El Gobierno sellará para siempre el almacén de gas Castor
La ministra Teresa Ribera no se compromete al desmantelamiento de una instalación que ocasionó terremotos y costó más de 1.700 millones de euros
![Plataforma del almacén subterráneo de gas Castor, en el mar Mediterráneo, frente a la costa castellonense.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/HDM5KFBKCA5EXILLQWRGWMDJNA.jpg?auth=06b8b0b1a4602e21a9548be3291aa2332c74f6849d766caa958ac25cefa90e64&width=414)
![Esther Sánchez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F702a1198-03a7-4c3a-820b-cfb53ff62e3d.jpg?auth=1d09d173e92e240d7d581b961859b829288cdf15280c80b93e5b3f1fad103357&width=100&height=100&smart=true)
El problemático y fallido almacén de gas natural Castor no se abrirá nunca. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este martes durante una comparecencia en comisión en el Senado que "existe un compromiso político claro de no reactivarlo y facilitar su clausura definitiva". "Nosotros pensamos que solo se puede optar por la clausura. La solución técnica es el abandono definitivo y el sellado de los pozos", ha añadido. El depósito, situado a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs, en Castellón, está parado desde septiembre de 2013. La ministra ha anunciado la contratación "inminente" de una empresa externa para llevar a cabo los estudios, porque se requiere personal muy cualificado. La propuesta se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es "acelerar" este proceso, ha asegurado.
El fiasco, en cuya aprobación ella intervino en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, le han recordado a la ministra los senadores, ha costado 1.350 millones de euros. Cantidad a la que hay sumar 110 millones que había recibido la promotora, además de otros 295,6 millones en concepto de "derechos retributivos" por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. En total, más de 1.700 millones. El proyecto se paralizó debido a que se produjeron medio millar de seísmos relacionados con la inyección de gas en el almacén, que ocupa un antiguo yacimiento de petróleo. "Las cosas han cambiado mucho desde entonces, si se hiciera un nuevo estudio hoy no estaría esta instalación", se ha defendido Ribera.
La ministra ha advertido que "formalmente" todavía no se ha tomado ninguna decisión "de manera oficial" sobre el futuro de la instalación. La decisión última de poner fin a la hibernación en la que se encuentra con un sellado provisional compete al Consejo de Ministros. El desmantelamiento de la plataforma, tanto de la parte subterránea como la que asoma por encima de la superficie del mar, va para más largo, si es que se llega a producir. Ribera ha admitido que hay riesgo de terremotos mayores si la instalación se pusiera en funcionamiento y que, en las condiciones de demanda actual, la infraestructura no es necesaria "ni en el corto, ni en el medio ni en el largo plazo".
El almacén está cerrado desde abril de 2016, pero de forma temporal, con unos tapones que se deben reforzar cada cuatro años, porque, como ha indicado Ribera, "van sufriendo una degradación y no se pueden prolongar durante mucho tiempo", por lo que "hay que tomar una decisión". El año pasado, los gastos de mantenimiento de Enagás ascendieron a unos 8,7 millones de euros. El mantenimiento de almacén paralizado acumula gastos de unos 50 millones de euros. Con respecto al yacimiento, está completamente sellado y lo único que se mantiene en la actualidad es una rutina de control y monitorización. Tampoco se registra ninguna actividad sísmica.
Ribera ha escuchado las críticas de los senadores por un proyecto fallido y se ha excusado señalando que "hoy se sabe que actividades en lugares tan sensibles como los fondos marinos son especialmente complicadas". Otra cuestión que se ha tratado en el debate es quién se va a hacer cargo de los costes de todo el proceso. La ministra ha reconocido que se trata de un "asunto enormemente embrollado" con procesos judiciales abiertos. El Ministerio de Transición Ecológica sigue evaluando qué costes se pueden repercutir. Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén Castor y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura de los ciudadanos, "más los daños causados".
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