Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almacén de gas Castor

La fórmula que ideó el Gobierno pasaba por que cada año (durante los próximos 30) las tres entidades financieras recibieran 80 millones de euros, que deben pagar los consumidores de gas a través de su factura. Pero esa vía se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que aprobó el Gobierno y que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– cobrar la indemnización de 1.350 millones a cambio de entregar un almacén de gas que le había encargado acometer el Estado pero que nunca se empleará por el riesgo sísmico que acarrea.

La parte del real decreto ley que sustentaba el pago de la indemnización fue anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devolución de lo adelantado por los bancos, ha dejado de obligar al pago a los bancos de esos 80 millones anuales a través de la factura del gas al entender que no existe un paraguas legal que lo ampare.

El embrollo es enorme. El Constitucional no cuestionaba en su sentencia el pago de la indemnización en sí, sino la vía de urgencia empleada por el Gobierno del PP, que los magistrados no consideraban adecuada ni justificada. La alternativa que el tribunal ha dejado abierta implicaría que el Ejecutivo lleve ahora al Congreso –no a través de una vía de urgencia– el pago de esos 1.350 millones. Pero parece casi una quimera que el PP, que no tiene mayoría suficiente en el Parlamento, pueda encontrar algún apoyo en otro partido para sacar adelante una norma que garantice a los bancos el pago de lo que adelantaron para cubrir la indemnización.

Vía administrativa

Así que, finalmente, las tres entidades bancarias han decidido reclamar por la vía administrativa la devolución de los 1.350 millones.

Pese a presentar esa reclamación, las tres entidades sostienen que ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo "que permita hacer la devolución de una manera flexible" para "evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas". Básicamente, lo que ponen sobre la mesa es recuperar la misma fórmula ideada en 2014 –pagos fraccionados durante tres décadas con los mismos tipos de interés–. Pero, para que esos pagos puedan realizarse, hace falta una norma legal que sirva de paraguas y que sustituya al real decreto ley anulado por el Constitucional.

El Ministerio de Energía ha rechazado este viernes hacer cualquier valoración sobre la demanda, al argumentar que no la ha "podido estudiar" todavía. Tampoco aclara si el Ejecutivo planea aprobar algún tipo de decreto o norma sobre la indemnización anulada por el Constitucional.

Pero, ¿por qué se indemnizó a Escal UGS, controlada por la compañía de Florentino Pérez? Cuando el proyecto Castor se adjudicó en 2008 –durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– se incluyó una cláusula que preveía el pago de la inversión realizada a la promotora en el caso de que se produjera la extinción o caducidad de la concesión. Y el montante de esa inversión fue de 1.350 millones.

Cuando se dispararon los temblores provocados por la inyección del gas colchón en este almacén marino, el Ejecutivo decretó la hibernación de las instalaciones por la vía de urgencia. Y por la misma vía de urgencia se decidió aplicar la cláusula de 2008 y, por lo tanto, la devolución de los 1.350 millones. El Gobierno defiende que una parte importante de esa inversión –alrededor de 300 millones– los había puesto el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que reclamaba la devolución de esa cantidad.