Francia se interroga sobre el modelo abolicionista de la prostitución

La pregunta que deben analizar hasta entonces los miembros del Consejo Constitucional es relativamente directa: la ley que prevé multas de 1.500 a 3.750 euros (para reincidentes) por contratar los servicios de una prostituta, ¿atenta contra derechos constitucionales como la autonomía personal y la libertad sexual, el respeto a la vida privada, la libertad contractual, la libertad comercial o el principio de proporcionalidad de las penas?

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Pero las cuestiones que manejan las nueve asociaciones y la treintena de trabajadores sexuales que cuestionan la ley son más complejas.

Prohibir la prostitución o atacarla criminalizando a los clientes, ¿es una actitud moralista, como afirman los detractores de la ley? ¿Es hipócrita y paternalista? ¿Atenta contra el derecho a la emancipación de la mujer y a la libertad de disponer de su cuerpo libremente? Y, sobre todo, ¿empeora la situación de precariedad y vulnerabilidad de las prostitutas? ¿Las pone aún más en peligro?

¿O es la prostitución por el contrario, como afirman los defensores de la ley de 2016, una forma más de abuso, de promoción de la explotación y de la trata humana, así como de violencia contra las mujeres? ¿Constituye su prohibición una defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad humana? Voilà, como dicen los franceses, un resumen de los argumentos esgrimidos durante las más de dos horas de audiencia pública este martes ante el Consejo Constitucional.

Precarización de la prostitución

Los demandantes de la derogación de la ley, entre los que figuran organizaciones de ayuda a las prostitutas, una treintena de trabajadoras sexuales o la sección francesa de Médicos del Mundo, se basan en un estudio del año pasado sobre los efectos de la normativa que afirma ha empeorado sensiblemente la situación de las trabajadoras sexuales: el 63% declaró que sus condiciones de vida se deterioraron, el 78% que sus ingresos cayeron, el 42% se siente más expuesta a la violencia y al 38% le cuesta más imponer el uso del preservativo, entre otros.

“Esto no va de ideología”, aseguró a EL PAÍS Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. “No es cuestión de estar a favor o en contra de la prostitución, la cuestión es saber cuáles son los dispositivos que las protegen y cuáles las fragilizan. Y estamos constatando que esta ley está fragilizando a las más explotadas, a las que más ayuda necesitan. No es una ley que protege aunque se anuncie como protectora”.

“Esta ley no puede hacer más precaria la situación porque ha suprimido la represión de las prostitutas, que antes podían ser detenidas y multadas por su actividad. Eso ya no existe”, replica Grégoire Théry, secretario general de Mouvement du Nid, una organización que lucha por la abolición de la prostitución y que junto a organizaciones feministas defiende la ley de 2016. Una normativa, agrega, que no solo multa a los clientes, también prevé todo un dispositivo de acompañamiento para quienes quieran salir del mundo de la prostitución, aunque subraya que todavía no está todo en marcha. “Por primera vez en la historia de Francia, todos los prefectos tienen la obligación de crear un dispositivo departamental. En mayo de 2018 solo había 32, hoy tenemos 64. Hasta el año pasado, solo habían dejado la prostitución 62 personas, hoy son más de 130. Solo ahora empieza esta ley a mostrar sus efectos sociales”, sostiene.

Un desafío clave

Según Théry, el desafío planteado ante el Consejo Constitucional es enorme. “Si se deroga la prohibición de comprar un acto sexual, consagraremos el derecho de los hombres a imponer un acto sexual por dinero (…) que es una forma de violencia. Los legisladores lo han reconocido, los franceses hoy lo reconocen, la prostitución es una forma de violencia sexual y no podemos dar impunidad total a los que compran sexo”, sostiene.

Para el abogado principal de los demandantes, Patrice Spinosi, todo eso no es más que una “hipocresía moral peligrosa”. “Lo que decimos es que la opción abolicionista solo será posible en Francia a partir del momento en que se prohíba toda actividad de prostitución. Pero eso no es lo que decidieron los legisladores”, recuerda. “El Consejo debe decidir si esta ley fue hecha para las prostitutas y por su seguridad. Y entonces debe ser derogada”.