La factura por el fiasco de Castor se enreda en los tribunales

La factura de Castor, el fallido proyecto para construir un almacén de gas submarino frente a las costas de Castellón, se enreda cada vez más en los tribunales. Los bancos acreedores de los 1.350 millones que costó la instalación han recurrido ante el Tribunal Supremo para exigir al Gobierno la devolución del importe. En paralelo, Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado para recuperar el dinero que ha gastado en el mantenimiento y la seguridad del almacén, cerrado en 2013 tras provocar centenares de terremotos.

El fiasco de Castor, y los gastos y las deudas que arrastra, van a seguir dando quebraderos de cabeza al Gobierno, al que se le han abierto varios frentes en los últimos días. La factura de la instalación, construida por Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), sigue engordando sin que el Ejecutivo aclare cómo va a ir pagándola. Hace poco más de un año el Tribunal Constitucional anuló el real decreto ley con el que el Gobierno de Rajoy diseñó el rescate de la concesión de Castor. Este repercutía el coste al recibo del gas de los consumidores durante 30 años y encargaba a Enagás el mantenimiento del almacén, cerrado y en hibernación.

La sentencia del Constitucional, que no entraba al fondo de la cuestión sino a la forma —consideró que un real decreto ley, previsto para situaciones de urgencia, no era la fórmula adecuada para devolver los 1.350 millones de euros a Escal— inició una cascada de pleitos. La factura de Castor tiene dos partes: por un lado los aproximadamente 80 millones al año que hay que pagar a los tres bancos acreedores (Santander, CaixaBank y Bankia) y, por otro, los gastos de mantenimiento de Enagás, que el año pasado ascendieron a unos 8,7 millones de euros.

En cumplimiento de la sentencia, el Gobierno anterior dejó de pagar los 80 millones anuales a los bancos. Estos presentaron en abril una reclamación patrimonial contra el Estado para exigir el dinero, pero no tuvieron respuesta, ni en un sentido ni en otro. El silencio administrativo, que se considera una negativa, ha empujado ahora a las entidades a acudir a la justicia. Escal y ACS cobraron apenas un mes después de que el Ejecutivo de Rajoy aprobara por vía de urgencia su indemnización, pero la deuda se titulizó y fueron los bancos los que prestaron el dinero que supuestamente iban a recuperar a lo largo de 30 años.

El embrollo y la litigiosidad generada fuerzan ahora al Gobierno a actuar, especialmente en el caso de la otra parte de la factura, la del mantenimiento y vigilancia. Enagás lleva cinco años ocupándose, en primer lugar, de la hibernación de la instalación (disminución de la presión del gas, sellado de los pozos) y posteriormente de su seguridad, con vigilancia 24 horas que incluye la operación de un barco y de un helicóptero. Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han anulado los pagos que recibió Enagás en 2014, 2015 y 2016, que tendrá que devolver, y la empresa no cobra desde la sentencia del Constitucional. En total, mantener vacío Castor acumula unos gastos de algo más de 50 millones de euros, según fuentes de la compañía, que son los que ahora reclama como responsabilidad patrimonial del Estado.

El Ministerio de Transición Ecológica tuvo que recular en su decisión de incluir en la orden que regula los peajes del gas para 2019 la retribución a Enagás, que según una primera versión de la orden incluían tanto la factura de 2019 (8,7 millones de euros) como las de 2017 y 2018 (por la misma cantidad) que no cobró. Sin embargo, en la versión final publicada en el BOE el Gobierno dejó fuera estas cantidades. Según una portavoz del departamento que lidera Teresa Ribera, se tomó la decisión de retirar el pago por indicación de la CNMC y a la vista de las sentencias del Supremo.

Si el Ministerio de Transición Ecológica ignora esta reclamación de Enagás, como hizo con la de la banca, estos gastos acabarán también ante el Tribunal Supremo.