Francia penaliza al cliente de prostitución tras un largo trámite parlamentario

La firme oposición del Senado, de mayoría conservadora, ha dilatado enormemente el trámite parlamentario de la ley que penaliza al cliente de la prostitución en Francia. Hasta tres veces ha rechazado la Cámara Alta la propuesta socialista que, por fin, ha quedado este miércoles aprobada. A partir de ahora, ya no serán multadas las prostitutas que buscan cliente en las calles del país, sino los que adquieran sus servicios. La multa será de 1.500 euros; 3.750 en caso de reincidencia. Francia imita así las normas en vigor establecidas ya en Suecia, Islandia y Noruega.

La propuesta de 120 diputados socialistas (en línea con una promesa electoral del presidente François Hollande) de “reforzar la lucha contra el sistema de prostitución” penalizando a los clientes se presentó y se aprobó en primera lectura a finales de 2013. Desde entonces, una enconada controversia dentro y fuera del parlamento ha frenado el cambio legislativo que este miércoles ha visto la luz, de manera definitiva, en la Asamblea Nacional. Algunos de sus más firmes detractores lo consideran una “aberración jurídica”. No entienden cómo se penaliza al que compra y no al que vende. Hasta ahora, la situación es la contraria: solo las prostitutas son multadas.

El debate sobre este asunto empezó en realidad en 2010 en un país abolicionista que prohibió los burdeles en 1946 tras servir estos a los ocupantes alemanes. “Este es hoy un combate contra la fatalidad de los que todavía consideran que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo”, ha dicho en la Asamblea la ministra de Derechos de la Mujer Laurence Rossignol. En la Cámara Baja, la que tiene la última palabra frente al Senado, la izquierda cuenta con el apoyo decidido de Guy Geoffroy, del principal partido de la oposición, Los Republicanos. Este diputado que lleva años clamando contra el comercio del sexo. La prostitución, dice, es “la violencia más insostenible y antigua” y beneficia fundamentalmente a proxenetas y tratantes de personas.

En medio del largo trámite, el juicio por proxenetismo contra el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, del que salió absuelto, ha sido una de las bazas fundamentales del cambio legislativo. Así lo considera, por ejemplo, la Asociación Equipos contra el Proxenetismo, que actuó como acusación particular en el caso. Durante el juicio, los escabrosos testimonios de las prostitutas contratadas para el político sensibilizaron en contra del mercado del sexo. Algo parecido ha ocurrido en la Asamblea con la comparecencia de prostitutas que han demostrado, como ha dicho la socialista Catherine Coutelle, que “no hay prostitución feliz”.

La norma, además de suprimir el delito de captación de clientes y pasar a considerar a las prostitutas víctimas del comercio del sexo, crea un fondo de 4,8 millones de euros anuales para prevenir y acompañar a las que deseen abandonar tal actividad. Las de origen extranjero que lo hagan podrán, además, obtener el permiso de residencia en el país. El ecologista Sergio Coronado considera ridículo el fondo, que supone 160 euros por persona y año. Los diputados han votado en conciencia y Coronado cree que la nueva ley es paternalista, ineficaz y dañina para las prostitutas. El radical Alain Tourret se ha mostrado a favor de despenalizar la venta de sexo, pero no por penalizar al cliente. La socialista Françoise Dubois se ha mostrado contraria a la nueva norma porque esta llevará a las prostitutas a una mayor clandestinidad y mayor precariedad.

En una Asamblea casi vacía (solo han participado 76 de los 577 existentes), agotada por un debate que se ha repetido cuatro veces desde 2013, la ley ha quedado aprobada por 64 votos a favor y 12 en contra. Francia se convierte así en el primer país europeo no nórdico en penalizar a los clientes de la prostitución. El conservador Geoffroy ha pedido al Gobierno que la aplique de verdad.