¿Qué hacemos con el fiasco de Castor?

A 21 kilómetros de la costa de Vinaròs, en Castellón, está varado desde septiembre de 2013 un fiasco de miles de toneladas de peso y millones de euros de coste. Este fallido almacén de gas natural, denominado Castor, formaba parte de la red de silos estratégicos ideada a principios de este siglo. Pero el proyecto se paralizó a finales de 2013 tras medio millar de pequeños seísmos, que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero relacionaron con la última fase de inyección del gas colchón en el almacén, que ocupaba un antiguo yacimiento de petróleo.

Un año después de paralizar el almacén ante la alarma creada, en octubre de 2014, el Gobierno pagó a la promotora del proyecto Escal UGS SL (controlada en un 66,7% por ACS) los más de 1.461 millones de euros que costó el proyecto y se quedó con el silo. Luego, la factura se ha ido ampliando hasta superar los 1.700 millones. Enagás se hizo cargo de las instalaciones en 2014 y las dejó, por orden del Ejecutivo, en situación de "hibernación". 

Pero en el mismo real decreto ley por el que se ordenaba pagar el coste de las obras a la promotora y dejar en situación de hibernación el almacén, ya se hablaba del futuro de estas instalaciones. Se instaba a Enagás a encargar nuevos informes para determinar si la plataforma se puede volver a abrir o si se tiene que cerrar y proceder "al desmantelamiento" al "existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente".

Enagás encargó al prestigioso Massachusetts Institute of Technology un informe sobre el almacenamiento, que debía haberse concluido a finales de 2016, aunque ha sufrido varios retrasos. Fuentes de Enagás indican que el objetivo del informe era determinar si existe un "clara relación causa efecto entre la inyección del gas y los terremotos y en función de eso decidir si se podría utilizar en condiciones seguras". También, "si se podía haber previsto" lo que ocurrió con los temblores. 

El Ministerio de Energía presentará el informe del MIT este miércoles. A partir de ahí, será una decisión política optar por la reapertura, algo que podría resultar muy polémico con los antecedentes de esta instalación, o por el desmantelamiento.

¿Cuánto cuesta el desmantelamiento?

Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó en 2008 la concesión a Escal UGS para la construcción del almacén, se fijó la obligación de hacer una provisión económica para el desmantelamiento, como en todos los proyectos de hidrocarburos. El coste de esas labores lo fijó entonces la empresa en 143,1 millones de euros, aunque había una obligación de actualizar la cifra cada cinco años.

Hasta hace unas décadas cuando una plataforma marina de extracción de gas o petróleo agotaba su vida se optaba por hundirla. Así ocurrió, por ejemplo, con la plataforma que Shell tenía precisamente en el lugar en el que se levantó Castor.

Pero la conciencia medioambiental ha hecho que los países hayan cerrado protocolos de actuación que obligan a la retirada de las estructuras. Así ocurre con el Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo, que entró en vigor en 2011 y fue ratificado por la UE en 2012. En ese protocolo se especifica que "la autoridad competente exigirá al operador que retire cualquier instalación abandonada o que se haya dejado de utilizar, para velar por la seguridad de la navegación". Y ese proceso debe tener "en cuenta otros usos legítimos del mar, en particular la pesca" y "la protección del medio marino".

Fuentes del sector indican que, en los 143 millones previstos en 2008 para el desmantelamiento, se contemplaba la retirada de la estructura y que fuera llevada a tierra firme para su desguace y reutilización de algunos de sus componentes. Sin embargo, otras fuentes sostienen que el coste podría ser aún mayor. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, afirmó en 2014 que el coste del desmantelamiento total podría rondar los 300 millones.

¿Y la indemnización?

El Gobierno, en 2012, intentó eliminar de la concesión del proyecto la cláusula que obligaba a pagar el coste de las obras. Pero el Tribunal Supremo consideró legal aquel apartado. Eso sí, estableció que el cobro final de la indemnización también dependería "de las causas concretas" que llevaron al cierre. De hecho, el propio Supremo y el Constitucional han admitido varios recursos contra el pago de los más de 1.700 millones que ha percibido la promotora.

Fuentes del sector sostienen que, en este contexto judicial, el informe del MIT también podría ser determinante para establecer si los promotores incurrieron en algún tipo de negligencia que habría desencadenado los temblores y la posterior paralización y clausura de las instalaciones.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs mantiene abierta una investigación, en la que están imputadas una veintena de personas, entre directivos de la empresa promotora y cargos y técnicos de la Administración que autorizaron el proyecto. El caso está aún en fase de instrucción.