el país durante tres días de protestas. La movilización solo cesó cuando el Gobierno aceptó que Asia Bibi no abandonara Pakistán hasta que fuera resuelto el recurso presentado por Mohammad Salam, el mismo clérigo que la denunció en 2009.

Entonces, dos mujeres musulmanas con las que trabajaba en el campo la acusaron de haber insultado al islam a raíz de una disputa porque había usado para beber el mismo recipiente que ellas no siendo musulmana. Asia Bibi, que tenía 38 años, fue sentenciada a muerte en 2010 y perdió una apelación ante la Audiencia Provincial de Punjab cuatro años después. Siempre negó la blasfemia.

Ahora, el Supremo ha reiterado que la condena contra Asia Noreen (nombre legal de la mujer conocida con la fórmula de respeto popular de Asia Bibi) se basó en pruebas falsas. “Se dijeron tales mentiras que una declaración no encaja con la otra”, ha manifestado el juez citado por el periódico Dawn.

Asia se ha enterado de la noticia por televisión, según ha contado una amistad a la agencia Associated Press. “Estoy muy agradecida a todo el mundo, por fin después de nueve años se confirma que estoy libre y podré abrazar a mis hijas”, ha reaccionado de acuerdo con la misma fuente. Desde octubre, la mujer ha estado bajo custodia de los servicios de seguridad en un lugar no revelado ante el temor de que los exaltados seguidores de ese grupo pudieran asesinarla. No sería el primer caso. Al menos 70 acusados han muerto linchados por turbas enardecidas desde 1990.

El propio abogado de Asia, Saiful Malook, se sintió obligado a pedir asilo en Holanda tras las amenazas que recibió cuando el Supremo decretó la libertad de su defendida el año pasado. Malook regresó no obstante para la vista de este martes. Concluida la pesadilla judicial, Asia podrá finalmente reunirse con su familia. Según dijo a Efe el abogado, sus dos hijas se encuentran ya en Canadá, cuyo primer ministro, Justin Trudeau, se ofreció a ayudar el año pasado.

Pero el peligro no ha pasado. El líder en funciones de Tehreek-e-Labaik, Shafeeq Ameeni (que sustituye a Khadim Husain Rizvi, detenido en las protestas de octubre), ha rechazado el veredicto y convocado a sus seguidores a nuevas manifestaciones. El Gobierno de Imran Khan no se toma a broma las amenazas del grupo como lo prueba el imponente despliegue policial establecido alrededor del Supremo.

Los activistas de derechos humanos llevan años pidiendo la abolición de la controvertida ley de blasfemia, aprobada en 1987 durante la dictadura de Zia ul Haq, y por la que cualquiera acusado de insultar al islam, su profeta o su libro sagrado puede ser condenado a muerte con el simple testimonio de un musulmán. Se trata de un asunto extremadamente delicado en un país muy conservador y con una elevada tasa de analfabetismo entre sus 200 millones de habitantes (el 96,5% de ellos musulmanes).

El menor rumor puede desatar una turbamulta incontrolable, algo que algunos clérigos extremistas no han tenido empacho en utilizar contra sus rivales. A menudo, su objetivo han sido miembros de la minoría cristiana, pero también políticos liberales como Sherry Rehman, antigua embajadora de Pakistán en EE UU. Aunque en los últimos años ha habido algunas condenas por blasfemia, el Estado no ha ejecutado a nadie. El mayor peligro es que los exaltados se tomen la justicia por su mano, como sucediera en 2011 con el gobernador de Punjab Salman Taseer, a quien mató su propio guardaespaldas por defender que había que revisar la ley, precisamente a raíz de la condena a Asia.