La factura de las recetas subirá en Andalucía

El 23 de marzo de 2012, dos días antes de unas elecciones autonómicas andaluzas que, según todas las encuestas, iba a ganar el PP de Javier Arenas con mayoría absoluta, la Consejería de Salud citó a los laboratorios a los que había adjudicado su primera subasta de fármacos. La licitación pública de fármacos había sido una de las principales medidas de ahorro puestas en marcha por la Junta para paliar los efectos de la crisis económica, pero desde el principio contó con la oposición frontal del PP, que desde el Gobierno central la recurrió al Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias estatales.

Salud había citado a 11 empresas para firmar el acuerdo, pero solo acudieron cuatro, las más pequeñas. Los grandes laboratorios, entre ellos Bayer, Sanofi y Abbott, siempre remisos ante un mecanismo que les obligaba a rebajar sus precios, no se presentaron a la cita. Alguno llegó a viajar a Sevilla para firmar el convenio, pero se dio la vuelta. Las que sí asistieron contaron que altos cargos del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, les habían llamado para exigirles que abandonaran, con la advertencia de que el PP iba a presidir la Junta unas semanas después y entre sus primeras medidas estaría la derogación de la subasta de medicamentos. El PP no pudo cumplir entonces con su compromiso ante los grandes laboratorios porque el PSOE siguió al frente de la Junta. Pero ahora, siete años después, los populares están a un paso de lograr la presidencia de Andalucía y una de las primeras medidas acordadas con Ciudadanos es poner fin a la licitación pública de fármacos, un mecanismo que reportó a la Junta 177 millones en 2017.

¿Qué tiene la subasta de fármacos para situarse entre las prioridades de un pacto de Gobierno? Estos concursos son habituales en España para la compra por parte de la Administración de los medicamentos de uso hospitalario, pero es la primera vez que se usa para la venta en farmacias. En esencia consiste en que la Junta licita la venta en farmacias de determinados grupos de fármacos sujetos a financiación pública. Con esta fórmula, cuando un paciente acude a una farmacia con una receta por principio activo (por ejemplo, paracetamol), el boticario no le entrega cualquier genérico, sino el del laboratorio que haya resultado adjudicatario en la subasta.

Esos fármacos tienen un precio fijado por el ministerio, pero hasta entonces las farmacias negociaban a menudo con los laboratorios para que, a cambio de comprarle su presentación, le concedieran mejoras económicas en otros productos. Con la subasta, esas mejoras no se las llevan los farmacéuticos sino la Junta, y ahora los laboratorios ingresan mensualmente en una cuenta de la Consejería de Hacienda el importe de la rebaja que ofrecieron para ganar el concurso.

El Gobierno central llevó la subasta al Constitucional en marzo de 2012 nada más constatar que la Junta seguiría en manos del PSOE, pero el tribunal avaló la medida cuatro años después. Perdida esa batalla, los populares (a los que luego se sumó Ciudadanos) siguieron haciendo frente a la licitación de medicamentos, a pesar de que en 2015 el Ejecutivo de Mariano Rajoy avanzó un sistema de selección de precios de medicamentos inspirado en la subasta andaluza, que no llegó a entrar en vigor, según confirman hoy fuentes del ministerio. La subasta, que incluye 636 medicamentos, ha ido consiguiendo su objetivo, aunque a trompicones.

Sin embargo, ahora el ahorro parece tener los días contados con el plan que PP y Ciudadanos se han fijado para acometer —si forman Gobierno— en los próximos 100 días. Entre las “medidas de urgencia para la cohesión y la inclusión social”, el pacto incluye “la reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos”. El PP presenta su decisión de revertir el modelo apoyándose en que “farmacéuticas, profesionales y pacientes han mostrado su oposición”, aunque admite que aún debe solventar cómo recuperar esos 177 millones anuales que la Junta restará a sus cuentas.

Mientras, Ciudadanos considera que la subasta “atenta contra la igualdad de acceso a prestaciones y fármacos para los andaluces en comparación con el resto de ciudadanos”, y les impide acceder a “fármacos novedosos” y limita sus “opciones terapéuticas”, precisa una portavoz. Ambas formaciones denuncian que la subasta causa desabastecimiento y que los andaluces toman fármacos de peor calidad que el resto de españoles, porque entre los adjudicatarios de las subastas abundan las compañías indias, a pesar de que todos cuentan con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.

La Junta defiende que la subasta es “una medida de eficiencia y ahorro que no afecta a la calidad farmacéutica y que permite revertir los beneficios del ahorro en el propio sistema sanitario público”.

Para la formación que preside Albert Rivera, “es un sistema que limita la I+D+i al negar el acceso al mercado a principios activos de pequeños laboratorios que no pueden competir con las ofertas de los grandes laboratorios”.

Sin embargo, la realidad parece ser justo la inversa, ya que los grandes laboratorios han optado tradicionalmente por evitar la subasta para no rebajar sus precios en Andalucía y así producir agravios comparativos en el resto de regiones, según fuentes del sector.

A pie de calle, Javier Rodríguez, dueño de una céntrica farmacia en Sevilla, está molesto con la subasta pero entiende “la parte económica de la Junta” y lo explica de manera gráfica: “El SAS [Servicio Andaluz de Salud] quería su parte de la tarta que se llevaban farmacias y laboratorios”. Desde 2012, la porción de la Junta han sido 586 millones tras 14 convocatorias de subasta.

Rafael Durbán, director de Laboratorios Durbán, que suministra ocho fármacos en Andalucía, subraya: “Los laboratorios grandes no se presentan porque si hacen ese descuento también en el resto de España, perderían mucho”. Durbán afirma que se interponen en los juzgados “cinco querellas” al mes contra la subasta para presionar y “han conseguido que otras comunidades autónomas no hagan subastas porque le da miedo al político de turno”. Mientras, la patronal Farmaindustria, tradicionalmente en contra de la subasta, opta por “esperar para valorar la idea hasta que se concrete”, según un portavoz.

Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos que aglutina a 3.900 boticarios, censura la “inmensa burocracia” que les acarrea la medida. Mingorance matiza que el desabastecimiento solo lo sufren las farmacias, no los ciudadanos, y que es un problema europeo. Y aprovecha para acallar las voces críticas sobre la calidad de los genéricos producto de la subasta: “Todos los medicamentos son seguros y eficaces”.