“No toques al cliente de la puta”

En Francia están prohibidos los burdeles desde hace más de sesenta años, y ejercer la prostitución en la calle es una actividad penalizada con 3.750 euros. Es un país abolicionista. No considera que sea un oficio como otro cualquiera.

Sin embargo, lleva meses sumida en un profundo debate por culpa de una nueva medida que, en principio, no debería provocar controversia: multar a los clientes. Los autodenominados 343 cabrones —un grupo de varones entre los que hay escritores, abogados y periodistas— protestaron. ¿Recuerdan? Fueron los que en noviembre lanzaron el manifiesto No toques a mi puta. Algunos de los firmantes llevan meses recibiendo mensajes insultantes en Twitter. Ahora, ¡sorpresa!, el Senado les ha dado la razón.

Francia no es un país que se preste a la simplificación. Aquí todas las partes echan mano de argumentos. Los 343 cabrones apelan a la libertad, al amor libre, al derecho a gozar del sexo aunque haya acuerdo mercantil por medio y conminan al Gobierno a no interferir en sus deseos (“en sus culos”, han dicho literalmente). No explican por qué no protestaron con el mismo ímpetu cuando en 2003 el entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy impuso multas a las putas, pero hay que reconocerles el talento de haber sabido enviar el mensaje equivocado, dado que no las defendían a ellas, sino a sí mismos, habituales consumidores de sexo pagado.

Dar la vuelta a la tortilla fue una promesa electoral de Hollande. El ahora presidente de la República explicó en 2012 que la norma de Sarkozy había forzado a las putas a guarecerse en lugares más inaccesibles a las organizaciones que las ayudan. Había que penalizar a los clientes. Siguiendo esa directriz, 120 diputados socialistas lanzaron el proyecto de ley que rebeló a los “cabrones”, a los que el Senado ha dado la razón. ¿Por qué? El presidente de la comisión que ha perpetrado la espantada, el senador socialista Jean-Pierre Godefroy, lo explica: “Castigar al que utiliza los servicios de una actividad que sería legal es un ilogismo jurídico”. Lástima que no observara antes el desequilibrio, cuando solo la que vendía era castigada.

En Francia no todo es blanco o negro. La decisión del Senado ha sido aplaudida por el Sindicato de Trabajadoras del Sexo. Pero no son las aliadas de los “cabrones” porque también están contra la ley Sarkozy. Su posición la resume bien esta frase: “Instrumentalizan nuestro dolor para justificar una penalización que no resuelve los problemas de explotación y trabajo forzado que padecemos”.

En el Gobierno, tres ministras de peso son defensoras de penalizar al cliente. La de Igualdad, Najat Vallaud-Belkacem, la de Sanidad, Marisol Touraine, y la de Justicia, Christiane Taubira. Para ellas, es evidente que la prostitución no tiene nada que ver con el sexo libre al que Francia no renuncia. El 90%, aseguran, son extranjeras secuestradas por las mafias. Terminar con la captación pasiva de clientes y penalizar al consumidor se les ofrece como la alternativa más justa en el país de los derechos humanos. “Se trata de cerrar la puerta a la prostitución y abrir una salida”, dice Vallaud-Belkacem.

El proyecto volverá a la Asamblea Nacional, que ya lo aprobó y tiene la última palabra. No está claro quién ganará esta batalla.